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martes, 16 de agosto de 2011

Movimiento Amplio de Mujeres denunciará las esterilizaciones forzadas

Prepara junto a IDL nuevas evidencias que demuestran este crimen. En Cusco hubo participación de militares y policías para efectuar esta práctica. Vamos a fijar los sitios en que estuvieron, dijo dirigenta del MAM.

(La República).- El Movimiento Amplio de Mujeres- Línea Fundacional ha centrado su labor en la reunión de nuevas evidencias respecto a los dos mil casos de esterilización forzada que se ejecutaron en la provincia cusqueña de Anta, con el fin de presentar una contundente denuncia ante el Ministerio Público.
“Estamos recogiendo nuevos testimonios de mujeres afectadas. Muchas afirman que fueron llevadas a la fuerza y hasta amarradas a sus camas. Esto configura delito de secuestro y también de tortura, porque la experiencia que vivieron así lo indica”, señaló María Esther Mogollón, del Movimiento Amplio de Mujeres.
La representante de esta institución femenina dijo que estos casos ya habían sido denunciados ante la Fiscalía en el año 2003, pero no fueron acogidos.
De ahí que con la asesoría legal de IDL se hayan dedicado a realizar talleres de sensibilización en Anta para recoger los testimonios y las pruebas que necesitan.
María Esther Mogollón refirió que han encontrado evidencias sobre la participación de militares y policías en la aplicación de este programa de esterilizaciones aplicado por el gobierno de Fujimori.

Algunos testimonios expresan lo vivido por estas mujeres.
“La Policía trajo a mi esposo”
“Todos los meses cumplía con mi control de embarazo en el Centro de Salud de Huarocondo. Después que di a luz, la señoritaMecha me conversó sobre la ligadura de trompas... mi esposo no aceptó, mucho menos yo. Me insultaron, me compararon con chanchos y cuyes... que paría como esos animales, me dijeron”, relató Rudecinda Quillahuamán Almanza.
“Fueron a mi casa reiteradas veces y yo me ocultaba –siguió contando–. Me dijeron que no me darían el certificado de nacimiento de mi hijo si no me ligaba. Fueron a traer a mi esposo con policías y le obligaron a firmar; y cuando se negó, le quisieron detener.
La obstetriz me tiró a una camilla, me ataron pies y manos, me inyectaron. Yo seguía despierta, cortaron mi vientre, sentí un dolor fuerte y grité. Me hincaron otra vez. Cuando desperté, mi esposo me estaba vistiendo”.

“Me amarraron pies y manos”
El drama de Serafina Ylla Quispe fue similar: “Las enfermeras me obligaron a controlar mi embarazo –contó–. En los últimos meses me hablaban de ligadura de trompas. Sentía miedo, no sabía qué era. Les dije que daría a luz en casa y me dijeron que pagaría 100 soles”.
“Pensando que me iban a ligar me fui al Hospital del Cusco; para mi mala suerte me encuentro con las enfermeras de Maras que habían llevado a otras mujeres para hacerles ligar. ‘Te escapaste, pero ya caíste. Por fin llegaste con tus pies’, me dijeron. Di a luz y le dijeron a mi esposo que vaya a comprar ropitas para el bebé. Me llevaron a una sala y dijeron que solo duraría 20 minutos, que me ligarían. Fui amarrada de manos y pies. A mi esposo le habían hecho firmar con engaños”, manifestó.

Demostré que fue sin consentimiento
Victoria Vigo, una de las 300 mil mujeres que sufrieron esterilización forzada, ganó un juicio por el daño que le ocasionaron en 1996.
“Tuve un juicio de siete años y ahí demostré que jamás di mi consentimiento. El juez señaló que esta esterilización fue parte de la política del gobierno de Fujimori”, dijo.
“Al momento de dar a luz mi bebé falleció, y a las 19 horas entro en un estado depresivo fuerte por la pérdida y al día siguiente me enteré por un interno que yo estaba esterilizada”, relató Victoria Vigo.
”En mi historia clínica no apareció el hecho y tuve que hacerme exámenes para demostrarlo. Muchas de mis denuncias fueron archivadas, pero luego de 7 años me dieron la razón. Se habían violado mis derechos en una cama de hospital”, anotó.

lunes, 18 de julio de 2011

Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH se pronuncia sobre aborto y esterilizaciones forzadas

En presentación de informe sobre salud materna en el Perú

Lima.- “Cuando una mujer no es atendida, no se respeta su derecho a la salud y se perjudica gravemente su integridad. Esta afectación no solo es para ella, sino para la sociedad en su conjunto” indicó la Relatora sobre los Derechos de la Mujer y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, durante la presentación del informe Acceso a los servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lima, el pasado 12 de julio.
El mencionado documento, en palabras de la relatora, es una muestra de la preocupación de la CIDH respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Dos de los temas abordados en el informe y en su exposición fueron el aborto y las esterilizaciones forzadas.
La Relatora señaló que el informe busca quitar el velo y el tabú que existe en relación a la salud e integridad de la mujer, pues en el imaginario latinoamericano la garantía del ejercicio de estos derechos sigue relacionándose en forma arbitraria y negativa con el aborto; perspectiva que “tiene como consecuencia la muerte de miles de mujeres cada año, aun en países donde el aborto está despenalizado bajo diversos supuestos”.
“La falta de protocolos y guías de los procedimientos del aborto legal, hace que los operadores de salud se reserven de aplicarlo, para no comprometerse. Es urgente, entonces, contar con protocolos de aborto legal” enfatizó y se refirió al caso de Paulina Ramírez, una mujer mexicana víctima de violación, a quien se le negó el acceso al aborto, aunque en su país se considera no punible el aborto por la causal de violación.

Por otro lado, recordó que el primer caso individual que evaluó la CIDH fue el de Mamérita Mestanza, campesina que murió luego de ser sometida a una esterilización forzada durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Fujimori.
En la presentación del Informe, la Directora de DEMUS, Jeannette Llaja, recordó que en el Perú, ante la carencia de un protocolo de aborto terapéutico, cientos de mujeres siguen siendo obligadas a llevar a término un embarazo que causa perjuicios irreversibles a su integridad y salud mental, en ese sentido denunció que el ministro Ugarte no ha aprobado el Protocolo pese a haberlo ofrecido hasta en tres oportunidades y que el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de las disposiciones del Comité de Derechos Humanos en el caso KL vs. Perú. Asimismo aseveró que el Estado no ha sancionado a los responsables de la política de esterilizaciones implementada durante el gobierno de Alberto Fujimori; recordó que en diciembre de 2009 el Ministerio Público archivó la denuncia contra los ex ministros Aguinaga, Costa Bauer y Yong Motta.
Para más información: Valeria Zamalloa 986 276 959 Carla De la Quintana 993978935