La Corte de Justicia dispone renovar directorio de SEDALIB

Después de trabas y un dilatado proceso

Trujillo, La Libertad.- La Primera Sala Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dispuso la convocatoria a Junta General de Accionistas de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima (SEDALIB) para renovar el Directorio de esta entidad pública.
Para el efecto la Resolución 33 señala que el juez del Primer Juzgado Civil debe proceder a disponer la convocatoria, señale día y hora para la Junta General de Accionistas, designando a la vez a la persona que la presidirá, así como el Notario que dará fe de los acuerdos adoptados.
Al mismo tiempo dispone la siguiente agenda: elección del primer directorio de SEDALIB S.A. al amparo de lo dispuesto por el artículo 33-A literal a) del Estatuto de la sociedad concordante con el Decreto Supremo Nº 010-2007-Vivienda.

La Primera Sala Superior Especializada en lo Civil está integrada por los doctores: Teófilo Idrogo Delgado (Presidente), Irene Huerta Herrera y Carlos Cruz Lezcano, juez ponente.

HISTORIA
En enero del 2007, tras las elecciones municipales del 2006, asumieron sus funciones las nuevas gestiones ediles, por lo tanto SEDALIB debería ser conducida por un nuevo directorio emanado de las municipalidades accionistas de esta empresa de servicios de agua potable y alcantarillado.
La principal accionista de SEDALIB es la Municipalidad Provincial de Trujillo, con más del 30% de acciones, situación que le daba derecho a tener mayoría en el Directorio y por lo tanto le correspondía designar a su Presidente.
Por interés político esta entidad, que maneja millones de soles en obras de saneamiento, con el amparo del Poder Ejecutivo, el directorio mantuvo su vigencia contraviniendo normas legales y creando nuevas desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Han pasado cuatro años y medio y el directorio, integrado por representantes de gestiones municipales elegidas en el 2002 y que fenecieron en el 2006, se mantiene bajo la presidencia del médico Esmidio Rojas Rodríguez.
El insólito caso pasó al Poder Judicial por acciones de amparo interpuestas por alcaldes ligados al partido de gobierno de entonces, que entramparon y dilataron la entrega de SEDALIB a las nuevas gestiones municipales.
En el colmo de la arbitrariedad, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, emitió el D.S. 010-2007-Vivienda (20 de Abril 2007), que deroga el D. S. 043- 2007 –Vivienda, que sirvió en su momento como instrumento legal para la conformación de los nuevos directorios y modifica el Art. 39º del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento en lo referente a la conformación y elección de los miembros del directorio, manteniendo la representatividad del Gobierno Regional (01), Colegios Profesionales (01), Cámara de Comercio (01) y dejando casi nula la participación de las municipalidades en la elección de los mismos.
Antes la Junta General de Accionistas de SEDALIB S. A. designaba a su directorio en el marco de la Ley General de Sociedades, Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338 y su reglamento aprobada por D. S. Nº 023-2005 – VIVIENDA, es decir conformado por 06 miembros representantes de las municipalidades que conforman la empresa. ( Pedro Borjas Paredes)

Gobierno debe revisar la polémica Ley 29703

(La República).- Pero la presidenta del Consejo de Ministros insiste en que la norma no beneficia a los corruptos. Nacionalismo presentó proyecto para derogar norma. PJ señala que cambios al proyecto original se hicieron en comisión presidida por fujimorista Sousa.
La polémica Ley 29703 que facilita salidas legales a funcionarios del Estado procesados por corrupción generó rechazo en todos los frentes judiciales y en sectores del Parlamento, donde la bancada nacionalista presentó ayer una iniciativa para su derogación.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, pidió que la norma que modificó varios artículos del Código Penal sea revisada, y se detuvo en la obligación de sancionar el delito de colusión sólo cuando exista perjuicio económico al Estado.
“El delito de colusión se produce cuando dos personas conciertan para defraudar al Estado, independientemente del daño producido. En consecuencia, esta norma tendrá que revisarse ya que permitiría la impunidad a muchos casos que se están investigando”, dijo.
Por su parte, el contralor de la República, Fuad Khoury, alertó que la ley no recoge lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, ratificadas por el Estado peruano. Ahí se señala que no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción.

Desde China, advirtió que esta ley “crea una barrera para que la Contraloría identifique a presuntos responsables” en estos actos.
En tanto, el coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Genaro Matute Mejía, señaló que la norma, que no le fue consultada, significa un tremendo retroceso en la lucha contra la corrupción, pues blinda a los enjuiciados por este delito.
“La evaluación del delito de colusión sin que haya perjuicio al Estado es un problema porque es difícil probar el perjuicio al Estado. Lo explico así: la corrupción paga comisiones por fuera y esto no aparece”, subrayó Matute.
Según el ex contralor, Rómulo León Alegría y Alberto Químper, implicados en el caso de los ‘petroaudios’, también pueden beneficiarse con esta ley.

Comisión Sousa la cambió
El presidente del Poder Judicial aclaró a través de un comunicado que la Ley Nº 29703 no recoge la propuesta original formulada.
Indicó que el proyecto original que presentaron en agosto del 2010 sufrió un cambio en la comisión de Justicia del Congreso, que preside el fujimorista Rolando Sousa, quien elaboró un texto sustitutorio donde “no se consideraron los cambios normativos planteados”.
La condición de defraudación patrimonial al Estado fue agregada por esta comisión, señaló.
Sousa reconoció que se dio la modificación de este artículo.
Como autor de la iniciativa original, el Poder Judicial anunció que analizará con mayor detalle la ley en cuestión, y oportunamente propondrá, de ser el caso, las reformas que correspondan.

Proyecto de derogación
La bancada nacionalista fue la única en reaccionar y ayer presentó el proyecto 4878/2010 que propone modificar ocho artículos del Código Penal afectados por la cuestionada ley, que sería derogada.
Víctor Mayorga explicó que se busca eliminar la figura del ‘daño económico al Estado’, como condición para sancionar. Otras observaciones se hacen para los delitos de tráfico de influencias, peculado de uso y enriquecimiento ilícito.
Otras bancadas, sin embargo, se mostraron tibias.
La premier Rosario Fernández negó que la ley elimine la inhabilitación para funcionarios implicados en corrupción. Precisó que más bien se aumentaron penas y que “la inhabilitación se mantiene porque está en el artículo 426 del Código Penal”.
A su turno, el ex procurador Ronald Gamarra dijo que cualquier modificación a la cuestionada norma no tendría efecto sobre hechos del pasado.
“El daño ya se causó y es muy grave. Se envía un mensaje de permisividad frente a las actividades de carácter delictivo”, sostuvo.

Hasta Del Castillo se favorecería
El ex procurador Luis Vargas Valdivia, experto en derecho penal, advirtió que esta ley sí beneficia a procesados por corrupción del régimen fujimorista y del gobierno aprista, pues en materia penal se aplican con retroactividad las normas favorables al imputado. Dijo que podrían pedir su absolución invocando los nuevos cambios en el Código Penal.
Advirtió que el congresista aprista y ex premier Jorge del Castillo podría ser beneficiado y solicitar el archivo de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por el caso de Petrolera Monterrico.
“Se podría argumentar que no se acreditó perjuicio patrimonial real material (al Estado) y al no existir este podrían pedir que sus patrocinados sean absueltos de cargos, se archive el proceso y se les deje de inmediato en libertad”, dijo.

¿Inmunidad es igual a impunidad?

El Poder Judicial habría solicitado el levantamiento del fuero de más de 20 legisladores. Plantean restringir los alcances de este beneficio.

(Perú 21).- Si hacemos un balance del desempeño de los 120 congresistas que concluyen su gestión en julio próximo, encontraremos las cuentas en rojo. No solo por los escándalos protagonizados por los ‘lavapiés’, ‘comepollos’ o ‘planchacamisas’, sino también por el mal uso de prerrogativas como la inmunidad parlamentaria, que le han permitido a personajes como Carlos Raffo y Cecilia Chacón evadir la acción de la justicia pese a haber sido declarados reos contumaces.
Si además advertimos –luego de un cuidadoso escrutinio periodístico de sus hojas de vida– que muchos de los actuales aspirantes al Legislativo solo buscan evadir procesos penales y civiles en curso o hacer de las suyas cobijados en la inmunidad, se entenderá por qué surgen propuestas como la de Víctor Andrés García Belaunde, que plantea restringir los alcances de este beneficio a fin de evitar su abusiva aplicación.
RESTRICCIONES. De acuerdo con el proyecto de ley que presentará el legislador la próxima semana, la inmunidad regiría recién a partir de la juramentación y solo hasta el mismo día que concluye el ejercicio de la función, y no como ocurre ahora que se inicia a partir de la elección y hasta un mes después de dejar el cargo.

Además, la iniciativa propone eliminar el requisito de la autorización previa del Congreso a la Corte Suprema para el procesamiento a un parlamentario.
“El Poder Judicial podría enjuiciar a un congresista sin necesidad de que el Parlamento lo autorice, siempre y cuando se trate de un delito ajeno al desempeño mismo de la actuación parlamentaria. La inmunidad solo debe proteger al legislador por lo dicho o lo actuado en el marco de su función”, explicó García Belaunde a Perú.21.
En el mismo sentido se pronunció Mauricio Mulder, integrante de la Comisión de Constitución, quien añadió que la inmunidad no debe aplicarse en los casos en que el delito ha sido cometido antes de asumir la representación parlamentaria. No obstante, reconoció que en los últimos tiempos se ha abusado de esta prerrogativa para evadir la administración de justicia.
Cabe recordar que ya en 2006, los entonces candidatos al Congreso por Unidad Nacional se comprometieron, en caso de ser elegidos, a priorizar el debate de iniciativas orientadas a eliminar la inmunidad parlamentaria en el caso de los delitos comunes, con excepción de los de difamación, calumnia e injuria para no limitar la inviolabilidad de opinión que es consustancial a la labor legislativa.
¿Si ellos lo hicieron entonces, por qué quienes aspiran hoy a ocupar una curul no podrían hacer lo mismo y garantizarnos que no nos espera otro quinquenio de impunidad congresal?

PACTO ETICO DE ABOGADOS: DECLARACIÓN DE IQUITOS

Por: Raúl Rivero Ayllón
rivero_ayllon@yahoo.es

El Ministerio de Justicia y los colegios de abogados, reunidos en Asamblea Ordinaria de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, han firmado el 21 de enero de 2011, un pacto ético que tiene como finalidad promover el la justicia como fundamento del bienestar de la sociedad.
La denominada ‘Declaración de Iquitos’, fue rubricada el ministerio de Justicia, representado por la Dra. Rosario del Pilar Fernández Figueroa, y los Colegios de Abogados del Perú, representados por el Dr. José Alejandro Suarez Zanabria y el Dr. Carlos Martínez Oblitas, presidente y vicepresidente de la Orden de Colegios de Abogados del Perú. Asimismo, veinte decanos departamentales firmaron como señal de aceptación del pacto ético y de compromiso de su cumplimiento.
Al respecto, el Dr. Dr. Santos Eugenio Urtecho Benites, Decano del Colegio de Abogados de La Libertad, explicó que la materia sustantiva del ‘Declaración de Iquitos’ radica en que tanto el Ministerio de Justicia junto con los gremios jurídicos del país “se comprometen a promover las acciones necesarias, con el fin de coadyuvar a la pronta descarga procesal, evitando hábitos y acciones litigiosas innecesarias, en estricto cumplimiento de las normas éticas de cada gremio”.
Asimismo, el máximo representante de los abogados liberteños señaló una de las razones para asumir dicho compromiso radica en que la carga procesal de los órganos jurisdiccionales afecta el servicio de administración de justicia, principalmente el derecho de las personas a contar con un servicio eficiente y oportuno a través de una tutela jurisdiccional efectiva.

Reflexión obligatoria
Ante ello, consideramos que la nueva directiva del Colegio de Abogados de La Libertad, debe reflexionar sobre el actual ejercicio profesional de sus integrantes y diseñar estrategias para fomentar prácticas morales y éticas. Al respecto, la ‘Declaración de Iquitos’ destaca el rol del abogado en la sociedad peruana: “consiste esencialmente en ser una agente de búsqueda de la justicia y la paz social a través de una actuar acorde con los principios éticos y deontológicos propios de su profesión”.
Del análisis del contenido de dicho pacto ético concluimos que, tanto el Ministerio de Justicia como la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, coinciden plenamente en que la actitud litigiosa en el ejercicio de la abogacía no está dando los resultados esperados en función de la justicia verdadera. Por esta razón, invocan la praxis de los medios alternativos de solución de conflictos (conciliación extrajudicial y el arbitraje), procurando la más pronta solución de los procesos en curso.
Finalmente, podemos plantear la hipótesis ineludible de un nuevo enfoque en la enseñanza universitaria. En consecuencia, la ‘Declaración de Iquitos’ también involucra la participación de autoridades y docentes universitarios de las facultades de Derecho.

Ventajas de la inmunidad parlamentaria

El filtro que ofrecieron los partidos para elaboración de listas al Congreso no ha funcionado pues incluyen candidatos con antecedentes.

(Perú.21).- Todo parece indicar que los partidos políticos no tienen la intención de revertir la mala imagen del Congreso de la República. Pese a que todas las agrupaciones asumieron el compromiso de pasarle filtro a sus candidatos al Legislativo, al cierre de plazo para la inscripción de las listas se observa que el control ofrecido no fue efectivo y personas con procesos judiciales pendientes lograron ser incluidos y tener la posibilidad de ser elegidos y beneficiarse de la inmunidad parlamentaria.
Una primera revisión de las listas nos permite detectar casos judicializados o en etapa de investigación fiscal. No solo se trata de los conocidos como el aprista Jorge del Castillo o el fujimorista Carlos Raffo, sino también otros que aspiran que la voluntad popular les otorgue el manto de protección frente a los procesos judiciales que ya afrontan.
Si bien la inmunidad no debería tener efectos para procesos judicializados antes de la elección del congresista, el caso Raffo nos confirma que esto no es así. Pese a que el juicio al legislador fujimorista se inicia en 2004, los acuerdos políticos han evitado que prospere el pedido de la Corte Suprema que responda por recibir, presuntamente, dinero de Vladimiro Montesinos.

Pero no solo los conocidos tienen antecedentes. Ollanta Humala tiene como candidato por Cusco (#3) a Hernán de la Torre, quien fuera denunciado ante la fiscalía por la indebida ejecución de obras, como el local del Sutep, cuando dirigía la alcaldía de La Convención.
La Alianza por el Gran Cambio presenta como candidato #2 en su lista por Lima Provincias a Fredy Romero Chafalote, quien afronta un proceso judicial por apropiación ilícita y falsedad genérica, entre otros delitos, por apropiarse, presuntamente, de 264 mil soles en perjuicio de la Sociedad Obreros de La Unión de Huacho.
TRISTEMENTE RECONOCIDOS. Pero no solo se ha observado casos judicializados. También hay candidatos conocidos por una conducta escandalosa, algunos con antecedentes en el propio Parlamento que contribuyeron al desprestigio de esta institución y que ahora pretenden el retorno como si nada hubiera pasado.
Uno de los más destacados es el exlegislador y exministro toledista Juan de Dios Ramírez Canchari –#1 por Ica– tristemente recordado por el escándalo de sus hijos no reconocidos. Otro ‘chakano’ que hizo méritos para figurar en esta relación Modesto Julca –#1 por Áncash– organizador del festín en Pronaa con vedettes pagadas por el Estado.
En la lista de Solidaridad Nacional por Áncash figura Julio Calderón Altamirano, conocido en su jurisdicción por haber sido detenido al lado de su hijo, ambos en estado de ebriedad, mientras conducía un vehículo en Chimbote. Esta es una primera revisión de algunos antecedentes de los candidatos que nos han presentado los partidos. Este es un tema que seguirá en los próximos días con nuevas sorpresas.

José Enrique Crousillat fue capturado esta madrugada

El hasta hoy prófugo empresario, que se encontraba en la clandestinidad desde marzo pasado, estaba en Miraflores cuando la policía ingresó a su vivienda

(El Comercio).- Aproximadamente a las 3:30 a.m. fue capturado José Enrique Crousillat López Torres en el departamento 202 de un edificio ubicado en la avenida La Paz 1459, en Miraflores, Lima, por efectivos de la Dirandro. Se conoció que la vivienda fue alquilada hace varios meses por una persona que responde al nombre de Rubén Ávila.
Crousillat López Torres no opuso resistencia alguna y fue llevado inmediatamente al médico legista, donde fue examinado en el local ubicado a media cuadra de la avenida Grau, en el Cercado de Lima.

De ahí fue trasladado, en una camioneta 4×4 y con las manos enmarrocadas y tapadas con una casaca, al local de requisitorias.
Después, el ex empresario televisivo fue llevado a la sede del Segundo Juzgado Anticorrupción, en el distrito de Lince.

Adolescentes serán detenidos sólo 24 horas

(La República).- Un adolescente podrá ser detenido sólo por mandato judicial o en flagrante infracción, en cuyo caso será conducido a la Sección Especializada en Familia de la dependencia policial, pero en ningún caso compartirá ambientes con adultos detenidos y el plazo máximo de detención será de 24 horas.
Así lo dispone el artículo aprobado por unanimidad en la Comisión Especial Revisora del Código del Niño y Adolescente del Congreso de la República.
Según el citado artículo, el adolescente tendrá derecho a que la Policía Nacional le informe oralmente y por escrito sobre los motivos de su detención y de los hechos que se le imputan, debiendo comunicar a sus padres responsables y al fiscal de Familia.
Asimismo, la Policía Nacional comprobará el domicilio del adolescente.
El artículo subraya que si la detención fuera ilegal o arbitraria, el fiscal deberá disponer su inmediata libertad.

San Martín anuncia observatorio judicial

El flamante presidente del Poder Judicial impulsará una agenda pública de jueces para transparentar la administración de justicia.

(Perú 21).- El flamante presidente de la Corte Suprema, César San Martín, anunció que uno de sus principales objetivos al frente de Poder Judicial será impulsar la creación de un observatorio para que el juez tenga una agenda pública y se sepa a quiénes recibe y porqué los recibe, como una forma de luchar contra la corrupción interna en ese poder de Estado.
“Desde luego la lucha contra la corrupción interna debe de ser firme, radical, sólida y como gobernante no me corresponde ingresar al diseño de persecución, sino detectar aquellas malas prácticas. He planteado también, la necesidad de agendas públicas de los jueces, a quién recibe, porqué recibe, cuánto ha demorado su conversación”, dijo Ideeleradio.
En cuando al observatorio, el vocal supremo consideró que es un instrumento fundamental, porque permitirá, bajo una estructura de información amplia y sólida, transparentar la administración de justicia.
Asimismo, remarcó que parte del primer paquete que implementará se orientará a una línea de propuesta de reforma, a la modernización de la gestión judicial que pasa por una revisión de procedimientos internos y una reestructuración gerencial.

Enfatizó en que se analizarán dónde están los bolsones de corrupción para introducir líneas básicas de transparencia, a través del observatorio. “No es posible que un juez de la Corte Suprema, un presidente, se entere por los periódicos de un problema judicial irresuelto o de un caso que tiene gran trascendencia”, subrayó San Martín.
El magistrado también anunció que su gestión estará abierta a la sociedad civil, los actores sociales y políticos, sin que eso implique una pérdida de la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Sentencian a Montesinos, Hermoza y Martin Rivas a 25 años de cárcel

Grupo Colina. Junto a Fujimori, fueron autores mediatos de 25 asesinatos. Veredicto resalta que las víctimas eran civiles sin vinculación con organismos terroristas y que el Ejército dio un valioso aporte a la pacificación del país.

(La República).- Tras un juicio extenso, complicado y lleno de obstáculos, la Primera Sala Penal Especial sentenció ayer a 19 jefes y agentes del grupo Colina a penas de 4 a 25 años de cárcel, por los crímenes de Barrios Altos, El Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri.
La sentencia estableció que el grupo Colina recibió apoyo económico y logístico de los altos mandos del Ejército y de la presidencia de la República. Sin embargo, el tribunal resaltó que no estamos ante delitos cometidos por el Estado, sino por un grupo al margen de la ley que utilizó una institución militar para sus actividades contando con un manto de impunidad.
También se resaltó que Colina fue diseñado por Vladimiro Montesinos y jefes militares que eran sus amigos, con la aprobación del ex presidente Alberto Fujimori. Igualmente, se establece que aun cuando su objetivo fue enfrentar a terroristas, solo mató a personas civiles: 15 en Barrios Altos, incluido un niño, 9 en El Santa y Pedro Yauri.
La sentencia resalta que ninguna víctimas era terrorista o tenía vínculos con el terrorismo. En el mismo sentido se reconoció el valioso aporte del Ejército a la pacificación del país. La sentencia dispone que sigan las indagaciones para encontrar el cuerpo de Yauri.

Las penas, igual que Fujimori
Los principales jefes de Colina: Montesinos, y los generales Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo cumplirán 25 años de cárcel como autores mediatos de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita.
La misma pena recibieron los jefes operativos del destacamento: Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, como coautores de homicidio de 25 personas.
Es decir, recibieron la misma pena impuesta el 20 de julio del año pasado al “jefe de jefes” del grupo Colina: el ex presidente Alberto Fujimori, recluido en la prisión especial de la Diroes.
Otros tres jefes militares, los coroneles Federico Navarro Pérez, Fernando Rodríguez Zabalbescoa y Alberto Pinto Cárdenas, recibieron 15 años de cárcel. En el caso de Pinto lo condenaron por mayoría, pues la juez Hilda Piedra consideró que debió ser absuelto.
Los jefes de los subgrupos de Colina y los agentes más sanguinarios, Nelson Carbajal García, Ángel Pino Díaz, Jesús Sosa Saavedra “Kerosene” y Wilmer Yarlequé Ordinola, cumplirán 20 años de cárcel.
Todos ellos apelaron la sentencia ante la Corte Suprema, excepto Montesinos que se reservó ese derecho para hacerlo después.

Absueltos
El tribunal absolvió a 11 jefes militares y agentes: Carlos Indacochea Ballón, Víctor Silva Mendoza, Luis Cubas Portal, Máximo Cáceda Pedemonte, Estela Cárdenas, Shirley Rojas. Además, a Juan Vargas Ochochoque, Luis Arce, Manuel Hinojosa, Julio Salazar y Juan Pampa Quilla.
Es de resaltar que el tribunal reconoció a favor del coronel EP (r) Silva Mendoza y el agente operativo Vargas Ochochoque el principio de obediencia debida, por lo que recibieron órdenes para apoyar al grupo Colina, pero sin conocer sus reales actividades.

Los crímenes
Yauri. El 24 de junio de 1992 el periodista Pedro Yauri fue sacado de su casa por seis encapuchados y nunca más fue visto.
BArrios Altos. El 3 de noviembre de 1991 se acribilló a 15 personas del jirón Huanta Nº 840 en Barrios Altos, entre ellos el niño de ocho años Javier Ríos Rojas.
Santa. El 2 de mayo de 1992 nueve campesinos fueron secuestrados y asesinados en El Santa, Chimbote.

Una sentencia ejemplar que se hizo esperar
La lectura de sentencia debió comenzar a las 9.30 am. pero las juezas Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra no lograron concluir el debate a tiempo y pospusieron la audiencia para las 2.00 pm. El fallo se leyó entre las 3.00 de la tarde y las 5.30 de la tarde en la sede judicial de la Base Naval.
La jueza Inés Tello explicó que la sentencia, que se publicará íntegramente en la página web del Poder Judicial, consta de 840 páginas, que incluyen 11 capítulos en los que se describen los hechos y se señalan los delitos y hechos probados.
Por la mañana, un oportunista Vladimiro Montesinos aprovechó la presencia de la prensa para mostrar un libro y agradecer a, según él, los 3,671 amigos que tiene en la red social Facebook.
Los jefes y suboficiales de inteligencia procesados entonaron el Himno del Ejército. Incluso, Jesús Sosa Saavedra “Kerosene” hizo vivas al Ejército con el puño en alto, lo que hacía suponer que iban preparados a hacer escándalo, pero los mantuvieron calmados.
La Sala de audiencias de la sede judicial de la Base Naval del Callao estuvo llena de tope a tope con los familiares de los acusados y de las víctimas del grupo Colina.
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OCMA suspendió a jueces por caso de narcotráfico

La Oficina de Control de la Magistratura abrirá proceso a magistrados que avalaron hábeas corpus en proceso Hayduk

(Elcomercio.pe).- La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ordenó la suspensión de tres jueces superiores de Lima, a quienes se les abrirá proceso disciplinario por haber declarado fundado el hábeas corpus que interpuso Edwin Walter Martínez Moreno, involucrado en el Caso Hayduk y procesado por tráfico ilícito de drogas.
Se trata de Aurora Quintana-Gurt Chamarro, Malzon Ricardo Urbina La Torre y José Rolando Chávez Hernández, jueces de la Sexta Sala Penal para procesos con Reos Libres de la Corte de Lima. Ellos avalaron el hábeas corpus presentado por Martínez, en el que solicita se le excluya del proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado.
La OCMA señala que al declarar procedente el pedido, se anuló la Ejecutoria Suprema que ordenaba un nuevo juicio oral contra el acusado y se archivó el proceso que se le sigue en la Tercera Sala Penal de la Corte Superior del Callao. Por ello, la institución considera que los jueces presentaron una inconducta funcional en el proceso judicial, lo que supone su suspensión y posterior proceso disciplinario.

ANTIGUO PROCESO
Edwin Walter Martínez Moreno es uno de los empresarios implicados en el Caso Hayduk, el cual data desde el 15 de marzo de 1993, cuando se detectaron más de 353 kilos de pasta básica de cocaína en un embarque de harina de pescado de dicha empresa.

Edwin Béjar será el primer juez invidente en la historia del Perú

Tras luchar contra la discriminación, obtuvo cargo que ejercerá en el Cusco. Obtuvo el primer lugar en examen entre aspirantes de toda la región

(Elcomercio.pe).- Se dice desde siempre que la justicia debe ser ciega. Se sabe, además, que el símbolo de tan anhelada virtud es el de una mujer que porta una balanza equilibrada, pero que también lleva los ojos vendados. Objetividad, imparcialidad y equidad. Metáforas, alegorías e ideas que tienen un significado realmente singular para Edwin Béjar Rojas, un joven abogado cusqueño que hace poco acaba de ser elegido el primer juez invidente en la historia del Perú.
Obtener el cargo de juez supernumerario del distrito judicial del Cusco ha resultado para Béjar una ardua y sacrificada empresa, la misma que se inició a los 17 años cuando perdió totalmente la vista y tuvo que aprender a vivir a punta de retos. La lucha también incluyó estudiar como cualquier estudiante sin discapacidad en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de donde egresó en el 2000 en el primer puesto de su promoción. Asimismo, obtener dos maestrías en Derecho y concluir un doctorado.
Uno de los escollos más grandes que, sin embargo, tuvo que superar para llegar adonde está hoy ha sido el de la discriminación. El año pasado, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le comunicó que había sido excluido del concurso convocado para obtener el cargo de fiscal adjunto provincial de Cusco por ser ciego, ello a pesar de que la Ley de la Carrera Judicial 29277 permite a las personas con discapacidad acceder a la magistratura. Con ayuda de la Defensoría del Pueblo, Béjar llevó el caso a los tribunales y ganó. Se le reconoció el derecho a postular al puesto como cualquier otra persona.

Desafortunadamente, el abogado de 32 años se quedó a dos puntos de conseguir la plaza. La situación no lo amilanó; al contrario, lo conminó a prepararse más para volverlo a intentar. Pero esta vez a otro cargo.

EL PUESTO
“Ser juez supernumerario del distrito judicial del Cusco significa, en palabras sencillas, que administraré justicia en varios fueros: civil, penal, laboral, administrativo y constitucional. Y que lo haré por un espacio de dos años”, explica el abogado respecto de su nueva labor, a la cual accedió a través de un examen tomado en agosto en el ámbito nacional por la Academia de la Magistratura. En la prueba obtuvo el primer lugar absoluto; es decir, no solo entre quienes postulaban a la rama que él eligió, sino también entre los aspirantes a jueces de paz letrados y superiores.
Para esta evaluación, la Corte Superior de Justicia del Cusco no otorgó facilidades al perseverante Béjar. Le reconoció sus derechos como mandan las leyes internacionales y nacionales. Por eso hizo que una persona le leyera las preguntas durante la prueba escrita y que el Colegio de Psicólogos elaborara una prueba especial psicotécnica que no tuviera gráficos y tablas; también que durante la entrevista personal el tema se centrara en el conocimiento de la ley y no en cómo va a hacer para ejercer su trabajo sin poder ver, una cuestión en la que tampoco tiene reparos para contestar.
“Trabajaré con ayuda de la tecnología. Utilizaré un escáner que reproduce en palabras lo que va leyendo de un documento”, detalla Béjar, no sin antes subrayar que discapacidad no es incapacidad. “Solo es cuestión de que nos den oportunidades”, dice. Su labor oficial empieza a mediados de octubre.

AL GRANO
“Es un precedente importantisimo*¿Por qué es importante que Edwin Béjar haya sido elegido juez en el Cusco?
Sienta un precedente importantísimo porque él ha hecho prevalecer su derecho a poder postular a una carrera como juez. Cuando el consejo nacional de la magistratura violó su derecho, él luchó, ganó y abrió una puerta. Esto va a ir desterrando el prejuicio que de que los discapacitados sean incapaces.
¿Cómo ayuda la defensoría a personas con discapacidad?
Ofrecemos un servicio público de defensa ante la presunta violación de algún derecho por parte de alguna autoridad del estado. Para ello tenemos un programa especializado.
MALENA PINEDA. JEFA DEL PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Perú dispuesto a negociar con Yale sobre piezas arqueológicas, afirman

´El caso no ha prescrito como argumenta la universidad norteamericana´ señaló a RPP, desde Washington, Eduardo Ferrero, procurador Ad Hoc defensor de los intereses peruanos en este caso.

(RPP).- La audiencia programada para el miércoles en el distrito federal de Connecticut, por el juez Alvin Thompson, se ha postergado para el próximo viernes 17 de setiembre a fin de resolver la moción presentada por la Universidad de Yale para archivar el juicio presentado en su contra por el Gobierno peruano por no haberse realizado la devolución de los materiales arqueológicos de Macchu Picchu dentro de los periodos de tiempo regidos por la ley.
En referencia a aquello, el ex canciller Eduardo Ferrero Costa, procurador Ad Hoc del Perú en el juicio contra Yale, indicó desde Washington, en comunicación con RPP, que esta postergación "no afecta en lo absoluto el derecho del Perú".
"El Perú siempre ha estado abierto a las negociaciones. Depende de la voluntad de la partes, no descartamos esta posibilidad", señaló Ferrero.
"El Perú pretende recuperar los objetos de Macchu Picchu que Hiram Bingham se llevó en dos oportunidades, en 1912 y en 18916, con permiso del Gobierno peruano a condición de que fueran devueltas todas las piezas, objetos y restos humanos que se llevó Bingham2, dijo.

Señaló que Yale aduce como argumento principal en el juicio que los derechos del Perú han prescrito por el transcurso de tiempo. Por lo cual, dicha universidad ha presentado una moción para desestimar la acción presentada por el Perú.
Finalmente aclaró que el préstamo de los materiales arqueológicos fueron a dos instituciones, a Yale, que tiene los objetos, y a la National Geographic Society que ha manifestado que el Perú tiene todo el derecho sobre los materiales y que estos debe ser devueltos.

Fiscal pide rechazar DL 1097

Juicio a Colina. 21 oficiales y agentes pidieron archivar casos Barrios Altos, Pedro Yauri y el Santa. El tribunal resolverá el pedido de los acusados en los próximos días. Si acoge el decreto, el juicio se termina y todo se archiva; si lo rechaza, se dictará sentencia.

(La República).- El fiscal superior Jorge Cortez Pineda solicitó a la 1º Sala Penal Especial de Lima declarar inaplicable al grupo Colina, el Decreto Legislativo Nº 1097 que dispone el sobreseimiento (archivo) de los procesos que hayan superado el plazo de la investigación.
“La pregunta que deben responder las magistradas es si el DL 1097 se aplica a este proceso. Nosotros decimos que no resulta procedente de aplicar”, indicó el fiscal en la audiencia realizada ayer en la Base Naval del Callao.
Anotó que el Decreto Ley Nº 1097 habla del plazo de la instrucción, mientras que este caso se encuentra en juicio público, por lo que el control de la acusación y cualquier posibilidad de sobreseimiento ya pasó.
La Procuraduría ad hoc y los abogados de las víctimas, Gloria Cano y Antonio Salazar, también exigieron que el DL 1097 sea rechazado porque los tratados internacionales suscritos por el Perú y sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado a juzgar y sentenciar estos casos.

El decreto Colina
La audiencia se inició con la intervención del abogado del general (r) Juan Rivero Lazo, Mauricio Rodriguez Sosa, quien pidió la aplicación del DL 1097 para su cliente y todos los demás que se encuentren en la misma situación.
Luego, el abogado José Orregó habló por Julio Salazar Monroe, Luis Cubas Portal y Federico Navarro Pérez. Siguieron los abogados de los jefes y agentes operativos Fernando Rodriguez, Santiago Martín Rivas, Carlos Pinchilingue, Nelson Carbajal, Jesús Sosa y otros.
En total, 21 ex jefes militares y agentes pidieron beneficiarse del DL 1097: 18 plantearon el sobreseimiento (archivo) por vencimiento del plazo de la instrucción y otros tres por la prescripción del delito de asociación ilícita.
La argumentación de sus abogados fue similar: Este proceso comenzó el 2001 y hasta hoy no hay sentencia, por lo que se han superado los 14 meses que tenía la justicia para investigar.
Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa Ríos guardaron silencio. Sin embargo, el pedido del abogado de Rivero Lazo de extender su solicitud a los 26 acusados, los incluye en cualquier decisión que tome el tribunal.
Luego de escuchar a cada una de las partes, el tribunal, integrado por Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, suspendió la audiencia hasta el miércoles 8 de setiembre.
Es posible que ese día, el tribunal de a conocer su decisión frente al DL 1097. La Sala no tiene un plazo para pronunciarse. Lo podría hacer hoy o postergar su decisión hasta el día de la sentencia.

Enfermos
Para el miércoles, fue convocado el agente Gabriel Vera a fin de que haga su alegato final de defensa. Vera amaneció el viernes con dolores cuyo origen no pudieron ser determinados por los médicos y faltó a esta audiencia. Las juezas consideraron su dolencia como una acción dilatoria y dispusieron que la policía lo lleve a la fuerza. Su abogado dijo que sufría de gota.
El juicio está a punto de concluir. Solo falta que hablen Vera y Wilmer Yarleque. En la edición de lunes señalamos a Yarleque como beneficiario de un descanso médico. El está bien de salud y se presentó a la audiencia. El enfermo era Vera.
Otro que ayer se reportó enfermo fue Federico Navarro, internado en la clínica Vesalio. En julio, el Tribunal Constitucional dispuso que antes del 30 de setiembre se dicte la sentencia.

REACCIONES
"Las víctimas no han estado ocho o diez años esperando una sentencia. Llevamos 19 años reclamando que se haga justicia y se conozca la verdad”
Antonio Salazar
Abogado de la parte civil

"Son inadmisibles las figuras de amnistía y cualquier excepción que pretenda sustraer de la justicia a un procesado por violación de Derechos Humanos”.
Gloria Cano
Abogado de la parte civil

"La Constitución dice que la labor del tribunal es administrar justicia, y en base a ello pido no aplicar a este proceso el Decreto Legislativo Nº 1097”.
Jorge Cortez
Fiscal superior

Inconstitucional y desigual
“Estamos evaluando el contenido del Decreto Legislativo Nº 1097 y las otras tres normas dictadas por el Ejecutivo para ver en qué aspectos se puede plantear una acción de inconstitucionalidad. Algunas normas quedan en manos de los jueces aplicarlas o no ”, declaró el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, encargado de la Fiscalía de la Nación.
Agregó que las normas que se han dado tienen un tratamiento muy favorable para los procesados vinculados a los fueros militar y policial, lo que quiebra el principio de igualdad.
En tanto, a través de su abogada Tania Quiroz, el general (r) Juan Yanqui Cervantes anunció que no se acogerá al DL 1097 en el proceso por el crimen de Mariella Barreto porque es inocente y confía en que las pruebas recogidas en la investigación lo absolverán.

Suprimen beneficios para delitos graves

(La República).- Consejo de Ministros corrigió norma aprobada por el Congreso, estableciendo que no tienen beneficios penitenciarios para la redención de la pena por el trabajo las formas agravadas de diversos delitos graves, informó el ministro de Justicia, Víctor García Toma.
En rueda de prensa en Palacio de Gobierno, refirió que el Parlamento, “por la necesidad de actuar con rapidez” y, “por un error en la redacción”, había dejado abierta la posibilidad para que las formas de delitos graves sean objeto de beneficios de redención de la pena por el trabajo de 7x1.
Entre esos delitos graves figuran la trata de blancas, violación sexual de menores de edad seguidas de muerte o lesión grave, las formas agravadas de tráfico ilícito de drogas, genocidio, desaparición comprobada, tortura agravante, entre otros.
“Como esto va en contra de la lógica del sentir del país, hemos aprobado rápidamente una modificación a la Ley. Hemos dispuesto que no tienen beneficios penitenciarios para la redención de pena por el trabajo, como no lo tenían hasta antes de la ley aprobada por el Congreso, esos delitos graves”, precisó García Toma.
Indicó que el dispositivo aprobado por el Gabinete Ministerial será enviado de inmediato al Congreso para que, con la misma celeridad, puedan hacer la modificación correspondiente.

Recordó que, en la víspera, el jefe de Estado, Alan García, promulgó la Ley que restringe beneficios penitenciarios y, durante su discurso, hizo notar el error cometido por el Parlamento en la redacción de la norma.

Caso Petroaudios: Levantan impedimento de salida del país de Canaán

La Tercera Sala Anticorrupción adoptó esta medida a favor del empresario dominicano al rechazar el pedido de la Procuraduría Anticorrupción.

(RPP).- La Tercera Sala Anticorrupción confirmó el levantamiento de la orden de impedimento de salida del país a favor del empresario dominicano Fortunato Canaán, procesado por el caso de los "Petroaudios".
El tribunal adoptó esta medida al rechazar el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para dejar sin efecto la decisión de primera instancia del juez Jorge Barreto.
Barreto acogió un pedido del empresario en que éste se comprometía a venir al país las veces que sea requerido por la justicia peruana a fin de esclarecer su participación en torno a este asunto.

Aprueban ley que elimina semilibertad para autores de robo agravado

El Pleno del Congreso dio luz verde, por unanimidad, a estatuto por medio del cual se retirarán beneficios por trabajo y educación a quienes roben a mano armado y produzcan lesiones graves.

(RPP).- El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el proyecto que elimina el beneficio penitenciario de la semilibertad para el robo agravado y reduce beneficios para los delincuentes reincidentes.
La iniciativa presentada por la bancada fujimorista y sustentada por el presidente de la Comisión de Justicia, Víctor Sousa, señaló que "la criminalidad organizada ha aumentado", por lo que se requiere una respuesta dura contra los avezados criminales.
"El año pasado ha habido 160 mil delitos y cerca de 49 mil de ellos han sido el robo. Es decir, el robo es el delito más importante en la criminalidad del Perú. Por eso la propuesta busca retirar los beneficios penitenciarios a quienes desprecian la vida y muchas veces provocan la muerte", señaló Sousa.
En ese sentido, se retirarán los beneficios por trabajo y educación a quienes cometan delitos de robo agravado a mano armada o en banda o produzcan lesiones graves.
En tanto, el congresista Mauricio Mulder señaló que "debe buscarse una mayor coherencia en la propuesta de acuerdo a la gravedad de los delitos. Por ejemplo, el homicidio o secuestro deberían tener el mismo trato que el robo agravado. Existen ya 14 tipos penales que no tienen beneficios penitenciarios", manifestó.

El Gobierno y el Congreso plantean anular beneficios penitenciarios

El Consejo de Ministros aprobará dicho proyecto para casos de reincidencia. Pleno sancionará norma para que gobiernos locales den recursos a policía

(Elcomercio.pe).- La política del Estado contra la delincuencia común será relanzada. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República conjugarán sus máximos esfuerzos entre hoy y mañana para corregir la legislación penal vigente y endurecer las sanciones contra aquellos que infringen la ley y atentan contra la seguridad ciudadana.
Por lo pronto, en la reunión del Consejo de Ministros convocada para hoy, el titular de Justicia, Víctor García Toma, sustentará –y eventualmente se aprobaría– un proyecto de ley referido a regular los casos de reincidencia criminal para evitar que aquellos que vuelvan a delinquir consigan la libertad condicional. Para ello, se fijará incluso la responsabilidad de los jueces y hasta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en caso de que se otorgue injustificadamente dicho beneficio.“Esas personas que han sido partícipes de la atrocidad cometida contra esta niña Romina, que quedó cuadripléjica luego de afrontar un asalto a mano armada]eran reincidentes y estaban en la calle fruto de las liberaciones condicionales. Esta situación puede y debe ser mejorada de inmediato y a eso apunta el proyecto de ley”, explicó García Toma a su salida de la Comisión de Constitución del Congreso.
Cuando se le preguntó si la pena de muerte podría ser otra solución para detener la ola de violencia, tal como lo expresó en la víspera el jefe de Estado, Alan García Pérez, el ministro de Justicia dijo que esta vía no va a resolver el problema.

Se declaró abolicionista y hasta se autocalificó como perteneciente a una minoría de la población que no apuesta por la pena capital porque esta sanción no es disuasiva. Incluso citó el caso de dos sentenciados a la pena capital y que hoy son venerados como santos. “Además implicaría denunciar la Convención [Americana de Derechos Humanos] y eso demanda tiempo y consenso [...]. En el tiempo presente debemos corregir la legislación penal”, precisó.

CONGRESO Y CÓDIGO PENAL
La bancada de Alianza Nacional, por intermedio del congresista chalaco Isaac Mekler, planteó modificar el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales. Esto a fin de dejar sin efecto la confesión sincera como mecanismo para rebajar la pena al mínimo legal en los casos de parricidio, homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, trata de personas agravada, violación sexual de menores de edad seguida de muerte o lesión grave, rufianismo, proxenetismo, usurpación agravada, tráfico de drogas, tráfico ilícito de insumos químicos, entre otros.
Al fundamentar esta iniciativa –que lleva la rúbrica de sus colegas *Juan Perry, Walter Menchola, Antonio León, David Waisman y Michael Urtecho*– Mekler dijo que lo que se quiere es acabar con la impunidad. “Sí se tienen que construir más cárceles, pues tienen que hacerse para que los delincuentes sean castigados con todo el peso de la ley”, comentó.Ayer los voceros de las diferentes bancadas acordaron que el pleno del Congreso discuta mañana un paquete legislativo que comprenda la autorización a los gobiernos regionales y locales para que giren recursos a las fuerzas policiales y la eliminación de los beneficios penitenciarios.

Monseñor Bambarén apoyó cadena perpetua para violadores y delincuentes reincidentes

Sacerdote, sin embargo, pidió calma en el debate sobre la pena de muerte, por los problemas de inseguridad

(Elcomercio.pe).- Monseñor Luis Bambarén se mostró a favor de la cadena perpetua para criminales reincidentes en delitos graves, aunque con algunas reservas: “La cadena perpetua sí, pero en celdas individuales, totalmente incomunicadas como la de Abimael Guzmán, que está en la Base Naval del Callao, y sin ningún beneficio”.
Bambarén comentó a Andina que dichas condiciones también deberían contar
para los violadores de niños. Sin embargo, se mostró en contra de la pena de muerte, comentada en los últimos días tras conocerse el sensible caso de la menor Romina Cornejo.
”Si seguimos la enseñanza de Jesús debería haber pena de muerte para los violadores. Aunque no soy partidario de eso, pero soy fiel a sus enseñanzas. Además, se multiplican tanto estos casos que es un escándalo”, dijo.
El ex titular de Conferencia Episcopal Peruana también precisó que la discusión sobre la pena capital debe encararse con prudencia por la gravedad del tema y “porque nuestra sociedad se deja llevar mucho por el sentimentalismo”. Asimismo, criticó el hecho de que sectores políticos desempolven esta discusión únicamente con el fin de cosechar réditos políticos.

Villa Stein lanzó salvavidas a Giannotti

Usbs perdidos. Presidente del PJ afirma que policía y fiscalía habrían violado sus derechos. Gesto se produjo ante comisión del Congreso que investiga la pérdida de dos USB en el proceso judicial por el espionaje telefónico. Giannotti se enreda en versiones

(La República).- El presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein defendió y lanzó un salvavidas a la funcionaria de Business Track Giselle Giannotti ante la comisión investigadora de la pérdida de dos USB en el proceso judicial por el espionaje telefónico.
Villa Stein aseguró que la Fiscalía y la Policía habrían violado los derechos fundamentales de Giannotti al revisar sus USB y discos duros solo con su autorización personal, sin esperar un permiso del Poder Judicial.
Además, con esa opinión se pueden complicar otros casos. En muchas investigaciones la Policía o la Fiscalía no esperan la autorización judicial cuando la persona intervenida o detenida autoriza realizar diversas diligencias.
Giselle Giannotti autorizó revisar sus USB y discos duros, aunque luego se retractó. Esa autorización inicial permitió que se obtenga la copia espejo de los USB desaparecidos y que ahora permiten conocer su contenido.
El presidente del Poder Judicial hizo esa declaración después de reunirse con la comisión del Congreso que investiga la pérdida de los USB, La audiencia fue en público y con presencia de la prensa.

Villa insistió en que los USB no se perdieron en el Poder Judicial, pero hábilmente evadió precisar las medidas de seguridad que se adoptaron sobre las pruebas mientras permanecieron en el edificio Anselmo Barreto, jurisdicción de la Corte de Lima, o cuando se compró el software Encase Forense.
Por su parte, la jueza María Martínez reconoció que el 4 de mayo del 2009 llamó la atención al especialista informático Aldo Suxe por manipular una memoria sin conocimiento de las partes. Según el reporte del Encase Forense, la madrugada de ese 4 de mayo se produjo la manipulación de los USB.

Sesión reservada en Fiscalía
La comisión del Congreso que investiga la pérdida de dos USB se reunió en sesión reservada, en la sede principal del Ministerio Público, con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.
En la sesión también participaron los fiscales Walter Milla y Vanesa Araníbar, quienes explicaron a los directivos de BTR su versión sobre lo sucedido con las pruebas del proceso.
Según trascendió, para la Fiscalía la pérdida de los USB buscó ocultar e invalidar las pruebas del espionaje de llamadas telefónicas y correos electrónicos que realizó la empresa BTR.
La Fiscalía presentó varias evidencias que ubican el cambio de los USB cuando se encontraban bajo custodia del Poder Judicial.

Inician la lucha contra jueces corruptos

Ofensiva contra prevaricadores. De forma conjunta, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía denuncian a jueces de casos Sánchez Paredes y Luis Valdez.

(Perú 21).- De nada sirvieron las múltiples comisiones de reforma del Poder Judicial instaladas en los últimos años, pues los niveles de corrupción en ese poder del Estado –materializados a través de cuestionadas resoluciones– continúan escandalizando a la sociedad en su conjunto.
Ante el silencio –casi cómplice– de las altas esferas de la judicatura, el Ministerio de Justicia decidió informar sobre la ofensiva legal que ha desplegado para contrarrestar –o intentar, al menos– los fallos que han abierto las rejas a presuntos narcotraficantes.
RECHAZO INTERINSTITUCIONAL. El ministro de Justicia, Víctor García Toma, calificó de “barbaridades jurídicas” los sustentos de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel para darle luz verde al pedido de los integrantes del clan Sánchez Paredes para que sean excluidos del proceso penal, en el cual son investigados por el presunto delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Por ello, los jueces Carlos Ventura, Emilio Vigo y Aurora Quintana Gurt Chamorro fueron denunciados ante la Fiscalía Suprema de Control Interno por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y abocamiento ilegal.

“En el Poder Judicial hay nichos de corrupción, al grado que parecen haber confundido a los Sánchez Paredes con la familia Ingalls porque estas resoluciones, en realidad, parecen de película”, dijo el titular de la cartera de Justicia en conferencia de prensa.
A su lado, el director Nacional de Justicia, Daniel Figallo, le tomó la posta para decir que estos fallos producían indignación. “El caso Sánchez Paredes provocó una investigación profunda que involucró a 230 personas, entre naturales y jurídicas, y ahora esta Sala se la pretende traer abajo”.
A esta denuncia se añade el seguimiento a la investigación iniciada por la OCMA a los vocales, y el recurso de agravio constitucional presentado por el procurador del Ministerio Público, Aurelio Bazán, para que el caso llegue hasta el Tribunal Constitucional, previendo desde ya que los reclamos no tendrán eco en el Poder Judicial.
Mientras tanto, el titular de esa instancia, Javier Villa Stein, se mantuvo al margen y se abstuvo de cuestionar –como lo hace con decisiones de otras instituciones– a sus colegas.
SUELTO EN PLAZA. A la par del caso Sánchez Paredes, está la decisión del juez Omar Pimentel Calle, quien excarceló al ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez, por un supuesto mal estado de salud –sin considerar las acusaciones que penden sobre él–, a quien se le ha detectado un desbalance patrimonial de más de US$10 millones.
“Esto ha producido una indignación en la defensa del Estado. De forma inaudita, la resolución que permite la excarcelación de Valdez recién ha sido notificada el miércoles a la procuradora Sonia Medina, esto produce una fundamentada sospecha sobre la labor de ese juzgado”, argumentó Figallo.
En tanto, ya lejos de las rejas carcelarias, Valdez –cuyo delicado estado de salud hacía peligrar su vida, según el juez Pimentel– ha planteado una apelación al arresto domiciliario que debe cumplir, así como a las medidas de conducta que deberá seguir. La procuradora del caso, Sonia Medina, informó que ya ha planteado la apelación respectiva a la decisión del juez.