Quedarse sin agua hasta por cuatro días en algunos sectores de la ciudad, cuando el calor arrecia como nunca antes en los últimos años (con el consiguiente peligro de la reaparición de enfermedades infecto-contagiosas y la aparición de males como el zika), ha llevado a las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo a anunciar la apertura de sendas investigaciones a la empresa proveedora del servicio, Sedalib.
Sin duda, se trata de acciones que se presentaban como previsibles, dado el desabastecimiento de agua potable que afecta a amplios sectores de Trujillo.
Todo este panorama es sumamente complejo, pues no solo involucra a la empresa mencionada, sino a muchos agentes que han contribuido a que el problema se agudice.
Nos referimos no solamente a la falta de planes de Sedalib para que este asunto no le estalle en la cara, en pleno febrero, sino a los propios usuarios que no han puesto nada de su parte para aminorar el problema.
Es conocido el uso y abuso de las redes de alcantarillado para verter desechos industriales por parte de negocios como las curtiembres, que de esta forma debilitan las tuberías, expanden las sustancias químicas a través de ellas y terminan afectando a toda la población con esas malas prácticas.
Sedalib ha realizado inspecciones en ese tipo de negocios para detectar las actividades vedadas, aunque no hay indicios de que éstas hayan disminuido.
Igualmente, mercados como La Hermelinda se convierten en puntos críticos donde el arrojo constante de desechos por las tuberías malogra el obsoleto alcantarillado y contamina las redes de agua potable.
Esa es la razón por la cual en varios exámenes realizados en laboratorios se ha detectado una elevada presencia de coliformes fecales y otros parásitos dañinos para la salud en el agua que la población consume.
El problema no es, pues, de reciente data. Se remonta a por lo menos dos décadas atrás, cuando los propios funcionarios apristas de Sedalib, en vez de planificar cambios graduales en la red de alcantarillado y de agua potable, disfrutaban de “tarifas sociales” a despecho de sus generosos sueldos.
La fiesta continuó durante la gestión edil apepista y ahora el alcalde provincial Elidio Espinoza Quispe no sabe qué hacer para enfrentar un problema irreversible.
Frente a las anunciadas pesquisas del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, la gente es escéptica: de nada vale sacar conclusiones finales del problema si éste va a proseguir sin que se arregle.
Y hay muchos indicios, desgraciadamente, de que la solución no llegará en el corto plazo.
Queda por tanto exigir el cumplimiento irrestricto de los planes de renovación de redes, fijar cronogramas de realización de obras y exhibir una gestión seria y comprometida con la comunidad, que paga por un servicio de calidad que no recibe.
Las responsabilidades penales, si las hubiere, no son lo más importante a dilucidar, sino resolver las necesidades de la gente.
Fuente: Diario La Industria
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