• Anuncios del Presidente del Consejo de Ministros y Secretaria Ejecutiva de la CMAN reflejan voluntad por hacer efectiva política de reparaciones.
• Política estatal ha sido débil y toca a nuevas autoridades nacionales, regionales y locales superar obstáculos existentes
Lima.- Desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno así como sus familiares siguen esperando iniciar procesos reparadores de las afectaciones que se sufrieron y que hasta el momento no ha sido posible por la escasa voluntad política de los regímenes anteriores para cumplir las recomendaciones propuestas por la CVR.
El 28 de este mes se conmemora el octavo aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR y en este sentido, la institución feminista DEMUS saluda los anuncios del actual gobierno, a través del premier Salomón Lerner Ghitis y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) Isabel Coral, para asegurar a las miles de víctimas -la gran mayoría pobres y quechuahablantes- el acceso a reparaciones que signifiquen un acto efectivo de reconocimiento por parte del gobierno.
Al respecto, durante la presentación de la Política General del Gobierno ante el Congreso por parte del actual primer ministro se anunció el establecimiento de una política integral en reparaciones y que al próximo año el 50 por ciento de víctimas de la violencia política, accederían a ésta, y recibirían “una suma significativa” de dinero. Asimismo, en la fecha previa, la funcionaria de la CMAN dijo que se está evaluando el incremento del presupuesto para las reparaciones –que ascendería a 100 millones anuales– así como el aumento de las reparaciones económicas individuales –establecido por el gobierno aprista en 10 mil dólares– a una cifra que realmente sea “justa, solidaria y significativa para una población que ha esperado justicia por más de dos décadas”.
En atención a que las reparaciones económicas constituyen un componente de un programa de reparaciones integrales para las víctimas de la violencia política, para DEMUS y los colectivos de derechos humanos, es necesario que con urgencia se formule e implemente la política de reparaciones integral anunciada por Lerner y que ésta sea sostenida e incluyente, es decir, convoque y recoja las demandas y propuestas de la población afectada y de organizaciones de sociedad civil, se adecúe al marco de derechos humanos nacional e internacional cuente con el debido presupuesto y sea impulsora de procesos de reconciliación sobre la base del reconocimiento de las violaciones cometidas y del acceso a la justicia.
En ese horizonte, existen numerosas barreras que han impedido a las víctimas, entre ellas a las que vivieron la violencia sexual, recuperarse de los horrores vividos y de los impactos y secuelas que han afectado sus proyectos de vida. No solo persisten los obstáculos para que accedan a las reparaciones, sino que conviven con el estigma social.
DEMUS considera que es importante que el gobierno recuerde que son siete los programas del Plan Integral de Reparaciones: restitución de derechos ciudadanos, reparaciones en educación, en salud, colectivas, promoción y facilitación de acceso a vivienda, reparaciones económicas y simbólicas. Y precisó que para aplicarlos se necesita además de presupuesto, de enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Por ejemplo es necesario entender las necesidades de las mujeres afectadas por la violencia sexual que hizo de sus cuerpos campos de batalla, y que requieren acceder a las reparaciones en forma integral para ingresar a procesos de recuperación con especial atención a su salud mental, precisó.
DEMUS hizo un llamado a las actuales autoridades nacionales, regionales y locales para tener en cuenta esas consideraciones y para superar la política centralista, restrictiva de derechos, contraria a las expectativas de la población afectada, aplicada durante el gobierno anterior en materia de reparaciones, que ha vulnerado la dignidad de las víctimas y dificultado un proceso de construcción de memoria para prevenir la repetición de la violencia.
Asimismo remarcó la necesidad de que los gobiernos regionales y locales promuevan la acreditación de las víctimas pues el registro no ha podido llegar a todas las poblaciones afectadas, muchas residentes en zonas rurales en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
• Política estatal ha sido débil y toca a nuevas autoridades nacionales, regionales y locales superar obstáculos existentes
Lima.- Desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno así como sus familiares siguen esperando iniciar procesos reparadores de las afectaciones que se sufrieron y que hasta el momento no ha sido posible por la escasa voluntad política de los regímenes anteriores para cumplir las recomendaciones propuestas por la CVR.
El 28 de este mes se conmemora el octavo aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR y en este sentido, la institución feminista DEMUS saluda los anuncios del actual gobierno, a través del premier Salomón Lerner Ghitis y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) Isabel Coral, para asegurar a las miles de víctimas -la gran mayoría pobres y quechuahablantes- el acceso a reparaciones que signifiquen un acto efectivo de reconocimiento por parte del gobierno.
Al respecto, durante la presentación de la Política General del Gobierno ante el Congreso por parte del actual primer ministro se anunció el establecimiento de una política integral en reparaciones y que al próximo año el 50 por ciento de víctimas de la violencia política, accederían a ésta, y recibirían “una suma significativa” de dinero. Asimismo, en la fecha previa, la funcionaria de la CMAN dijo que se está evaluando el incremento del presupuesto para las reparaciones –que ascendería a 100 millones anuales– así como el aumento de las reparaciones económicas individuales –establecido por el gobierno aprista en 10 mil dólares– a una cifra que realmente sea “justa, solidaria y significativa para una población que ha esperado justicia por más de dos décadas”.
En atención a que las reparaciones económicas constituyen un componente de un programa de reparaciones integrales para las víctimas de la violencia política, para DEMUS y los colectivos de derechos humanos, es necesario que con urgencia se formule e implemente la política de reparaciones integral anunciada por Lerner y que ésta sea sostenida e incluyente, es decir, convoque y recoja las demandas y propuestas de la población afectada y de organizaciones de sociedad civil, se adecúe al marco de derechos humanos nacional e internacional cuente con el debido presupuesto y sea impulsora de procesos de reconciliación sobre la base del reconocimiento de las violaciones cometidas y del acceso a la justicia.
En ese horizonte, existen numerosas barreras que han impedido a las víctimas, entre ellas a las que vivieron la violencia sexual, recuperarse de los horrores vividos y de los impactos y secuelas que han afectado sus proyectos de vida. No solo persisten los obstáculos para que accedan a las reparaciones, sino que conviven con el estigma social.
DEMUS considera que es importante que el gobierno recuerde que son siete los programas del Plan Integral de Reparaciones: restitución de derechos ciudadanos, reparaciones en educación, en salud, colectivas, promoción y facilitación de acceso a vivienda, reparaciones económicas y simbólicas. Y precisó que para aplicarlos se necesita además de presupuesto, de enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Por ejemplo es necesario entender las necesidades de las mujeres afectadas por la violencia sexual que hizo de sus cuerpos campos de batalla, y que requieren acceder a las reparaciones en forma integral para ingresar a procesos de recuperación con especial atención a su salud mental, precisó.
DEMUS hizo un llamado a las actuales autoridades nacionales, regionales y locales para tener en cuenta esas consideraciones y para superar la política centralista, restrictiva de derechos, contraria a las expectativas de la población afectada, aplicada durante el gobierno anterior en materia de reparaciones, que ha vulnerado la dignidad de las víctimas y dificultado un proceso de construcción de memoria para prevenir la repetición de la violencia.
Asimismo remarcó la necesidad de que los gobiernos regionales y locales promuevan la acreditación de las víctimas pues el registro no ha podido llegar a todas las poblaciones afectadas, muchas residentes en zonas rurales en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
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