Lima.- Las victimas de violencia sexual tienen una vía de acceso a la justicia con la aplicación obligatoria del Acuerdo Plenario Nº 1-2011 del Poder Judicial, que adopta la perspectiva de género e impone reglas para la valoración de las pruebas en estos casos.
Aprobada el 6 de diciembre de 2011, esta medida reconoce la violencia sexual como abuso de poder que afecta mayoritaria y gravemente a las mujeres, niñas y niños. Asimismo, rechaza los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales y exige que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de pruebas a fin de evitar que se lesione la dignidad de la víctima y se propicie la impunidad
Algunos de los criterios de apreciación de la prueba impuestos por este Acuerdo son la no exigencia de señales de resistencia física de la víctima para considerar que existió
Violación sexual. Prohíbe también que se haga referencia a la conducta sexual o social anterior o posterior de la víctima, para no afectar su intimidad.
Al mismo tiempo, dispone no considerar la retractación de la denuncia de la víctima, cuando el agresor es de su entorno familiar o social próximo, como signo de que ella está mintiendo; menos aún si es que hay indicios del delito y no hay razones para pensar que la denuncia se hace para exculpar a otras personas, con ánimos de venganza u otras razones parecidas.
También fomenta la declaración única de la víctima, haciendo uso de la figura procesal de la “prueba anticipada del delito”; preserva su identidad y garantiza la reserva de las actuaciones judiciales.
Este Acuerdo Plenario, propuesto y sustentado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer-DEMUS apunta a impedir la absolución del agresor o el archivamiento del proceso, tal y como viene sucediendo con el 90 por ciento de casos por violencia sexual contra mujeres adultas y menores de14 a 17 años, llevados por el Poder Judicial.
Aprobada el 6 de diciembre de 2011, esta medida reconoce la violencia sexual como abuso de poder que afecta mayoritaria y gravemente a las mujeres, niñas y niños. Asimismo, rechaza los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales y exige que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de pruebas a fin de evitar que se lesione la dignidad de la víctima y se propicie la impunidad
Algunos de los criterios de apreciación de la prueba impuestos por este Acuerdo son la no exigencia de señales de resistencia física de la víctima para considerar que existió
Violación sexual. Prohíbe también que se haga referencia a la conducta sexual o social anterior o posterior de la víctima, para no afectar su intimidad.
Al mismo tiempo, dispone no considerar la retractación de la denuncia de la víctima, cuando el agresor es de su entorno familiar o social próximo, como signo de que ella está mintiendo; menos aún si es que hay indicios del delito y no hay razones para pensar que la denuncia se hace para exculpar a otras personas, con ánimos de venganza u otras razones parecidas.
También fomenta la declaración única de la víctima, haciendo uso de la figura procesal de la “prueba anticipada del delito”; preserva su identidad y garantiza la reserva de las actuaciones judiciales.
Este Acuerdo Plenario, propuesto y sustentado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer-DEMUS apunta a impedir la absolución del agresor o el archivamiento del proceso, tal y como viene sucediendo con el 90 por ciento de casos por violencia sexual contra mujeres adultas y menores de14 a 17 años, llevados por el Poder Judicial.
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