Mujeres demandan políticas sobre violencia sexual

 A pesar que el Perú posee la más alta tasa de denuncias por violación sexual de toda América Latina, las mujeres aún son obligadas a continuar con un embarazo no deseado.

Lima.- La realidad es cruda: el Perú es el país que presenta la más alta tasa de violaciones sexuales en toda América Latina (Mujica 2011) y a pesar de ello, las mujeres que resultan embarazadas producto de ese hecho de violencia tienen que continuar con su gestación sin tomar en cuenta si son menores de edad.
Según la Policía Nacional del Perú, en el año 2010 se registraron a nivel nacional 5,273 denuncias por violación de la libertad sexual, es decir, entre 14 y 15 denuncias por día. El 94% de las víctimas son mujeres. Sin embargo, estas cifras no representan la totalidad de casos de ultraje, ya que muchas no denuncian estos hechos. Asimismo, es necesario visibilizar otras formas de violencia sexual como las que ocurren durante conflictos armados y sociales.
Es por ello, que un colectivo conformado por Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, Demus, Promsex, Movimiento Manuela Ramos, Cladem Perú y Centro Flora Tristán, demanda al Congreso de la República que debata y apruebe políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual.

Para este colectivo “las políticas han estado orientadas solamente a la sanción de este delito, pero es necesario promover políticas más integrales. Además, cuando una mujer es violada no se condena el hecho desde el primer momento, sino que se busca culpabilizar a la mujer por haber ‘provocado’ la violación”.
Asimismo, agregaron que de acuerdo a las denuncias presentadas a la Policía Nacional del Perú en el año 2010, casi 7 de cada 10 de las víctimas de violencia sexual son mujeres mayores de 14 años, es decir, se encuentran en edad reproductiva y podrían resultar embarazadas producto de la violación. En ese sentido, aseveraron que cuando el Estado no garantiza a las mujeres la libertad para decidir si continúan su embarazo o no, la mujer es doblemente violentada.
Es en ese contexto que las organizaciones feministas mencionadas, en coordinación con los congresistas Claudia Coari, Verónika Mendoza y Sergio Tejada y con la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, realizarán el Foro “Estado laico, violencia sexual y políticas públicas” el martes 5 de junio, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República (Jr. Azángaro 468, Lima), a partir de las 9.00 am.
Allí se analizará la violencia sexual como un problema de salud pública y de derechos humanos, a la vez que se informará a las autoridades y a la opinión pública sobre la necesidad de adoptar políticas para prevenir, atender y sancionar este problema, garantizando los derechos humanos de las mujeres en el marco de un Estado laico.
Cabe indicar que también participarán representantes de la Organización Panamericana de la Salud, Colegio Médico del Perú, Asociación Internacional de Salud Mental para la Mujer y Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP. (Martina Ramón Sánchez)

De 24 casos registrados de violencia familiar y sexual, 96% es contra mujeres

En el CEM de La Esperanza, durante enero

La Esperanza, La Libertad.- Las mujeres siguen siendo las víctimas mayoritarias de la violencia familiar y el abuso sexual, según los casos denunciados durante el mes de enero pasado ante el Centro Emergencia de la Mujer, (CEM) del distrito de la Esperanza, que ahora está bajo la administración de la Municipalidad Provincial de Trujillo
De acuerdo a los informes mensuales sobre el trabajado desarrollado por el equipo de profesionales que labora en el CEM La Esperanza, de los 24 casos presentados por violencia familiar y sexual en enero del presente año, 20 casos (83%) son casos nuevos y solo 4 casos (17%) son reincidentes.
Del total de estos casos 23 (96%) corresponden a mujeres como víctimas de la violencia familiar y sexual y solo un caso está referido a un hombre (4%).
El informe alcanzado por el CEM de La Esperanza a la Gerencia de Desarrollo Social de la MPT, indica con claridad una cruda realidad que exige a la sociedad su atención.

Los CEM de Trujillo y La Esperanza fueron transferidos por el ex¬-Mimdes, en cumplimiento del proceso de transferencia de los programas sociales del Estado a los gobiernos locales y, desde entonces, se ha duplicado la atención de casos atendidos.
Para mejorar la atención a las personas víctimas de violencia familiar y sexual, el alcalde provincial César Acuña Peralta, implementó un local especial ubicado en la esquina del jirón Grau y Colón, donde se recibe y atiende a las víctimas de la violencia y abuso sexual.
La gerente de Desarrollo Social de la MPT, Tania Baca Romero, y la subgerente de Derechos Humanos, Liliana Vásquez Rumiche, son las responsables administrativas de los CEMs de Trujillo y La Esperanza. Ellas mantienen permanente coordinación con las responsables del área de Prevención de la violencia familiar y sexual. (Pedro Borjas Paredes)

Aplicación de reciente Acuerdo Plenario del Poder Judicial contribuirá a evitar impunidad en casos de violencia sexual

Lima.- Las victimas de violencia sexual tienen una vía de acceso a la justicia con la aplicación obligatoria del Acuerdo Plenario Nº 1-2011 del Poder Judicial, que adopta la perspectiva de género e impone reglas para la valoración de las pruebas en estos casos.
Aprobada el 6 de diciembre de 2011, esta medida reconoce la violencia sexual como abuso de poder que afecta mayoritaria y gravemente a las mujeres, niñas y niños. Asimismo, rechaza los prejuicios o estereotipos de género al momento de juzgar los delitos sexuales y exige que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de pruebas a fin de evitar que se lesione la dignidad de la víctima y se propicie la impunidad
Algunos de los criterios de apreciación de la prueba impuestos por este Acuerdo son la no exigencia de señales de resistencia física de la víctima para considerar que existió
Violación sexual. Prohíbe también que se haga referencia a la conducta sexual o social anterior o posterior de la víctima, para no afectar su intimidad.

Al mismo tiempo, dispone no considerar la retractación de la denuncia de la víctima, cuando el agresor es de su entorno familiar o social próximo, como signo de que ella está mintiendo; menos aún si es que hay indicios del delito y no hay razones para pensar que la denuncia se hace para exculpar a otras personas, con ánimos de venganza u otras razones parecidas.
También fomenta la declaración única de la víctima, haciendo uso de la figura procesal de la “prueba anticipada del delito”; preserva su identidad y garantiza la reserva de las actuaciones judiciales.
Este Acuerdo Plenario, propuesto y sustentado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer-DEMUS apunta a impedir la absolución del agresor o el archivamiento del proceso, tal y como viene sucediendo con el 90 por ciento de casos por violencia sexual contra mujeres adultas y menores de14 a 17 años, llevados por el Poder Judicial.

Acuerdo Plenario para hacer frente a la impunidad en procesos de violencia sexual

Propuesta presentada por DEMUS que apunta a superar patrones discriminatorios en los procesos judiciales por delitos sexuales, también puede ser comentada y apoyada por la ciudadanía.

Lima.- La valoración de la prueba en los delitos contra la Libertad Sexual es uno de los temas aprobados para ser objeto de Acuerdo Plenario en la Corte Suprema a fines de año. Con esta medida, elevada por la institución feminista DEMUS, se trata de impedir la absolución del agresor o el archivamiento del proceso, tal y como sucede actualmente, en el 90 por ciento de casos por violencia sexual contra mujeres adultas y menores de 14 a 17 años, llevados por el Poder Judicial.
Los acuerdos plenarios son medidas que adoptan los jueces para resolver distintos problemas jurídicos que se les presentan con cada caso concreto o uniformizar criterios diferentes utilizados en casos similares para hacer predecible los estándares de justicia aplicables a los casos. La propuesta mencionada será evaluada por los jueces supremos de las Salas Penales Permanente y Transitoria, por lo que regirá a nivel nacional. En esta etapa está prevista, además, la participación ciudadana apoyando esta iniciativa a través del foro virtual en la página web del Poder Judicial.

Esta propuesta que busca incorporar como criterios de valoración de la prueba en delitos sexuales, las reglas 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional y apunta a que en los procesos jueces y juezas no indaguen en el pasado sexual de la afectada y ya no consideren que la falta de consentimiento se infiere sólo de la violencia, así como tomen en cuenta la situación o contexto en el que pueden vivir las mujeres y por el cual muchas veces no están en condiciones de oponer resistencia física que las llevaría a consecuencias más graves. “Estas posturas reflejan la persistencia de estereotipos y creencias machistas en el imaginario de los magistrados y magistradas y contravienen el principio de debida diligencia y de no discriminación” apuntó Jeannette Llaja, directora de DEMUS.
“Más de 35 mil juicios por delitos sexuales son vistos en el Poder Judicial y la carga procesal por violencia sexual es muy alta, y la justicia sigue siendo esquiva para la mayoría de las víctimas”, agregó la abogada.

Algunos contrastes en la actuación de los magistrados en casos de delitos sexuales
En el marco del Día del Juez y la Jueza, el pasado 4 de agosto, la jueza superior Dora Ampudia, fue investida con la Orden Peruana de la Justicia en el Grado de Gran Oficial, en reconocimiento a su destacada carrera de magistrada. Es importante destacar que la Dra. Ampudia fue la magistrada sustanciadora de la destitución del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jovino Cabanillas Saldívar, culpable de hostigamiento sexual contra dos trabajadoras de su despacho en el Poder Judicial.
Por otro lado, también destacamos, señaló la directora de DEMUS, como muestra de la voluntad de mejorar la administración de justicia para los delitos sexuales, la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificar como juez supremo al Dr. Robinson Gonzales, porque, entre otras razones, en la evaluación de ejecutorias suyas se identificó que en un caso de violación sexual contra una menor, absolvió al imputado bajo el argumento de que la ausencia de marcas en el cuerpo de la víctima, así como de “sólo” desagarro parcial del himen demostraban falta de resistencia de la agraviada, por tanto, su consentimiento. (Martina Ramón Sánchez)