
El adjunto para temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda, calificó de muy positivo que las entidades públicas coloquen en forma obligatoria en sus portales las adquisiciones directas menores o iguales a las 3 UIT que realicen.
"Esto va de acuerdo con el principio de máxima publicidad. Actualmente solo se publican las que están por encima de esos montos, pero la población tiene derecho de saber todo lo que se hace con los recursos públicos, salvo los que sean reservados", opinó.
Asimismo, recalcó que la propuesta de publicar en línea las reuniones que tienen los altos funcionarios públicos también ayuda en el combate a la corrupción, siempre y cuando se haga en tiempo real, y no posteriormente, como hacen ahora algunas entidades.
Por su parte, el constitucionalista Roberto Pereyra apoyó que la CAN respalde el anteproyecto de ley de declaración jurada de conflicto de intereses de funcionarios públicos y propuso la modificación del modelo de declaración jurada de funcionarios públicos.
"Ahora se hace un resumen genérico y no permite a la ciudadanía conocer la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y por lo tanto limita su fiscalización", dijo.
Pidió que se respalde el pedido del Poder Judicial al Congreso de delegación de facultades en casos de corrupción.
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