Por KAREN ESPEJO
A partir de mañana, todos los operadores de telefonía celular deberán implementar progresivamente el llamado Sistema Biométrico Dactilar. Con ello se busca que los usuarios que compren un nuevo equipo prepago sean identificados a través de su huella dactilar.
La idea es que aquellas líneas que no estén plenamente identificadas sean desactivadas a partir del 5 de junio del 2016, según anunció ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Este llamado “apagón telefónico” se realizará luego de 30 días de suspensión parcial (el teléfono solo podrá recibir llamadas y mensajes de texto) y 30 días adicionales de suspensión total (solo tendrá acceso a los números de emergencia).
Dicha medida será una de las más eficaces para combatir las extorsiones en el país, a decir del ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, quien adelantó el anuncio el martes por la mañana.
La propuesta ha generado varias críticas en redes sociales y muchos usuarios se preguntan si esta medida será realmente efectiva para combatir el crimen. Para Dardo López-Dolz, exviceministro del Interior, lamentablemente, este no es el camino. “(El Sistema Biométrico) solo permitirá reconocer al primer comprador. Pero el celular es un bien que circula rápidamente de mano en mano y resultará muy difícil identificar al tercer, cuarto o quinto dueño”.
En el año 2000 o 2005, recordó, Colombia desactivó las líneas no identificadas. Pero la iniciativa no impactó positivamente en la seguridad ciudadana. “Los extorsionadores no compran chips nuevos, ni tampoco lo hacen por la vía formal. Los consiguen en cualquier parte”, señaló López-Dolz. Los afectados, dijo, serán los pobladores de zonas apartadas e inaccesibles del país.
“En estos lugares, donde ir del pueblo a la urbe puede tomar horas o días de caminata, es común que una sola persona salga a la ciudad y compre decenas de chips para luego venderlos en los caseríos. (Con el “apagón telefónico”) estas personas quedarían incomunicadas”.
El martes último, el ministro del Interior anunció además que su sector plantea establecer que las compañías telefónicas colaboren con la Policía en la ubicación de los celulares empleados para las extorsiones. De aprobarse, el apoyo podría hacerse efectivo en un plazo máximo de 24 horas, sin necesidad de una orden judicial.
Asimismo, las líneas con un tráfico irregular de llamadas deberían ser desactivadas por la autoridad competente, en su opinión. “Una persona común realiza llamadas a un máximo de 100 número por mes. Un celular con cifras mayores es señal de una conducta anómala y debería estar en la mira”, señala el exviceministro.
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