
Por ello, sostuvo que las empresas encuestadoras registradas entregan su base de datos y la información técnica del trabajo que realizan.
Sin embargo, reiteró que mientras se mantenga esa disposición, no realizarán encuestas de intención de voto. Lo que sí continuarán haciendo son los sondeos de popularidad de los candidatos y de aprobación de la gestión de las instituciones públicas.
Pedir el DNI y el nombre de los encuestados, asegura Torrado, no tiene nada que ver con la transparencia sino que afectará el resultado de las encuestas porque no serán representativas y se elevará el número de personas que no desean ser entrevistados.
“Es técnicamente inviable, solo podremos encuestar a los que están dispuestos a dar su DNI y ellos serán los partidarios de un candidato; en consecuencia el que tenga más simpatizantes será el beneficiado”, respondió.
Pueden quejarse
Urpi Torrado mencionó además que si los candidatos tienen alguna queja sobre las encuestas pueden presentarla ante el Comité de Ética de Apeim y que incluso están dispuestos a someterse a una auditoría internacional si fuera necesario.
Reconoció que si bien en las elecciones municipales los resultados que obtuvo Lourdes Flores fueron diferentes a los que anunciaron las encuestas, ello se debe a la veda informativa que impide publicar encuestas una semana antes de las elecciones.
Al rechazo expresado por las empresas encuestadoras se sumó el ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, quien consideró como un hecho inaceptable la decisión del JNE porque un ciudadano que es encuestado no tiene por qué identificarse.
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