En presentación de informe sobre salud materna en el Perú
Lima.- “Cuando una mujer no es atendida, no se respeta su derecho a la salud y se perjudica gravemente su integridad. Esta afectación no solo es para ella, sino para la sociedad en su conjunto” indicó la Relatora sobre los Derechos de la Mujer y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, durante la presentación del informe Acceso a los servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lima, el pasado 12 de julio.
El mencionado documento, en palabras de la relatora, es una muestra de la preocupación de la CIDH respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Dos de los temas abordados en el informe y en su exposición fueron el aborto y las esterilizaciones forzadas.
La Relatora señaló que el informe busca quitar el velo y el tabú que existe en relación a la salud e integridad de la mujer, pues en el imaginario latinoamericano la garantía del ejercicio de estos derechos sigue relacionándose en forma arbitraria y negativa con el aborto; perspectiva que “tiene como consecuencia la muerte de miles de mujeres cada año, aun en países donde el aborto está despenalizado bajo diversos supuestos”.
“La falta de protocolos y guías de los procedimientos del aborto legal, hace que los operadores de salud se reserven de aplicarlo, para no comprometerse. Es urgente, entonces, contar con protocolos de aborto legal” enfatizó y se refirió al caso de Paulina Ramírez, una mujer mexicana víctima de violación, a quien se le negó el acceso al aborto, aunque en su país se considera no punible el aborto por la causal de violación.
Por otro lado, recordó que el primer caso individual que evaluó la CIDH fue el de Mamérita Mestanza, campesina que murió luego de ser sometida a una esterilización forzada durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Fujimori.
En la presentación del Informe, la Directora de DEMUS, Jeannette Llaja, recordó que en el Perú, ante la carencia de un protocolo de aborto terapéutico, cientos de mujeres siguen siendo obligadas a llevar a término un embarazo que causa perjuicios irreversibles a su integridad y salud mental, en ese sentido denunció que el ministro Ugarte no ha aprobado el Protocolo pese a haberlo ofrecido hasta en tres oportunidades y que el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las disposiciones del Comité de Derechos Humanos en el caso KL vs. Perú. Asimismo aseveró que el Estado no ha sancionado a los responsables de la política de esterilizaciones implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori; recordó que en diciembre de 2009 el Ministerio Público archivó la denuncia contra los ex ministros Aguinaga, Costa Bauer y Yong Motta.
Para más información: Valeria Zamalloa 986 276 959 Carla De la Quintana 993978935
Lima.- “Cuando una mujer no es atendida, no se respeta su derecho a la salud y se perjudica gravemente su integridad. Esta afectación no solo es para ella, sino para la sociedad en su conjunto” indicó la Relatora sobre los Derechos de la Mujer y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, durante la presentación del informe Acceso a los servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lima, el pasado 12 de julio.
El mencionado documento, en palabras de la relatora, es una muestra de la preocupación de la CIDH respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Dos de los temas abordados en el informe y en su exposición fueron el aborto y las esterilizaciones forzadas.
La Relatora señaló que el informe busca quitar el velo y el tabú que existe en relación a la salud e integridad de la mujer, pues en el imaginario latinoamericano la garantía del ejercicio de estos derechos sigue relacionándose en forma arbitraria y negativa con el aborto; perspectiva que “tiene como consecuencia la muerte de miles de mujeres cada año, aun en países donde el aborto está despenalizado bajo diversos supuestos”.
“La falta de protocolos y guías de los procedimientos del aborto legal, hace que los operadores de salud se reserven de aplicarlo, para no comprometerse. Es urgente, entonces, contar con protocolos de aborto legal” enfatizó y se refirió al caso de Paulina Ramírez, una mujer mexicana víctima de violación, a quien se le negó el acceso al aborto, aunque en su país se considera no punible el aborto por la causal de violación.
Por otro lado, recordó que el primer caso individual que evaluó la CIDH fue el de Mamérita Mestanza, campesina que murió luego de ser sometida a una esterilización forzada durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Fujimori.
En la presentación del Informe, la Directora de DEMUS, Jeannette Llaja, recordó que en el Perú, ante la carencia de un protocolo de aborto terapéutico, cientos de mujeres siguen siendo obligadas a llevar a término un embarazo que causa perjuicios irreversibles a su integridad y salud mental, en ese sentido denunció que el ministro Ugarte no ha aprobado el Protocolo pese a haberlo ofrecido hasta en tres oportunidades y que el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las disposiciones del Comité de Derechos Humanos en el caso KL vs. Perú. Asimismo aseveró que el Estado no ha sancionado a los responsables de la política de esterilizaciones implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori; recordó que en diciembre de 2009 el Ministerio Público archivó la denuncia contra los ex ministros Aguinaga, Costa Bauer y Yong Motta.
Para más información: Valeria Zamalloa 986 276 959 Carla De la Quintana 993978935
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