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La
magistrada informó que su despacho
volvió a remitir el expediente que devolvió el Poder Judicial, donde se requería
la prisión preventiva y el impedimento de salida del país, para los
responsables del delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad de
atentados contra los monumentos arqueológicos, en agravio del Estado peruano.
Con dicho
documento se ingresó la disposición fiscal Nº 002-2014-DDT-2FPPC-Nasca, donde
se establece claramente que la juez del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Nasca debe cumplir con la notificación a los miembros de la ONG
ambientalista.
Refirió
que el Ministerio Público respaldó su solicitud, conforme al artículo 128 del Código Procesal Penal que a la letra dice
“cuando se ignore el lugar donde se encuentre la persona que deba ser
notificada, la resolución se hará saber por edicto que se publicará en el
diario oficial de la sede de la Corte Superior o a través del portal o página
web de la institución, sin perjuicio de las medidas convenientes para
localizarlo”.
De este
modo se concluye que el Poder Judicial debe proceder de acuerdo a sus
atribuciones en estricta observancia a la normatividad procesal penal vigente.
Fuente: INFOREGIÓN
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