• Si no se amplía la Ley PIR, cientos de mujeres quedarían excluidas de reparación.
• Solo tres casos han sido judicializados, y no se han emitido sentencias, los culpables siguen impunes.
• No se conoce el monto que se destinará a las reparaciones individuales de los 40 millones ofrecidos por la PCM.
Por: Rosa Cisneros
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y la congresista María Sumire, demandaron al Estado el otorgamiento de reparaciones integrales a las víctimas del conflicto armado interno y la asignación de partidas presupuestales adecuadas para ejecutarlas, así como la ampliación de la Ley que rige el Plan Integral de Reparaciones (PIR), para que las afectadas por otras formas de violencia sexual puedan acceder a este derecho.
Durante su intervención en una conferencia de prensa realizada por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la parlamentaria llamó la atención sobre la postergación del debate del proyecto de ley N° 2906/2008-CR en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. “El poco interés en aprobar este proyecto que amplía el PIR es una forma más de exclusión y discriminación hacia las mujeres más desprotegidas de nuestro país”, dijo.
El Consejo de Reparaciones reportó que a noviembre de 2010, 185 mujeres afectadas por violencia sexual estaban inscritas, mientras que 152 solicitudes estaban pendientes de revisión. Asimismo, se había reconocido como víctimas de violación sexual a 1,150 mujeres, mientras que 167 solicitudes esperaban ser evaluadas, con lo que en total suman 2184 los casos de violencia sexual acreditados y en proceso. En mayo, el total de casos fue 2293.
Las organizaciones convocantes a la conferencia de prensa anunciaron que alcanzarán a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la PCM, recomendaciones para superar dificultades y retrasos en la inscripción de las víctimas, para hacer posible que accedan plenamente a sus derechos. Si no se amplía el PIR, cientos de mujeres que sufrieron embarazos forzados, uniones forzadas, esclavitud sexual, entre otros delitos, pueden ser excluidas de las reparaciones que les corresponden.
De igual manera, se informó que existen dificultades para el proceso de calificación en el Registro Único de Víctimas de las mujeres que fueron detenidas, investigadas o indultadas por temas relacionados con el conflicto armado interno.
La ley que reglamenta el Plan Integral de Reparaciones tiene una comprensión limitada de la violencia sexual y contempla solo a la violación sexual como delito que amerita una reparación, aunque la CVR si reconoce a otras formas de violencia sexual como afectaciones diferenciadas de la guerra interna.
Rocío Paz, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) destacó la necesidad de reparar integralmente a las víctimas, con medidas que incluyan aspectos como educación, salud, entre otros, necesarios para reconstruir sus proyectos de vida truncados por la violencia que sufrieron.
El dictamen de la Ley de Presupuesto 2011 ha asignado una partida de 40 millones de soles para la implementación de las reparaciones, pero no especifica los montos destinados a las reparaciones individuales. En agosto de este año, el entonces Premier Javier Velásquez Quesquén anunció que a partir del próximo año se efectuarían las reparaciones individuales.
Si acceder a reparación presenta diversas dificultades para las víctimas, la justicia tampoco está al alcance de quienes fueron afectadas y venciendo el temor pudieron denunciar lo ocurrido. Según informó Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), hasta la fecha “solo tres casos han sido judicializados y están en la etapa de investigación fiscal, no existe ninguna sentencia; por lo tanto, los culpables siguen impunes”.
En este aspecto, Gladys Canales, vocera de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno (CONAMUACAI) señaló que “el Estado ha reconocido la responsabilidad que tuvo en estos hechos, se tienen pruebas de lo ocurrido, pero incomprensiblemente no existe ninguna sanción”. Indicó, asimismo, que tampoco se ha cumplido con adecuar la legislación nacional al Estatuto de Roma, que considera a la violencia sexual como crimen de lesa humanidad cuando se comete en forma sistemática y generalizada, como sucedió en los años del conflicto armado interno.
• Solo tres casos han sido judicializados, y no se han emitido sentencias, los culpables siguen impunes.
• No se conoce el monto que se destinará a las reparaciones individuales de los 40 millones ofrecidos por la PCM.
Por: Rosa Cisneros
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y la congresista María Sumire, demandaron al Estado el otorgamiento de reparaciones integrales a las víctimas del conflicto armado interno y la asignación de partidas presupuestales adecuadas para ejecutarlas, así como la ampliación de la Ley que rige el Plan Integral de Reparaciones (PIR), para que las afectadas por otras formas de violencia sexual puedan acceder a este derecho.
Durante su intervención en una conferencia de prensa realizada por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la parlamentaria llamó la atención sobre la postergación del debate del proyecto de ley N° 2906/2008-CR en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. “El poco interés en aprobar este proyecto que amplía el PIR es una forma más de exclusión y discriminación hacia las mujeres más desprotegidas de nuestro país”, dijo.
El Consejo de Reparaciones reportó que a noviembre de 2010, 185 mujeres afectadas por violencia sexual estaban inscritas, mientras que 152 solicitudes estaban pendientes de revisión. Asimismo, se había reconocido como víctimas de violación sexual a 1,150 mujeres, mientras que 167 solicitudes esperaban ser evaluadas, con lo que en total suman 2184 los casos de violencia sexual acreditados y en proceso. En mayo, el total de casos fue 2293.
Las organizaciones convocantes a la conferencia de prensa anunciaron que alcanzarán a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la PCM, recomendaciones para superar dificultades y retrasos en la inscripción de las víctimas, para hacer posible que accedan plenamente a sus derechos. Si no se amplía el PIR, cientos de mujeres que sufrieron embarazos forzados, uniones forzadas, esclavitud sexual, entre otros delitos, pueden ser excluidas de las reparaciones que les corresponden.
De igual manera, se informó que existen dificultades para el proceso de calificación en el Registro Único de Víctimas de las mujeres que fueron detenidas, investigadas o indultadas por temas relacionados con el conflicto armado interno.
La ley que reglamenta el Plan Integral de Reparaciones tiene una comprensión limitada de la violencia sexual y contempla solo a la violación sexual como delito que amerita una reparación, aunque la CVR si reconoce a otras formas de violencia sexual como afectaciones diferenciadas de la guerra interna.
Rocío Paz, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) destacó la necesidad de reparar integralmente a las víctimas, con medidas que incluyan aspectos como educación, salud, entre otros, necesarios para reconstruir sus proyectos de vida truncados por la violencia que sufrieron.
El dictamen de la Ley de Presupuesto 2011 ha asignado una partida de 40 millones de soles para la implementación de las reparaciones, pero no especifica los montos destinados a las reparaciones individuales. En agosto de este año, el entonces Premier Javier Velásquez Quesquén anunció que a partir del próximo año se efectuarían las reparaciones individuales.
Si acceder a reparación presenta diversas dificultades para las víctimas, la justicia tampoco está al alcance de quienes fueron afectadas y venciendo el temor pudieron denunciar lo ocurrido. Según informó Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), hasta la fecha “solo tres casos han sido judicializados y están en la etapa de investigación fiscal, no existe ninguna sentencia; por lo tanto, los culpables siguen impunes”.
En este aspecto, Gladys Canales, vocera de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno (CONAMUACAI) señaló que “el Estado ha reconocido la responsabilidad que tuvo en estos hechos, se tienen pruebas de lo ocurrido, pero incomprensiblemente no existe ninguna sanción”. Indicó, asimismo, que tampoco se ha cumplido con adecuar la legislación nacional al Estatuto de Roma, que considera a la violencia sexual como crimen de lesa humanidad cuando se comete en forma sistemática y generalizada, como sucedió en los años del conflicto armado interno.
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