Comisión Luizar llegó a su fin entre discrepancias de sus miembros. Documento involucra a Kouri, Cabanillas, Allison y Giampietri.
(El Comercio) La comisión que investiga la ilegal interceptación telefónica realizada por BTR ya tiene su informe final. Ayer, en la última sesión del grupo de trabajo (el plazo para presentar el documento vencía ayer), lo aprobaron por mayoría.
La votación quedó empatada dos a dos (Oswaldo Luizar y Cayo Galindo votaron a favor y José Vargas y Walter Menchola en contra, mientras que Rolando Sousa se abstuvo). Debido al empate, Luizar, como titular de la comisión, tuvo que hacer uso de su voto dirimente.
El presidente de la comisión informó que el documento que se aprobó es diferente al borrador que la semana pasada adelantó el programa “Prensa libre”. Eso implicó que se retiraran y modificaran algunas recomendaciones y conclusiones.
Los congresistas Vargas (Apra) y Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista) manifestaron que tenían varias discrepancias con la información del documento final y afirmaron que cada uno elaborará uno en minoría.
Ahora le corresponde al pleno del Parlamento aprobar o rechazar el informe.
LAS CONCLUSIONES
Según la investigación, existen indicios razonables de que BTR y Andrick Service S.A.C. habían actuado de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas. También se afirma que ambas empresas triangulaban información proveniente del “chuponeo” y que hay indicios de que BTR estuvo inmersa en actividades ilícitas de lavado de activos.
Además dice que existen elementos razonables para considerar la participación de Álex Kouri en la contratación de BTR para “chuponear” a Rogelio Canches cuando era presidente regional del Callao.
También que el ex ministro Francis Allison estaría involucrado en operaciones de lavado de activos a través de BTR y que brindó falso testimonio a la comisión cuando declaró sobre sus cuentas bancarias.
De lo investigado, también se concluye que Mercedes Cabanillas ordenó la contratación de BTR y que no se ha sustentado debidamente los trabajos que la empresa hizo durante su período como presidenta del Congreso.
Asimismo, que el Ministerio de Transportes y Osiptel tienen responsabilidad política y administrativa, ya que las interceptaciones telefónicas son delitos permanentes.
LAS RECOMENDACIONES
La investigación recomienda modificar el artículo 162 del Código Penal que tipifica el delito de interceptaciones telefónicas.
El informe también recomienda que, al no tener competencias para investigar a los parlamentarios implicados, todo el informe sea derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética para que estas determinen cualquier ilícito o violación del Código de Ética.
Según el documento, también se recomienda que la documentación y anexos que llevan a concluir que las personas o empresas implicadas en la investigación cometieron algún delito, pasen al Ministerio Público para que esta realice las acciones que considere pertinente.
Periodista es incluido como miembro de organización
Según el informe final, el periodista Pablo O’Brien Cuadros ha sido incluido como parte de la organización delictiva que hacía interceptaciones telefónicas.
En esta organización también están incluidos Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados, Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Anglés, Jesús Tirado Seguín, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza.
En el documento también se concluye que existen serias contradicciones entre la primera y la segunda declaración que hizo el periodista O’Brien ante el grupo de trabajo, así como entre lo que él dijo y lo que afirmó la dirección del diario El Comercio y Giselle Giannotti, miembro de BTR.
Debido a la conclusión a la que ha llegado la comisión respecto a O’Brien, se recomienda que el informe final, la documentación y anexos sean puestos a disposición del Ministerio Público para que este realice las acciones pertinentes e investigue los hechos que ha expuesto el grupo de trabajo con el objetivo de individualizar la responsabilidad y adecúe la conducta al tipo penal que corresponde para el caso.
EN PUNTOS
Según documentos a los que El Comercio tuvo acceso, durante el período que la Comisión Luizar laboró (15 meses) se le pagó un total de S/.229.419 al personal que trabajó en ella.
El que más dinero recibió fue el ex parlamentario Michael Martínez (S/.93.696), quien laboró en el grupo de trabajo entre febrero del 2009 y febrero del 2010.
A Martínez le siguen Marcela Morales Catter (S/.35.945), quien trabajó entre octubre del 2009 y febrero del 2010, y Gustavo Díaz La Rosa (S/.32.846), que laboró entre diciembre del 2008 y julio del 2009.
La comisión también gastó S/.16.179 en la compra de material usado para que el grupo de trabajo opere.
(El Comercio) La comisión que investiga la ilegal interceptación telefónica realizada por BTR ya tiene su informe final. Ayer, en la última sesión del grupo de trabajo (el plazo para presentar el documento vencía ayer), lo aprobaron por mayoría.
La votación quedó empatada dos a dos (Oswaldo Luizar y Cayo Galindo votaron a favor y José Vargas y Walter Menchola en contra, mientras que Rolando Sousa se abstuvo). Debido al empate, Luizar, como titular de la comisión, tuvo que hacer uso de su voto dirimente.
El presidente de la comisión informó que el documento que se aprobó es diferente al borrador que la semana pasada adelantó el programa “Prensa libre”. Eso implicó que se retiraran y modificaran algunas recomendaciones y conclusiones.
Los congresistas Vargas (Apra) y Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista) manifestaron que tenían varias discrepancias con la información del documento final y afirmaron que cada uno elaborará uno en minoría.
Ahora le corresponde al pleno del Parlamento aprobar o rechazar el informe.
LAS CONCLUSIONES
Según la investigación, existen indicios razonables de que BTR y Andrick Service S.A.C. habían actuado de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas. También se afirma que ambas empresas triangulaban información proveniente del “chuponeo” y que hay indicios de que BTR estuvo inmersa en actividades ilícitas de lavado de activos.
Además dice que existen elementos razonables para considerar la participación de Álex Kouri en la contratación de BTR para “chuponear” a Rogelio Canches cuando era presidente regional del Callao.
También que el ex ministro Francis Allison estaría involucrado en operaciones de lavado de activos a través de BTR y que brindó falso testimonio a la comisión cuando declaró sobre sus cuentas bancarias.
De lo investigado, también se concluye que Mercedes Cabanillas ordenó la contratación de BTR y que no se ha sustentado debidamente los trabajos que la empresa hizo durante su período como presidenta del Congreso.
Asimismo, que el Ministerio de Transportes y Osiptel tienen responsabilidad política y administrativa, ya que las interceptaciones telefónicas son delitos permanentes.
LAS RECOMENDACIONES
La investigación recomienda modificar el artículo 162 del Código Penal que tipifica el delito de interceptaciones telefónicas.
El informe también recomienda que, al no tener competencias para investigar a los parlamentarios implicados, todo el informe sea derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética para que estas determinen cualquier ilícito o violación del Código de Ética.
Según el documento, también se recomienda que la documentación y anexos que llevan a concluir que las personas o empresas implicadas en la investigación cometieron algún delito, pasen al Ministerio Público para que esta realice las acciones que considere pertinente.
Periodista es incluido como miembro de organización
Según el informe final, el periodista Pablo O’Brien Cuadros ha sido incluido como parte de la organización delictiva que hacía interceptaciones telefónicas.
En esta organización también están incluidos Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados, Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Anglés, Jesús Tirado Seguín, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza.
En el documento también se concluye que existen serias contradicciones entre la primera y la segunda declaración que hizo el periodista O’Brien ante el grupo de trabajo, así como entre lo que él dijo y lo que afirmó la dirección del diario El Comercio y Giselle Giannotti, miembro de BTR.
Debido a la conclusión a la que ha llegado la comisión respecto a O’Brien, se recomienda que el informe final, la documentación y anexos sean puestos a disposición del Ministerio Público para que este realice las acciones pertinentes e investigue los hechos que ha expuesto el grupo de trabajo con el objetivo de individualizar la responsabilidad y adecúe la conducta al tipo penal que corresponde para el caso.
EN PUNTOS
Según documentos a los que El Comercio tuvo acceso, durante el período que la Comisión Luizar laboró (15 meses) se le pagó un total de S/.229.419 al personal que trabajó en ella.
El que más dinero recibió fue el ex parlamentario Michael Martínez (S/.93.696), quien laboró en el grupo de trabajo entre febrero del 2009 y febrero del 2010.
A Martínez le siguen Marcela Morales Catter (S/.35.945), quien trabajó entre octubre del 2009 y febrero del 2010, y Gustavo Díaz La Rosa (S/.32.846), que laboró entre diciembre del 2008 y julio del 2009.
La comisión también gastó S/.16.179 en la compra de material usado para que el grupo de trabajo opere.
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