El Perú, con gran regocijo, no ha sido la excepción, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce el papel de nuestra nación en el ámbito mundial desde 1992, en su objetivo de luchar, como política de Estado, para disminuir el hambre. Más aún, “el Perú lidera el combate a la desnutrición en la región”, sostuvo Jazmín Casafranca, asesora de programas de la FAO en nuestro país.
La consultora alimentaria ha señalado que en el Perú la reducción ha sido más significativa, ya que es una de las naciones que han logrado más rápido los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y sobre todo, en forma específica, la reducción de la desnutrición.
En tal sentido, hemos pasado de 7 millones de personas que vivían en esas condiciones de insuficiencia alimentaria en 1992 a 2.7 millones en 2012; a escala mundial, unos 1,000 millones –cerca de un 21% de la población del orbe– sufrían de hambre en 1992. En la actualidad, 800 millones de personas aún siguen padeciendo este flagelo.
Pero el Perú, gracias a la continuidad de las políticas de Estado para afrontar la desnutrición, se encuentra en la agenda pública de los diversos gobiernos de turno desde 1992 hasta la actualidad. El Ejecutivo ha desarrollado la presencia de un Estado inclusivo con la aplicación y éxito de sus diversos programas sociales, que han logrado la participación e integración de los diversos actores, como la sociedad civil, la empresa privada y la Iglesia, así como de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, convirtiéndose todos ellos en agentes de cambio responsables en la lucha contra la desnutrición.
En efecto, no podemos olvidar también el papel de la asistencia técnica internacional para reducir este mal, así como su derivado, la obesidad, debido a la inadecuada ingesta de alimentos; en la actualidad, existen 500 millones de obesos en el mundo. Dicho fenómeno se registra en todas las naciones, no solo en los países desarrollados, sino también en los que se encuentran en vías de desarrollo.
El problema se relaciona con el tema de la educación y la promoción de los alimentos. Por eso es importante comprometer a las grandes corporaciones para que no vendan comida chatarra y se preocupen por ofrecer comida más saludable. El Estado también tiene una enorme responsabilidad en brindar normas específicas para que la población consuma alimentos sanos e inocuos, con el fin de garantizar la equidad en las prácticas comerciales de alimentos.
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