Mientras las empresas quieren seguir con ese sistema, en el Congreso ya hay un proyecto de ley para gravar sus excedentes de beneficios
(EL Comercio).- En las elecciones del 2006, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta —Alan García y Ollanta Humala, se pronunciaron a favor de un impuesto para gravar las sobreganancias que obtenían las mineras por el aumento en el precio de los metales. A los pocos días de asumir la Presidencia de la República, García y las empresas llegaron a un acuerdo para crear un fondo voluntario por cinco años, al que iban aportar el 3,7% de sus utilidades, que serían unos S/.2.500 millones o S/.500 millones por año.Hasta abril, 32 empresas mineras habían aportado 1.388 millones por los años 2006, 2007, 2008 y 2009. A diferencia de los impuestos y del canon, que son administrados por el Estado, el aporte minero es ejecutado por las empresas y sus comunidades. Así, hasta marzo último se había destinado S/.1.088 millones para 1.568 proyectos de desarrollo.
UN NUEVO APORTE
Cuando todo indicaba que ya no se realizaría ningún aporte adicional al llamado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Santa Cruz, anunció ayer una nueva contribución: S/.400 millones correspondiente al período fiscal del 2009.
Luego de la inauguración del simposio Tributación Mineroenergética, que organizó su gremio, comentó que con este aporte el fondo minero subía a S/.1.788 millones. También anunció que los 1.568 proyectos que se han ejecutado hasta ahora han tenido efecto en la lucha contra la pobreza, la desnutrición y educación.
En declaraciones a la prensa, confirmó que el monto del 2009 era menor que el del 2008, debido a la crisis internacional. Sin embargo, adelantó que el próximo año sería mejor, porque se están recuperando los precios de los metales.
En efecto, según el consultor Jorge Manco Zaconetti, las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima obtuvieron en el primer trimestre US$1.355 millones, casi el doble de ese mismo período del 2009.
SEGUIR O CAMBIAR
En otro momento de sus declaraciones a la prensa, Santa Cruz anunció que su gremio había decidido volver a negociar el aporte voluntario por un nuevo período de cinco años. Aunque no señaló si se volvería a acordar un tope de S/.2.500 millones, como el 2006, voceros del gremio minero aseguraron que ese monto debería formar parte de las nuevas negociaciones entre el Estado y las empresas.
Sin embargo, otros expertos consideran que el Estado no debe aceptar un nuevo aporte voluntario sino imponer un impuesto a las sobreganancias, como ya lo ha hecho Australia. Sin embargo, dicho país decidió no continuar con esa iniciativa, luego de que las mineras anunciaran la reducción de sus inversiones.
Santa Cruz aseguró que ese impuesto asustó a las empresas australianas que adelantaron un incremento de sus operaciones en otros países, como el Perú.
En cambio, la congresista Gloria Ramos insiste en que debe haber un impuesto a las sobreganancias y por ello presentó el 23 de julio último un proyecto de ley para regular ese nuevo tributo.
ADMINISTRADOR ESTATAL
Sin embargo, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzzi y el especialista en conflictos mineros José de Echave aseguraron que antes de aprobar cualquier medida debía evaluarse cuáles han sido los resultados de este aporte voluntario.
No obstante, Echave sugiere que ese aporte voluntario sea administrado por el Estado y que las empresas se dediquen a su negocio.
Para Herrera, no todo sería tan fácil si es que se aprueba imponer un tributo a las sobreganancias. Recordó que la mayoría de empresas mineras tiene contratos de estabilidad jurídica y recién se les cobraría entre el 2011 y el 2021.
Sin embargo, ambos también coinciden en señalar que en cualquier caso las medidas que se adopten debían ser negociadas con las propias empresas mineras.
En cambio, Manco Zaconetti sí considera necesario un impuesto a las utilidades extraordinarias que perciben las empresas mineras por la explotación privada de recursos que le pertenecen a la nación. Refirió que esas utilidades o ganancias extraordinarias no se explican por innovaciones tecnológicas ni por una mayor productividad del capital, sino por una coyuntura internacional favorable.
El ex presidente de la Confiep José Miguel Morales aseguró que el fondo minero ha servido para reducir la pobreza y consideró que establecer un impuesto podría afectar la competitividad del Perú como país minero.
SI SIRVIÓ PERO FALTA
Por su parte, el ex presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, el sacerdote Gastón Garatea, valora que los proyectos de desarrollo ejecutados por las mineras hayan servido para mejorar la situación de las comunidades. Sin embargo, criticó que no se haya cumplido con el monto ofrecido, que fue de S/.2.500 millones por cinco años. También criticó que no todas las empresas hayan contribuido en la medida de sus posibilidades con este fondo, aunque reconoció que ha habido una buena intención por parte de muchas de ellas de mejorar la situación de sus comunidades.
También propuso que se difundiera con detalle qué empresas contribuyeron y qué hicieron y las que no han contribuido, no obstante que pudieron hacerlo.
De forma coincidente, Javier Zúñiga, economista de la Universidad de Lima, destacó que el aporte voluntario minero ha servido para reducir la pobreza en las zonas donde se han ejecutado los proyectos de las empresas. Sin embargo, planteó que para el próximo período debería tomarse en cuenta la fluctuación de los precios de los metales, sobre todo a raíz de la crisis europea.
En todo caso, el debate está planteado y es casi seguro que será motivo de discusión en la campaña electoral del próximo año.
PROYECTO BUSCA GRAVAR EL 50% DE LAS SOBREGANANCIAS
El proyecto de ley presentado por la congresista Gloria Ramos y otros nueve parlamentarios de diversas bancas pretende que las empresas mineras compartan el 50% de sus ganancias extraordinarias con el Estado. Esa iniciativa deberá ser debatida en la próxima legislatura que se inicia el 27 de julio por las comisiones de Constitución, porque podría afectar los contratos de estabilidad jurídica de las empresas mineras que reconoce la Carta Magna, y la de Energía y Minas. Asimismo, por el pleno del Parlamento.
Según ese proyecto de ley, las sobreganancias se calculan después de descontar los impuestos y todas las cargas que tiene la empresa. Para obtener el monto de la ganancia extraordinaria obtenida por las empresas mineras se aplica una fórmula en la que se considera el precio actual de los metales comparados con el promedio de los precios más altos de los últimos 20 años en los principales mercados internacionales.
(EL Comercio).- En las elecciones del 2006, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta —Alan García y Ollanta Humala, se pronunciaron a favor de un impuesto para gravar las sobreganancias que obtenían las mineras por el aumento en el precio de los metales. A los pocos días de asumir la Presidencia de la República, García y las empresas llegaron a un acuerdo para crear un fondo voluntario por cinco años, al que iban aportar el 3,7% de sus utilidades, que serían unos S/.2.500 millones o S/.500 millones por año.Hasta abril, 32 empresas mineras habían aportado 1.388 millones por los años 2006, 2007, 2008 y 2009. A diferencia de los impuestos y del canon, que son administrados por el Estado, el aporte minero es ejecutado por las empresas y sus comunidades. Así, hasta marzo último se había destinado S/.1.088 millones para 1.568 proyectos de desarrollo.
UN NUEVO APORTE
Cuando todo indicaba que ya no se realizaría ningún aporte adicional al llamado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Santa Cruz, anunció ayer una nueva contribución: S/.400 millones correspondiente al período fiscal del 2009.
Luego de la inauguración del simposio Tributación Mineroenergética, que organizó su gremio, comentó que con este aporte el fondo minero subía a S/.1.788 millones. También anunció que los 1.568 proyectos que se han ejecutado hasta ahora han tenido efecto en la lucha contra la pobreza, la desnutrición y educación.
En declaraciones a la prensa, confirmó que el monto del 2009 era menor que el del 2008, debido a la crisis internacional. Sin embargo, adelantó que el próximo año sería mejor, porque se están recuperando los precios de los metales.
En efecto, según el consultor Jorge Manco Zaconetti, las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima obtuvieron en el primer trimestre US$1.355 millones, casi el doble de ese mismo período del 2009.
SEGUIR O CAMBIAR
En otro momento de sus declaraciones a la prensa, Santa Cruz anunció que su gremio había decidido volver a negociar el aporte voluntario por un nuevo período de cinco años. Aunque no señaló si se volvería a acordar un tope de S/.2.500 millones, como el 2006, voceros del gremio minero aseguraron que ese monto debería formar parte de las nuevas negociaciones entre el Estado y las empresas.
Sin embargo, otros expertos consideran que el Estado no debe aceptar un nuevo aporte voluntario sino imponer un impuesto a las sobreganancias, como ya lo ha hecho Australia. Sin embargo, dicho país decidió no continuar con esa iniciativa, luego de que las mineras anunciaran la reducción de sus inversiones.
Santa Cruz aseguró que ese impuesto asustó a las empresas australianas que adelantaron un incremento de sus operaciones en otros países, como el Perú.
En cambio, la congresista Gloria Ramos insiste en que debe haber un impuesto a las sobreganancias y por ello presentó el 23 de julio último un proyecto de ley para regular ese nuevo tributo.
ADMINISTRADOR ESTATAL
Sin embargo, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzzi y el especialista en conflictos mineros José de Echave aseguraron que antes de aprobar cualquier medida debía evaluarse cuáles han sido los resultados de este aporte voluntario.
No obstante, Echave sugiere que ese aporte voluntario sea administrado por el Estado y que las empresas se dediquen a su negocio.
Para Herrera, no todo sería tan fácil si es que se aprueba imponer un tributo a las sobreganancias. Recordó que la mayoría de empresas mineras tiene contratos de estabilidad jurídica y recién se les cobraría entre el 2011 y el 2021.
Sin embargo, ambos también coinciden en señalar que en cualquier caso las medidas que se adopten debían ser negociadas con las propias empresas mineras.
En cambio, Manco Zaconetti sí considera necesario un impuesto a las utilidades extraordinarias que perciben las empresas mineras por la explotación privada de recursos que le pertenecen a la nación. Refirió que esas utilidades o ganancias extraordinarias no se explican por innovaciones tecnológicas ni por una mayor productividad del capital, sino por una coyuntura internacional favorable.
El ex presidente de la Confiep José Miguel Morales aseguró que el fondo minero ha servido para reducir la pobreza y consideró que establecer un impuesto podría afectar la competitividad del Perú como país minero.
SI SIRVIÓ PERO FALTA
Por su parte, el ex presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, el sacerdote Gastón Garatea, valora que los proyectos de desarrollo ejecutados por las mineras hayan servido para mejorar la situación de las comunidades. Sin embargo, criticó que no se haya cumplido con el monto ofrecido, que fue de S/.2.500 millones por cinco años. También criticó que no todas las empresas hayan contribuido en la medida de sus posibilidades con este fondo, aunque reconoció que ha habido una buena intención por parte de muchas de ellas de mejorar la situación de sus comunidades.
También propuso que se difundiera con detalle qué empresas contribuyeron y qué hicieron y las que no han contribuido, no obstante que pudieron hacerlo.
De forma coincidente, Javier Zúñiga, economista de la Universidad de Lima, destacó que el aporte voluntario minero ha servido para reducir la pobreza en las zonas donde se han ejecutado los proyectos de las empresas. Sin embargo, planteó que para el próximo período debería tomarse en cuenta la fluctuación de los precios de los metales, sobre todo a raíz de la crisis europea.
En todo caso, el debate está planteado y es casi seguro que será motivo de discusión en la campaña electoral del próximo año.
PROYECTO BUSCA GRAVAR EL 50% DE LAS SOBREGANANCIAS
El proyecto de ley presentado por la congresista Gloria Ramos y otros nueve parlamentarios de diversas bancas pretende que las empresas mineras compartan el 50% de sus ganancias extraordinarias con el Estado. Esa iniciativa deberá ser debatida en la próxima legislatura que se inicia el 27 de julio por las comisiones de Constitución, porque podría afectar los contratos de estabilidad jurídica de las empresas mineras que reconoce la Carta Magna, y la de Energía y Minas. Asimismo, por el pleno del Parlamento.
Según ese proyecto de ley, las sobreganancias se calculan después de descontar los impuestos y todas las cargas que tiene la empresa. Para obtener el monto de la ganancia extraordinaria obtenida por las empresas mineras se aplica una fórmula en la que se considera el precio actual de los metales comparados con el promedio de los precios más altos de los últimos 20 años en los principales mercados internacionales.
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