(Por: Leon Trahtemberg)
En la discusión sobre el informe de la CVR y el rol de las ONGs identificadas con la defensa de los Derechos Humanos, diversos congresistas (especialmente los fujimoristas y de derecha), ex ministros y ministros vigentes del Interior y Defensa -entre otros- han cuestionado a quienes valoran la defensa de los Derechos Humanos o son voceros de los civiles afectados en la violación de sus derechos. Aducen que defienden solamente a civiles y no toman en cuenta a los policías y militares afectados. Sin embargo, estos críticos no parecen hacer mucho por su lado para defender los derechos de los familiares de los militares y policías muertos en acción y los heridos que quedaron lisiados y con diversas discapacidades.
¿Por qué no utilizan sus cargos ejecutivos y legislativos para poner en agenda con carácter de emergencia hasta la solución definitiva esos derechos desatendidos? Podrían proponer medidas como:
1). El pago de indemnizaciones completas y seguros de vida o discapacidad que les corresponde así como las viviendas que les fueron ofrecidas.
2). La entrega de medicinas, prótesis, sillas de ruedas, muletas y demás así como medicinas y tratamiento requerido, como un derecho de por vida.
3) Revertir la “baja” para reincorporarlos al servicio. En función de las capacidades que tienen, previa formación laboral, puedan tener un trabajo así sea administrativo, sentados en sus sillas de ruedas, operando computadoras, tramitando documentos, labores de inteligencia, etc. Hay infinidad de trabajos en los ministerios de Interior y Defensa (también en los otros), en las bases militares, cuarteles y comisarías, que pueden ser realizados perfectamente por quienes no tienen que tener el estado físico de un combatiente.
4) No estaría de más algún incentivo tributario para las empresas privadas que contraten a estas personas.
Quién mejor que el Presidente Ollanta Humala y el Primer Ministro Oscar Valdés, ambos ex militares, para saber de estas necesidades y a su vez las posibilidades del estado que ellos administran para resolverlas. Así mostrarían consecuencia con sus cuestionamientos hacia quienes desatienden la defensa de estos derechos. Junto con ello, la expresión de este apoyo gubernamental sería un estímulo a los esforzados policías y militares en actividad que luchan contra la delincuencia y el terrorismo, a sus familiares, y un paso crucial para curar reivindicaciones y heridas aún sangrantes en la sociedad peruana. A su vez, sería una evidencia práctica de la genuina preocupación de estos políticos y autoridades por un trato digno y justo a quienes dieron su vida y capacidad física en el cumplimiento de sus misiones nacionales.
