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lunes, 14 de mayo de 2012

Ser madre en el Perú: Un Gran Desafío

En el Perú se estima que somos 15 millones de mujeres lo que constituye el 49.9% de la población total. 7 millones 476 mil mujeres de 12 y más años de edad ya son madres, el 64,5% del total de mujeres de ese rango de edad (INEI).
Más de 7 millones 61 mil mujeres trabajan en la actividad económica. Asimismo, 16 de cada 100 mujeres tienen bajo su responsabilidad el sustento del hogar, es decir, cumplen la función de jefas de hogar (INEI).
Según las cifras de ENDES 2010, el promedio de hijos por mujer es de dos (esto varía considerablemente por regiones).

¿En el Perú, las mujeres eligen ser madres?
La autonomía plena de las mujeres es una deuda histórica del Estado y la sociedad para con las mujeres. Es un desafío para la democracia y los derechos humanos
Madres niñas y adolescentes:
Según el INEI (2009) en el Perú hay más de cinco millones de adolescentes y algo más de la mitad son mujeres. El 13.5% de todas las adolescentes entre los 15 y los 19 años han estado embarazadas alguna vez: 10,7% son madres y 2,7% están embarazadas por primera vez. Estamos hablando de más de 200 mil madres adolescentes.
La mayoría de madres adolescentes y niñas, lo son producto de abuso sexual incestuoso.

Con la norma que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre menores de 18 años, las y los operadores de salud no brindan servicios de anticoncepción a la población adolescente.
En nuestro país, más allá de algunas normas en el sector educación, no está garantizada la educación pública sexual integral y laica.

Mujeres esterilizadas forzosamente:
En el Perú, durante el régimen de Alberto Fujimori, se promovió una política de planificación familiar y salud sexual y reproductiva, que bajo el pretexto de luchar contra la pobreza y afirmar la autonomía reproductiva de las mujeres, vulneró los derechos humanos de miles de mujeres. En dicho gobierno se llevaron a cabo no menos de 300 mil esterilizaciones sin garantizar el consentimiento informado de las mujeres, en su mayoría, en situación de pobreza, de zonas urbano populares, andinas y amazónicas.
Existe una investigación fiscal en curso, con 2,074 víctimas, que aún no cuenta con los recursos suficientes y que sufre de injerencia política, lo que ha sido denunciado por el movimiento feminista.

Maternidad forzada y Mortalidad Materna:
En el Perú, la interrupción voluntaria del embarazo es delito, salvo en el caso del aborto terapéutico, despenalizado desde 1924. Sin embargo, no se aprueba el protocolo nacional de atención del mismo y por lo tanto las mujeres no saben que en caso que su vida corra peligro y exista la amenaza de un grave daño y permanente a su salud física y mental, tienen derecho a elegir continuar o no con el embarazo.
Cada año se produce la muerte de 200 mujeres peruanas por no poder acceder al servicio de aborto terapéutico, según integrantes del Colegio Médico del Perú.

En el Perú, las mujeres madres tienen la carga global del trabajo:
La I Encuesta Nacional del Uso del tiempo 2010, mide la carga global de trabajo, que viene a ser la suma del tiempo trabajado en el mercado, más el tiempo de trabajo doméstico.
Los hombres dedican al trabajo remunerado para el mercado, un promedio semanal de 50 horas con 38 minutos, mientras que las mujeres le dedican 36 horas con 25 minutos. En el caso del trabajo doméstico no remunerado, los hombres le dedican 15 horas con 53 minutos semanales, mientras que las mujeres 39 horas con 28 minutos. En total, las mujeres trabajan 9 horas con 22 minutos más que los hombres. En el cuidado de bebes, niños/as y adolescentes, la mujeres destinan 12 horas con 14 minutos por semana mientras que los hombres solo emplean 5 horas con 49 minutos
En el “Día de la Madre”, Demus exige el cambio de modelo económico y social por uno que incorpore la noción de economía solidaria y del cuidado. Una política de igualdad de género en el campo del trabajo y la seguridad social. Y fundamentalmente, el respeto y la garantía de la dignidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a una maternidad voluntaria, diversa, gozosa y segura.

sábado, 10 de marzo de 2012

Demus propone la institucionalización de la formación en género, interculturalidad y derechos humanos de parte de la Academia de la Magistratura

Hacia una Justicia libre de discriminación y prejuicios de género
El Consejo Nacional de la Magistratura debe considerar esta formación en las evaluaciones a magistradas y magistrados.


Lima.- Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo (DP) presentó un balance y agenda pendiente sobre la situación de la mujer en el Perú. El informe sostiene que persisten los obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, debido a que en los juicios, las y los operadores de justicia aplican estereotipos de género, como la referencia al pasado o conducta sexual de la víctima; También son revictimizadas al ser sometidas a reiterados interrogatorios sin condiciones de privacidad. El informe identifica que no se aplican las medidas de protección que el nuevo código procesal penal establece a favor de las agraviadas y que no se practican exámenes médicos integrales.

Frente a ello, uno de sus más importantes puntos de agenda pendiente es la capacitación de operadores y operadoras de justicia, que en el caso de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público y el Poder Judicial es función constitucional de la Academia de la Magistratura (AMAG).
DEMUS, en base al Acuerdo de Solución Amistosa en el caso MM vs. Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (acerca de la impunidad en un caso de violación sexual contra una mujer puneña), con el fin contribuir a la erradicación de estos obstáculos, ha propuesto algunas medidas al Poder Judicial, tomando en cuenta normas y estándares de derechos humanos, que apuntan a impedir algunos prejuicios y estereotipos de género. Dichas medidas han sido aprobadas a través del Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116 sobre apreciación de las pruebas en delitos sexuales.
Este Acuerdo Plenario rechaza los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales y establece la adopción y aplicación de la perspectiva de género en la administración de justicia conforme lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es concordante con el compromiso del Poder Judicial de crear un sistema de gestión institucional de igualdad de género que comprende el desarrollo de capacidades, en el marco de la consulta nacional del Plan de Igualdad de Género 2012-2017.
Asimismo, en base al mismo Acuerdo de Solución Amistosa, DEMUS ha propuesto a la AMAG la incorporación de un curso sobre género en la currícula regular obligatoria. Por otra parte, ante el CNM se ha propuesto que los criterios de evaluación, consideren dicha formación dentro del perfil del magistrado o magistrada. Todo ello, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 y los compromisos asumidos en el Acuerdo de Solución Amistosa del caso MM, desde el año 2000.
DEMUS considera que la formación en género de magistradas y magistrados sumada a la aprobación de medidas que impidan la aplicación de estereotipos de género, permitirá ir avanzando hacia una justicia libre de toda forma de discriminación por sexo, orientación sexual e identidad de género; así como, prevenir la impunidad, la revictimización en los casos de delitos contra la libertad sexual y el trato discriminatorio en el sistema de justicia.
Esto último, ha sido cuestionado recientemente en medios de comunicación, a raíz del caso Fefer, en el que las imputadas han denunciado una serie de irregularidades consistentes en el sometimiento a interrogatorios y “pericias psicológicas” que afectando su dignidad e intimidad, apuntan a determinar su culpabilidad relacionando su ser lesbianas con ser violenta y perversa. Sobre ello, DEMUS recuerda que está proscrito el derecho penal de autor por lo que no se debe pretender que las conductas criminales se originan en determinado género u orientación sexual, Asimismo, sostiene que la adopción de la perspectiva de género a través de un Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, es extensible a los casos que pretendan sostener la imputación criminal en razón de una orientación sexual determinada. (Martina Ramón Sánchez)

viernes, 26 de agosto de 2011

Reparaciones integrales: Desafío del nuevo gobierno

• Anuncios del Presidente del Consejo de Ministros y Secretaria Ejecutiva de la CMAN reflejan voluntad por hacer efectiva política de reparaciones.
• Política estatal ha sido débil y toca a nuevas autoridades nacionales, regionales y locales superar obstáculos existentes


Lima.-
Desde la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno así como sus familiares siguen esperando iniciar procesos reparadores de las afectaciones que se sufrieron y que hasta el momento no ha sido posible por la escasa voluntad política de los regímenes anteriores para cumplir las recomendaciones propuestas por la CVR.
El 28 de este mes se conmemora el octavo aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR y en este sentido, la institución feminista DEMUS saluda los anuncios del actual gobierno, a través del premier Salomón Lerner Ghitis y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) Isabel Coral, para asegurar a las miles de víctimas -la gran mayoría pobres y quechuahablantes- el acceso a reparaciones que signifiquen un acto efectivo de reconocimiento por parte del gobierno.

Al respecto, durante la presentación de la Política General del Gobierno ante el Congreso por parte del actual primer ministro se anunció el establecimiento de una política integral en reparaciones y que al próximo año el 50 por ciento de víctimas de la violencia política, accederían a ésta, y recibirían “una suma significativa” de dinero. Asimismo, en la fecha previa, la funcionaria de la CMAN dijo que se está evaluando el incremento del presupuesto para las reparaciones –que ascendería a 100 millones anuales– así como el aumento de las reparaciones económicas individuales –establecido por el gobierno aprista en 10 mil dólares– a una cifra que realmente sea “justa, solidaria y significativa para una población que ha esperado justicia por más de dos décadas”.
En atención a que las reparaciones económicas constituyen un componente de un programa de reparaciones integrales para las víctimas de la violencia política, para DEMUS y los colectivos de derechos humanos, es necesario que con urgencia se formule e implemente la política de reparaciones integral anunciada por Lerner y que ésta sea sostenida e incluyente, es decir, convoque y recoja las demandas y propuestas de la población afectada y de organizaciones de sociedad civil, se adecúe al marco de derechos humanos nacional e internacional cuente con el debido presupuesto y sea impulsora de procesos de reconciliación sobre la base del reconocimiento de las violaciones cometidas y del acceso a la justicia.
En ese horizonte, existen numerosas barreras que han impedido a las víctimas, entre ellas a las que vivieron la violencia sexual, recuperarse de los horrores vividos y de los impactos y secuelas que han afectado sus proyectos de vida. No solo persisten los obstáculos para que accedan a las reparaciones, sino que conviven con el estigma social.
DEMUS considera que es importante que el gobierno recuerde que son siete los programas del Plan Integral de Reparaciones: restitución de derechos ciudadanos, reparaciones en educación, en salud, colectivas, promoción y facilitación de acceso a vivienda, reparaciones económicas y simbólicas. Y precisó que para aplicarlos se necesita además de presupuesto, de enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Por ejemplo es necesario entender las necesidades de las mujeres afectadas por la violencia sexual que hizo de sus cuerpos campos de batalla, y que requieren acceder a las reparaciones en forma integral para ingresar a procesos de recuperación con especial atención a su salud mental, precisó.
DEMUS hizo un llamado a las actuales autoridades nacionales, regionales y locales para tener en cuenta esas consideraciones y para superar la política centralista, restrictiva de derechos, contraria a las expectativas de la población afectada, aplicada durante el gobierno anterior en materia de reparaciones, que ha vulnerado la dignidad de las víctimas y dificultado un proceso de construcción de memoria para prevenir la repetición de la violencia.
Asimismo remarcó la necesidad de que los gobiernos regionales y locales promuevan la acreditación de las víctimas pues el registro no ha podido llegar a todas las poblaciones afectadas, muchas residentes en zonas rurales en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

martes, 19 de julio de 2011

Declaraciones del Cardenal Juan Luis Cipriani atentan contra el Estado Democrático y la vigencia de los derechos humanos

Lima.- DEMUS llama la atención sobre el peligro que significa para un Estado democrático y para la vigencia de los derechos humanos, el discurso de personajes públicos como el vertido por el Sr. Juan Luis Cipriani, quien utilizando su cargo como Cardenal y bajo la excusa del ejercicio de sus derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión, descalifica a autoridades elegidas democráticamente, buscando que la política pública se regule conforme a los dogmas de la religión que profesa.
El Sr. Cipriani, en un programa radial que dirige, señaló que hay autoridades que pretenden “alterar el orden natural” y que “Hoy, cualquier chilindrina quiere explicarnos el mundo”, en clara alusión a la posibilidad de que la Municipalidad de Lima apruebe una Ordenanza contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Con este tipo de declaraciones, el Sr. Cipriani busca impedir que el Estado cumpla con su “deber primordial” de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos . Es preciso indicar que el ordenamiento jurídico nacional ha proscrito la discriminación por orientación sexual de las personas, al igual que el sistema internacional de derechos humanos. El año pasado, en Lima, la Asamblea General de la OEA adoptó su tercera Resolución sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” en la que se resolvió “alentar a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género”.

Asimismo, este tipo de declaraciones incentiva el menosprecio y odio hacia las lesbianas, gays y trans, cuya sexualidad o identidad de género son calificadas como contrarias al “orden natural”. Esta posición legitima la violencia contra la comunidad LTGB, la que durante el año 2010 tuvo un saldo de 18 asesinatos y múltiples actos de violencia y discriminación ; asimismo esta posición justifica que la reacción más frecuente de un padre o una madre ante un hijo gay o una hija lesbiana sea someterlo/a a una terapia psicológica o psiquiátrica (58% en Lima y 70% en Ayacucho) , pese a que la homosexualidad no es considerada una enfermedad por la comunidad científica desde 1973.
Finalmente, este tipo de declaraciones vulnera la independencia y autonomía del Estado respecto a la Iglesia Católica y excede sobremanera el reconocimiento que se le pueda tener como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú . Si bien, en su calidad de Arzobispo de Lima y Cardenal elegido por el Vaticano el Sr. Cipriani tiene facultades para dirigirse a sus fieles, éstas no pueden, ni deben propiciar un atentado contra el Estado democrático, ni la legitimación e incentivo de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. (Martina Ramón Sánchez)