Carlos Rivera: El Estado no es frontal contra la corrupción

(La República).- Carlos Rivera. Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) ratifica cuestionamiento de Ley 29703 y advierte intencionalidad política en su aprobación que alienta la impunidad.

¿Cuáles son las evidencias que prueban que lejos de reforzar la lucha contra la corrupción la Ley 29703 favorece a quienes cometen estos delitos?
El que se dicte una norma ambigua en materia de lucha anticorrupción revela que el Estado no es frontal con ese caso, y creemos que ese es el espíritu de esta norma. Es cierto, la ley plantea algunos aumentos de penas, algunos tipos penales, pero hay una discusión que se genera a partir de incorporaciones o sustracciones que se hacen de diferentes artículos.

¿A qué temas se refiere específicamente?
Al delito de colusión y a la incorporación de este elemento que exige una casi demostración de un daño económico patrimonial en agravio del Estado. Al tema de la pena de inhabilitación y de la eliminación, la despenalización de esta figura en el delito de tráfico de influencias relacionado con quien ofrece influencias sin tenerlas necesariamente. Si bien es cierto puede que la ley sea buena, los otros temas son mensajes negativos en una lucha contra la corrupción.

¿Cuál consideran que es el mayor riesgo de la norma?
El aspecto problemático es que cuando se promulga una ley de carácter penal, que probablemente sea más beneficiosa que la ley antigua, es que la ley va a surtir efecto inmediato, y aquellos que están investigados, procesados o eventualmente condenados exijan la aplicación de esa ley.

¿Advierte alguna intencionalidad en la premura con que se aprobó la ley?
Sí, creo que ha habido una intención de sorprender. El dato más importante es que esta iniciativa surge de un proyecto que la Corte Suprema presenta en febrero de este año y ahora es César San Martín quien advierte que ese no era el espíritu de su propuesta.
Ustedes advierten que pese a aprobar esta ley en corto plazo, hay normas importantes que no se han agendado el Congreso.
Hace tiempo hay un proyecto para calificar a los crímenes de corrupción como delitos imprescriptibles. Si el mensaje del Estado hubiese querido ser claro y contundente eso se hubiera discutido.

Hay quienes han dicho que no advierten que la ley aliente a la impunidad.
Me sorprende que nos coloquen como si estuviéramos vendiendo humo y sorprendiendo a la opinión pública. Tratamos de tomar en consideración que jueces y fiscales son los que interpretan la norma, pero el juez no puede ir en contra de lo que dice la ley.
“Presidente debe dirigir la lucha anticorrupción”

¿Cuál cree es la principal tarea del próximo gobierno y Congreso en la lucha anticorrupción?
El próximo Congreso tiene que hacer una revisión generalizada de las normas penales, y si no se deroga en esta ley (29703) tendría que ser una tarea prioritaria del próximo Parlamento. También se tendrá que impulsar la discusión de por qué los delitos de corrupción de funcionarios y contra la administración pública tienen que ser delitos imprescriptibles y eso acompañado de una política de lucha anticorrupción coherente.

El presidente electo Ollanta Humala aseguró que su bancada propondrá derogar la ley...
Desde mi punto de vista, la lucha anticorrupción deberá ser liderada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, sea el Presidente o el Premier, pero no debe quedar solo en discurso.

Gobierno debe revisar la polémica Ley 29703

(La República).- Pero la presidenta del Consejo de Ministros insiste en que la norma no beneficia a los corruptos. Nacionalismo presentó proyecto para derogar norma. PJ señala que cambios al proyecto original se hicieron en comisión presidida por fujimorista Sousa.
La polémica Ley 29703 que facilita salidas legales a funcionarios del Estado procesados por corrupción generó rechazo en todos los frentes judiciales y en sectores del Parlamento, donde la bancada nacionalista presentó ayer una iniciativa para su derogación.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, pidió que la norma que modificó varios artículos del Código Penal sea revisada, y se detuvo en la obligación de sancionar el delito de colusión sólo cuando exista perjuicio económico al Estado.
“El delito de colusión se produce cuando dos personas conciertan para defraudar al Estado, independientemente del daño producido. En consecuencia, esta norma tendrá que revisarse ya que permitiría la impunidad a muchos casos que se están investigando”, dijo.
Por su parte, el contralor de la República, Fuad Khoury, alertó que la ley no recoge lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, ratificadas por el Estado peruano. Ahí se señala que no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción.

Desde China, advirtió que esta ley “crea una barrera para que la Contraloría identifique a presuntos responsables” en estos actos.
En tanto, el coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Genaro Matute Mejía, señaló que la norma, que no le fue consultada, significa un tremendo retroceso en la lucha contra la corrupción, pues blinda a los enjuiciados por este delito.
“La evaluación del delito de colusión sin que haya perjuicio al Estado es un problema porque es difícil probar el perjuicio al Estado. Lo explico así: la corrupción paga comisiones por fuera y esto no aparece”, subrayó Matute.
Según el ex contralor, Rómulo León Alegría y Alberto Químper, implicados en el caso de los ‘petroaudios’, también pueden beneficiarse con esta ley.

Comisión Sousa la cambió
El presidente del Poder Judicial aclaró a través de un comunicado que la Ley Nº 29703 no recoge la propuesta original formulada.
Indicó que el proyecto original que presentaron en agosto del 2010 sufrió un cambio en la comisión de Justicia del Congreso, que preside el fujimorista Rolando Sousa, quien elaboró un texto sustitutorio donde “no se consideraron los cambios normativos planteados”.
La condición de defraudación patrimonial al Estado fue agregada por esta comisión, señaló.
Sousa reconoció que se dio la modificación de este artículo.
Como autor de la iniciativa original, el Poder Judicial anunció que analizará con mayor detalle la ley en cuestión, y oportunamente propondrá, de ser el caso, las reformas que correspondan.

Proyecto de derogación
La bancada nacionalista fue la única en reaccionar y ayer presentó el proyecto 4878/2010 que propone modificar ocho artículos del Código Penal afectados por la cuestionada ley, que sería derogada.
Víctor Mayorga explicó que se busca eliminar la figura del ‘daño económico al Estado’, como condición para sancionar. Otras observaciones se hacen para los delitos de tráfico de influencias, peculado de uso y enriquecimiento ilícito.
Otras bancadas, sin embargo, se mostraron tibias.
La premier Rosario Fernández negó que la ley elimine la inhabilitación para funcionarios implicados en corrupción. Precisó que más bien se aumentaron penas y que “la inhabilitación se mantiene porque está en el artículo 426 del Código Penal”.
A su turno, el ex procurador Ronald Gamarra dijo que cualquier modificación a la cuestionada norma no tendría efecto sobre hechos del pasado.
“El daño ya se causó y es muy grave. Se envía un mensaje de permisividad frente a las actividades de carácter delictivo”, sostuvo.

Hasta Del Castillo se favorecería
El ex procurador Luis Vargas Valdivia, experto en derecho penal, advirtió que esta ley sí beneficia a procesados por corrupción del régimen fujimorista y del gobierno aprista, pues en materia penal se aplican con retroactividad las normas favorables al imputado. Dijo que podrían pedir su absolución invocando los nuevos cambios en el Código Penal.
Advirtió que el congresista aprista y ex premier Jorge del Castillo podría ser beneficiado y solicitar el archivo de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por el caso de Petrolera Monterrico.
“Se podría argumentar que no se acreditó perjuicio patrimonial real material (al Estado) y al no existir este podrían pedir que sus patrocinados sean absueltos de cargos, se archive el proceso y se les deje de inmediato en libertad”, dijo.