
(Perú 21).- Si hacemos un balance del desempeño de los 120 congresistas que concluyen su gestión en julio próximo, encontraremos las cuentas en rojo. No solo por los escándalos protagonizados por los ‘lavapiés’, ‘comepollos’ o ‘planchacamisas’, sino también por el mal uso de prerrogativas como la inmunidad parlamentaria, que le han permitido a personajes como Carlos Raffo y Cecilia Chacón evadir la acción de la justicia pese a haber sido declarados reos contumaces.
Si además advertimos –luego de un cuidadoso escrutinio periodístico de sus hojas de vida– que muchos de los actuales aspirantes al Legislativo solo buscan evadir procesos penales y civiles en curso o hacer de las suyas cobijados en la inmunidad, se entenderá por qué surgen propuestas como la de Víctor Andrés García Belaunde, que plantea restringir los alcances de este beneficio a fin de evitar su abusiva aplicación.
RESTRICCIONES. De acuerdo con el proyecto de ley que presentará el legislador la próxima semana, la inmunidad regiría recién a partir de la juramentación y solo hasta el mismo día que concluye el ejercicio de la función, y no como ocurre ahora que se inicia a partir de la elección y hasta un mes después de dejar el cargo.
Además, la iniciativa propone eliminar el requisito de la autorización previa del Congreso a la Corte Suprema para el procesamiento a un parlamentario.
“El Poder Judicial podría enjuiciar a un congresista sin necesidad de que el Parlamento lo autorice, siempre y cuando se trate de un delito ajeno al desempeño mismo de la actuación parlamentaria. La inmunidad solo debe proteger al legislador por lo dicho o lo actuado en el marco de su función”, explicó García Belaunde a Perú.21.
En el mismo sentido se pronunció Mauricio Mulder, integrante de la Comisión de Constitución, quien añadió que la inmunidad no debe aplicarse en los casos en que el delito ha sido cometido antes de asumir la representación parlamentaria. No obstante, reconoció que en los últimos tiempos se ha abusado de esta prerrogativa para evadir la administración de justicia.
Cabe recordar que ya en 2006, los entonces candidatos al Congreso por Unidad Nacional se comprometieron, en caso de ser elegidos, a priorizar el debate de iniciativas orientadas a eliminar la inmunidad parlamentaria en el caso de los delitos comunes, con excepción de los de difamación, calumnia e injuria para no limitar la inviolabilidad de opinión que es consustancial a la labor legislativa.
¿Si ellos lo hicieron entonces, por qué quienes aspiran hoy a ocupar una curul no podrían hacer lo mismo y garantizarnos que no nos espera otro quinquenio de impunidad congresal?
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