
El presidente del Poder Legislativo, Daniel Abugattás, explicó que se trata de investigaciones por supuestos delitos que datan de antes de que asumieran sus funciones y por los cuales dichos legisladores no tendrían derecho a la inmunidad parlamentaria.
Señaló que esta decisión fue adoptada por la Mesa Directiva del Congreso, que dejó constancia de que la remisión de estos casos a la Comisión de Ética se hace sin perjuicio del procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria que corresponda.
Se trata de cinco legisladores del Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF), dos de Gana Perú (GP), dos de Solidaridad Nacional (SN), uno de Alianza Parlamentaria (AP) y uno más de Concertación Parlamentaria (CP).
De los once casos, tres son investigados por lavado de activos ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada: María López Córdova (GPF), Virgilio Acuña Peralta (SN) y Carlos Bruce (CP)
Por presunto delito ambiental son investigados Francisco Ccama (GPF), en la fiscalía de Puno; y Amado Romero Rodríguez (GP), en la de Madre de Dios. Este último, además, es procesado penalmente por presunto delito de robo agravado y otros en agravio del gobierno regional de esa jurisdicción.
Asimismo, Néstor Valqui Matos (GPF) es investigado por la fiscalía de Pasco por presunto delito de proxenetismo y tiene también una condena penal ejecutoriada.
El legislador Federico Pariona Galindo (GPF) es investigado por las fiscalías de Huancayo y de Chanchamayo, por abuso de autoridad y contra la fe pública, entre otros delitos; mientras Vicente Zeballos Salinas (SN), por la fiscalía de Moquegua, por delito contra la fe publica.
En Huánuco, los legisladores José Gutiérrez Cóndor (GP) y Alejandro Yovera Flores (GP) son investigados por la Fiscalía por presunta difamación agravada y falsedad ideológica, respectivamente.
Mientras que en Lima, Mariano Portugal Catacora (AP) es investigado por una supuesta falsa declaración en proceso administrativo.
En conferencia de prensa, Abugattás aclaró que en todos estos casos se mantiene el respeto a la presunción de inocencia.
La Mesa Directiva además acordó recomendar que la Comisión de Ética también investigue, de oficio, el caso de la legisladora Elsa Anicama (GP), acusada por la prensa de difundir ilegalmente la señal de televisoras privadas en su empresa de televisión por cable, en la provincia de Pisco.
Abugattás anunció que, dadas las circunstancias, se decidió fortalecer a la Comisión de Ética con el personal necesario para que las investigaciones respecto a estos 11 legisladores se hagan con total seriedad.
En su opinión, los casos de los congresistas investigados por lavado de activos deberían pasar directamente al Poder Judicial y Ministerio Público, para que prosigan con las investigaciones.
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