Contraloría detecta serias irregularidades en obras públicas y programas sociales

Contraloría General de la República acusa a diez mil funcionarios de gobiernos central, regional y edil. Hallan deficiencias de gestión en Juntos, Vaso de Leche y el SIS, además de malos manejos en Sedapal, Agua para Todos y en colegios emblemáticos.

(La República).- La Contraloría General detectó graves irregularidades en programas sociales y obras públicas ejecutadas durante el gobierno del Apra, entre enero del 2009 y julio del 2011; es decir, la segunda mitad de la gestión de Alan García.
Sin dar detalles, el informe señala como responsables a diez mil 659 funcionarios de los gobiernos central, regional y municipal implicados en irregularidades y denunciados por corrupción, comprometiendo con ello cerca de S/. 250 millones de fondos públicos.
El contralor Fuad Khoury Zarzar presentó a la comisión de Fiscalización del Congreso el resultado de auditorías realizadas a la gestión de programas sociales.
En el programa Juntos, por ejemplo, se halló que a junio del 2010, 21 mil beneficiarios pobres o pobres extremos no cobraron el incentivo de 100 soles mensuales durante 4 años. Además se detectó que se entregó incentivos a tres mil 379 personas que no son pobres.

En el periodo 2008-2009 Contraloría también determinó “falta de capacidad de gestión” para ejecutar presupuestos en el programa Vaso de Leche, y que solo el 4% de raciones distribuidas a nivel nacional tienen valor nutricional.
En el Seguro Integral de Salud (SIS) el informe 113-2011-CG detectó pagos en exceso por S/. 27 millones a establecimientos de salud. El ente responsabilizó a cinco funcionarios el 2009, pero a la fecha la recomendación no se cumple.

Agua para Todos
Contraloría detectó irregularidades incluso en Sedapal: un examen a la construcción del Interceptor Norte arrojó “daño directo al Estado” por S/. 12,5 millones y se demandó civilmente a los funcionarios involucrados.
También, en la adquisición de dos plantas de tratamiento en San Bartolo, se denunció penalmente a los directores de Sedapal.
En el programa Agua para Todos, Contraloría auditó ocho obras entre 2010 y 2011 por un monto de 133 millones de soles. Además, se encontró responsabilidad penal y civil en obras de sistema de agua potable para pobladores pobres de Junín, Ica, Maynas, Chincha y San Martín.
En Junín se hallaron pagos adelantados en forma irregular por S/. 11 millones y la construcción de dos reservorios en forma inadecuada por S/.1,5 millones.
En el proyecto de Corredor Interoceánico Sur, tramos 2, 3 y 4, el ente encontró pagos en exceso por US$ 500 mil “por reajustes de precios en fórmula irregular”.

Perjuicio al Estado
En las obras del Tren Eléctrico, Contraloría comunicó 32 deficiencias. La principal, un incremento de US$ 108 millones sobre el expediente técnico inicial, sin autorización del ente de control. Por ello, en setiembre se iniciará un examen especial a esta obra destacada por el ex presidente García.
La remodelación de colegios emblemáticos tampoco escapó a observaciones: en el caso de la I.E. Melitón Carvajal, hubo perjuicio al Estado por medio millón de soles y se denunció por corrupción a funcionarios apristas.
Khoury anunció un examen al Banco de Materiales por la desaparición de 5 mil expedientes en el gobierno anterior y auditorías financieras a Essalud, Petroperú, Provías y ministerios.

En el Congreso se investigará al gobierno aprista
En el Congreso, Gana Perú presentará la moción para formar una comisión investigadora de presuntas irregularidades del gobierno anterior. Javier Diez Canseco anunció que se fiscalizarán licitaciones realizadas por decretos de urgencia para evadir mecanismos de control. “Obras de significación como en el caso de la Segunda Etapa del Tren Eléctrico, el proyecto de la carretera Interoceánica, el tratamiento de aguas de La Taboada y también el manejo de entidades públicas como EsSalud, Sedapal, Agua para Todos y los casos vinculados a BTR”, dijo.
Entre los 60 informes presentados por el Contralor, figura el cobro de una indemnización irregular de S/. 89 mil que hizo el ex presidente de Essalud el aprista Fernando Barrios el 2010. Contraloría halló “responsabilidad administrativa” en funcionarios que autorizaron el pago. Barrios fue excluido de responsabilidad por la comisión de Fiscalización del Congreso anterior.
También se detectaron irregularidades en la reconstrucción del Sur y delitos penales y civiles en el caso Comunicore, en la gestión del ex alcalde Luis Castañeda Lossio. Fiscalización aprobó un proyecto para proteger a personal de Contraloría frente a represalias legales.

Contraloría denuncia a 2 mil funcionarios públicos por corrupción y abuso de autoridad

Por Corrupción y abuso de autoridad. El contralor Fuad Khoury informó que funcionarios del gobierno central y de algunas regiones fueron denunciados por las vías civil y penal. Infografía de dónde están los funcionarios denunciados por la Contraloría General de la República.

(La República).- Desde principios del 2009, la Contraloría General de la República ha presentado un total de 2,477 denuncias que involucran en diferentes actos de corrupción a funcionarios del Estado peruano.
Fuad Khoury, titular de la Contraloría, informó que la institución que comanda inició 426 procesos, de los cuales 295 son penales y 131 son civiles. Es decir, un total de 1,903 fueron acusados por la vía penal y 535 por la vía civil. “Entre los funcionarios públicos involucrados en las mencionadas denuncias, hay varios que tienen hasta dos y tres quejas por haber incurrido en graves hechos. Pese a ello, continúan trabajando para el Estado, incluso ocupando el mismo cargo”, precisó.Esto tomando en cuenta que en setiembre del año pasado, la misma Contraloría presentó un total de 2,700 denuncias que involucran en diferentes actos de corrupción a 1,600 funcionarios del Estado.

La larga espera
Parte de la solución al problema de denuncias sin sanciones, en opinión de Khoury, se encuentra en las facultades sancionadoras que espera obtener el titular de la Contraloría en materia de responsabilidad administrativa funcional.
En esa línea, Khoury criticó al Poder Judicial y al Ministerio Público por no sancionar oportunamente los casos de corrupción, por lo que muchos funcionarios siguen incurriendo en este delito.
Muchos de estos perjurios están relacionados con el proceso de adquisiciones realizadas en el interior del país, principalmente en lo ligado a gobiernos regionales.
Según estimaciones de la Contraloría, el país pierde entre 6 mil y 8 mil millones de nuevos soles por hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.
Pero a la Contraloría solo le queda esperar las nuevas sanciones administrativas, aplicables desde abril de 2012, según la Ley 29622.

Regiones con más casos
Según el informe de la Contraloría General de la República, entre el 2009 y el 2011, las diez regiones que registraron el número de funcionarios más demandados son: Lima (274), Cajamarca (225), Áncash (180), Tacna (148), Puno (141), La Libertad (128), Loreto (100), Ica (96), Cusco (95), San Martín y Huánuco-Pasco, con 94 denunciados.
Las regiones con menor número de demandados son: Ucayali (3), Apurímac (5), Ayacucho (6) y Lambayeque (8). A media tabla están Arequipa (81), Junín (74), Huancavelica (65), Piura-Tumbes (52), y Amazonas (34).
Los delitos más frecuentes son peculado (38%), negociación incompatible (27%), contra la fe pública (12%), colusión (11%), abuso de autoridad (10%), falsa declaración en procesos (1%).

Municipalidad provincial de Pataz perdió S/. 100 mil durante compra de dos volquetes

Pataz, La Libertad (ANDINA).- Pérdidas por 100 mil nuevos soles se registraron en la municipalidad provincial de Pataz, en La Libertad, debido a que ex funcionarios de la comuna no demandaron a una empresa proveedora la sanción económica establecida por incumplir el plazo de entrega de dos volquetes.
Una auditoría de la Contraloría General realizada a la gestión anterior, detectó que los ex funcionarios beneficiaron a esta empresa al pagarle por adelantado un millón de nuevos soles por los camiones volquetes marca Mercedes Benz, pese a que el contrato decía que la cancelación debía hacerse al recibir la maquinaria pesada.
El proveedor utilizó el dinero pagado con antelación para comprar los vehículos a un tercero y poder entregarlos en venta a la comuna, lo que le reportó un margen de ganancia superior a los 94,000 nuevos soles.
Además, la acción de control determinó que los camiones volquetes no fueron entregados en la fecha ni en el lugar establecido en el contrato, lo que ameritaba el pago de una penalidad de 100 mil nuevos soles a favor de la municipalidad.
Sin embargo, este monto no fue exigido por los entonces funcionarios de la comuna, lo que significó un perjuicio económico a la entidad.

Los ex funcionarios tampoco demandaron a la empresa la presentación de la garantía de fiel cumplimiento por 100 mil nuevos soles durante ni después de la firma del contrato, lo que no les permitió ejecutar el cobro de este dinero cuando se produjo el retraso en la entrega de la maquinaria.
La auditoría –que comprendió el período 2008 y 2009- determinó que existen indicios razonables de que el ex gerente municipal y el ex gerente de logística que participaron en la adquisición habrían incurrido en la comisión de delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La empresa proveedora no tenía experiencia en la venta de maquinaria pesada, pues se dedicaba a la comercialización de productos agrícolas, lo que significa que también se incumplieron las bases administrativas del proceso.

Contraloría encontró presuntas irregularidades en municipalidad del distrito de Moche

En pago de S/.100 mil por servicio que nunca habría recibido

(ANDINA).- El municipio distrital de Moche, en La Libertad, habría contratado irregularmente a una empresa privada y le habría pagado casi 100 mil nuevos soles por recaudar impuestos de alcabala de uno de sus principales contribuyentes, pese a que no se demostró su participación en esa recaudación, informó la Contraloría General de la República.
Según las investigaciones que realizó la institución, no se encontró evidencias ni pruebas que la citada empresa interviniera para alcanzar ese objetivo, lo que se desprende de la documentación existente revisada en la municipalidad.
Entonces se hallaron indicios razonables de que la autoridad y algunos funcionarios ediles estarían involucrados en el presunto delito de peculado.
Además, se observó que la contratación de esta empresa habría sido irregular, pues no demostró que su especialidad fuera la cobranza de impuestos ni estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores.
La contratación se realizó de manera directa, sin un informe que contara con el sustento técnico ni legal, y sin la aprobación del concejo distrital para la exoneración del proceso de selección que correspondía.

Frente a estos hechos, la comisión encargada de realizar la auditoría recomendó que el procurador público de la Contraloría adopte acciones legales que permitan sancionar a los responsables.
La formulación de la denuncia ante el Ministerio Público se encuentra en proceso.

Oficializan ley que amplía facultades sancionadoras a Contraloría

Sanción máxima es inhabilitación por cinco años

Lima (ANDINA).- El Poder Ejecutivo oficializó hoy la norma que amplía las facultades a la Contraloría General de la República para sancionar a funcionarios públicos en materia de responsabilidad administrativa funcional, con una sanción máxima de inhabilitación por hasta por cinco años.
Mediante Ley 29622, publicada en el Diario Oficial El Peruano, la Contraloría ejercerá la potestad para sancionar cuando determina la responsabilidad administrativa funcional e impondrá una sanción derivada de los informes de control emitidos.
La potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos, excepto las autoridades elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con antejuicio político.
Entre las conductas infractoras, figura el incumplimiento de disposiciones vinculadas a la actuación funcional del servidor, incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la trasgresión grave de los principios, y realizar actos que persigan un acto prohibido.

También es una conducta infractora incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público.
Según la norma, el reglamento de la ley describe y especifica estas conductas constitutivas de responsabilidad administrativa funcional (graves o muy graves) que se encuentran en el ámbito de la potestad para sancionar de la Contraloría General.
Asimismo, dispone que el procesamiento de las infracciones leves será de competencia del titular de la entidad.
De acuerdo a la gravedad de la falta, se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno a cinco años; suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin goce de remuneraciones, no menor de 30 ni mayor de 360 días calendario.
El dispositivo legal refiere que la graduación de las sanciones se determinará por la reincidencia de la infracción, las circunstancias en las que fue cometida la infracción, grado de participación en el hecho imputado, concurrencia de diversas infracciones, efectos que produce la infracción, y gravedad de la infracción cometida.
Además, el texto faculta a la Contraloría para que remita al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido la información sobre las sanciones impuestas, cualquiera que esta fuera, para su incorporación.
Por otro lado, el procedimiento para sancionar a los infractores tendrá dos instancias conformadas por la Contraloría General de la República que tiene un órgano instructor y un órgano sancionador, y la segunda es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
Finalmente, se establece que la ley entra en vigencia a los 120 días a partir del día siguiente de su publicación, y el Poder Ejecutivo conformará una comisión especial para que reglamente la norma, integrada por dos representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos de la Contraloría y uno del Ministerio de Justicia.