EL FIN DE LA DEFENSORÍA DEL POLICÍA

Por: Hugo Muller Solón
Ex - Defensor del Policía (2005-2006).
mullerabogados@hotmail.com

El 06 de Febrero del año 2002 durante el Gobierno de Alejandro Toledo y la gestión del Ministro del Interior Fernando Rospigliosi se crea la Defensoría del Policía como organismo dependiente del Ministerio del Interior, para garantizar y defender los Derechos Humanos de Policías y Civiles del Sector Interior, incluyendo cesantes, discapacitados, viudas y huérfanos. Actualmente existe una sede central en Lima y oficinas desconcentradas en Trujillo, Arequipa, Iquitos y Huancayo.Con la renuncia del Ministro Rospigliosi el 5 de mayo del 2004, se demostró el carácter político de la Defensoría del Policía, pues a partir de entonces se debilitó y pasó a ser una oficina de segundo nivel en donde el Ministro del Interior ni siquiera se dignaba despachar con el Defensor del Policía, tarea que era realizada por el Secretario del Despacho Ministerial.
Con el Gobierno de Alan García, se perdió totalmente la esencia de su creación y pasó a ser un organismo burocrático sin liderazgo, sin presencia y sin razón de existir. Nueve años después, no realiza ninguna función trascendente, no interviene, no defiende, no realiza ninguna gestión de apoyo, en tanto los Policías sufren constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades del sector interior y de la misma Policía Nacional, sin que la actual Defensora del Policía emita pronunciamiento alguno de defensa, porque de seguro que si lo hace pierde su puesto.

PROPUESTA: La Defensoría del Policía debe desaparecer con el nuevo Gobierno porque existen conflictos de intereses en razón que forma parte del mismo Sector Interior contra quien debe actuar, denunciar y emitir pronunciamientos de defensa, los cuales no lo puede hacer por razones obvias, y se debe coordinar con la Defensoría del Pueblo para la creación de la Adjuntía de Defensa de Derechos Humanos de Militares y Policías contra el abuso y la arbitrariedad proveniente del interior de sus propias instituciones militares y policía nacional. El nombramiento del Defensor Adjunto de esta nueva Oficina Defensorial de la Defensoría del Pueblo en Lima y Provincias, debe recaer en una persona conocedora de la problemática militar-policial.

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