Pese a que las promesas de los políticos criollos hay que tomarlas con pinzas porque siempre están cargadas de sospechas, oportunismo y/o de recurrente demagogia, confío en que lo escrito y firmado el viernes último en este diario, por Fredy Otárola, presidente del Congreso de la República, constituya un sincera autocrítica más que una respuesta al sondeo de opinión que revela que el 56 por ciento de la población califica a ese poder del Estado como la institución más corrupta del país.
Y que no responda al 26 por ciento del resbaloso tobogán del presidente Ollanta Humala ni a los acomodos interpartidarios con miras al 2016. La consulta estadística –según la encuestadora responsable- se realizó con anterioridad a la “repartija”, por lo que se descarta que esa escandalosa componenda haya influido en la percepción popular.
Por la misma razón, tampoco tenga que ver la “denuncia”, con gran repercusión mediática, del experto Jaime Antezana, de los vínculos de congresistas –algunos obvios y otros no identificados- con el narcotráfico.
Los indicios, algunos convertidos en pruebas, de ilicitudes y contravenciones éticas no son nuevos en el Poder Legislativo como su actual presidente lo acepta al “reconocer que el Congreso atraviesa actualmente por una crisis de credibilidad” y que “también resulta históricamente constatable que esta situación ha estado presente en el proceso democrático peruano en las últimas décadas”.
En el argot jurídico se dice que, a confesión de parte, relevo de prueba. Empero, es injustificable que el señor Antezana difunda tan graves imputaciones sin presentar pruebas ni identificar a los infractores de la ley.
Antezana es consciente de esto y, a modo de rectificación frente la resonancia mediática de su información, seguida de su opinión respecto a una empresa del congresista Kenyi Fujimori, presunta de tráfico internacional ilícito de estupefacientes, ya concurrió ante la procuradora antidrogas Sonia Medina, a fin de pedirle que –en caso de ameritarlo lo que él considera una investigación especializada- formalice la denuncia penal. Y, tras respaldar la investigación de los llamados “narcoindultos”, ha dejado constancia, al mismo tiempo, de las amenazas de las que estaría siendo víctima.
En este contexto, el pronunciamiento, de puño y letra, del presidente del Congreso de la República, adquiere singular significación porque, además de la descalificación popular a ese poder del Estado, desde las filas al oficialismo del que forma parte, se han escuchado voces coincidentes con las del aprismo y el fujimorismo que sugieren la participación del conocido especialista en narcoterrorismo en una “cortina de humo”.
Fredy Otárola reconoce que existen razones para que la opinión pública condene a la institución que preside – como ha ocurrido durante la VII encuesta nacional de Proética-; pero deplora las declaraciones de Antezana que estima “irresponsables”, toda vez que, como lo ha sostenido un columnista, incriminar al Congreso “es un deporte fácil” precisamente por la densa casuística antiética de sus actuales y anteriores integrantes .
“Nuestra función como legisladores debe estar basada en los fundamentos de la ética política, que no son otros que la igualdad de dignidad y derechos de la persona y probidad de los funcionarios públicos”, ha remarcado, prologando su decisión de impulsar el Plan Nacional Anticorrupción. Aunque con buenas intenciones está empedrado el infierno.
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