
(Perú 21).- Primera alerta. El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, dejó en claro ayer que las concesiones mineras se desarrollarán únicamente con la aceptación (licencia) social de la población aledaña a un proyecto.
“Los yacimientos no se pueden desarrollar sin licencia social o en contra de la voluntad de la población. Se requiere tener la aceptación para ejecutar un proyecto minero”, comentó. Herrera recordó el caso del proyecto Santa Ana –de la canadiense Bear Creek– en Puno, así como Tía María –de Southern– en Arequipa.
Consultado sobre si esta decisión paralizará las concesiones mineras, el funcionario comentó que la actividad siempre se puede llevar adelante, pero que se debe evitar conflictos sociales que la detengan.
En el país existen 60 conflictos sociales por resolver vinculados a minería, y las inversiones pendientes en el sector suman US$9 mil millones en los siguientes cinco años.
IMPUESTO EN DEBATE. De otro lado, el ministro de Energía y Minas aclaró que aún no se define el esquema de impuestos para el sector minero, es decir, si se gravarán las sobreganancias de las empresas o si se aplicará bajo la figura de contribución.
“No quiero adelantar detalles. El tema se definirá en un plazo razonable, para lo que se creará una comisión técnica”, dijo. La decisión, acotó, involucra al Ministerio de Economía y a los propios empresarios.
Al respecto, el ministro de este portafolio, Luis Miguel Castilla, señaló que se trabajará a nivel técnico para determinar el tributo que se aplicará al sector. El funcionario explicó que, antes de definir las características de la nueva medida, se deberá identificar cuál es el nivel de carga impositiva actual de las empresas mineras.
RETOMAN NEGOCIACIÓN. Finalmente, Herrera confirmó que en los próximos días se reunirá con el consorcio que opera el Proyecto Camisea para definir las reservas de gas natural del Lote 88, que se destinarán, prioritariamente, al abastecimiento del mercado interno.
La semana pasada, el presidente Ollanta Humala Tasso adelantó que iba a iniciar una reunión “amigable” con el consorcio para definir el futuro del gas proveniente de los campos gasíferos y, sobre todo, reorientarlo para el consumo local.
Herrera puntualizó que la negociación se extenderá a la distribuidora Cálidda para establecer los mecanismos y ampliar la cobertura a 400 mil conexiones en Lima.
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