Por: Aída García Naranjo)
Habrá más de 741 mujeres que se presenten al Congreso, considerando que 19 listas de 130 candidaturas cumplirán con el 30% de la cuota de género, y decimos que habrá más aún ya que algunos grupos, como el Frente Amplio, han ofrecido alternancia en la conformación de su lista. Hay planchas que han incorporado dos mujeres Solo 5 no las incluyen
Lo rescatable es que se avanza en la percepción y que existe la convicción de que ya no es posible excluir a las mujeres de los espacios de representación política, aunque persista la resistencia por asignarles el rol principal.
Además de las mujeres de las listas parlamentarias, solo 2 van como candidatas presidenciales y 15 como candidatas a vicepresidentas en las planchas, 6 a la primera vicepresidencia y 9 para la segunda vicepresidencia.
Fue en el año 1980 cuando se incluyó por primera vez a una mujer como candidata a una vicepresidencia y en 1990 una mujer, Dora Larrea de Castillo (Unión Nacional Odriísta) postuló a la presidencia, lo que no había ocurrido hasta entonces.
La notoria presencia de mujeres en las planchas y el cumplimiento de la cuota de género es importante, sin embargo, no es garantía de la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la agenda electoral de los grupos que participan en las elecciones. Y esto nos lleva a mirar más allá de las cifras y superar la mirada solo cuantitativa, pese al ascenso numérico en estos 35 años.
Falta ver también quiénes y cuántas mujeres encabezan las formulas parlamentarias y cuántas y quiénes serán ubicadas en el tercio superior o en puestos elegibles, tomando en cuenta que en el actual Congreso y su mal llamada “Reforma Electoral” (en realidad, prácticamente una contrareforma) no aprobó ni la Alternancia o mandato de posición, y menos aún la Paridad, que aplica ya varios países de nuestra región. La cuota de género que existe hoy ya no es suficiente. No nos engañemos.
Los planes y los equipos de gobierno presentados están lejos también de representar paridad. Es más, aquellos grupos que se han planteado la paridad no incluyeron ni una sola mujer en sus equipos económicos. No hay, tampoco, enfoque de género en las propuestas de la mayoría de listas que postulan y algunas han tenido omisiones inaceptables. Ni hablar de las ausencias en materia de Derechos Humanos.
Reglas contra la equidad
Muchas veces hemos dicho que garantizar la representación de las mujeres en los órganos del Estado es un peldaño importante para empezar a modificar las estructuras básicas del poder político y favorecer las opciones de cambio. Esto no quiere decir que sea suficiente lograr ampliar la presencia femenina, pero sin este paso nuestra voz estará siempre excluida. Para que los derechos de las mujeres sean reconocidos y las demandas de nuestras organizaciones estén presentes se requiere que las reglas del juego político no estén construidas en contra de la equidad. Y, por lo que puede verse, ésta sigue siendo una pelea desigual, porque al machismo tradicional y los intereses creados se suma la propia inconciencia de una parte de las mujeres que no son capaces de usar las posiciones conquistadas para fortalecer los derechos políticos y derechos ciudadanos en general.
El archivamiento de la ley de Alternancia y de Paridad no sólo es una avance que se nos niega, sino que podría ser un retroceso directo si es que se le asocia a la eliminación del voto preferencial y a las listas cerradas decididas dentro de partidos donde las mujeres estamos subrepresentadas. La democracia interna es aún muy débil.
Todo indica que sin un nuevo movimiento por los derechos políticos que ponga en acción al mayor número de mujeres¬¬¬, de distintas filiaciones políticas y de las más diversas organizaciones sociales, no ganaremos esta nueva batalla.
Antecedentes
Las mujeres sabemos que los derechos políticos siempre nos han sido regateados. La Constitución de 1933 definió que sólo se reconocería el voto femenino para elecciones municipales, presumiendo que este era voto “no preparado” para ser ejercido en votaciones nacionales. Como no hubo elección municipal alguna, el “derecho reconocido” no pudo ejercerse y recién en 1956, después de una período de dictadura, se estableció que las mujeres y los hombres alfabetos podrían elegir y ser elegidos a los cargos nacionales.
Finalmente la Asamblea Constituyente 1978 – 1979 otorgó el voto a la población analfabeta, principalmente compuesta por población rural y mayoritariamente por mujeres. Recién existió una relativa igualdad frente al derecho de elegir, más no en el de ser elegido, ya que el control patriarcal de los partidos no se vio alterado. La esencia de este sistema continúa hasta hoy, sin modificaciones fundamentales.
Las cuotas, una conquista
En todos los procesos electorales que van hasta la década de los 80, la presencia de las mujeres en cargos electivos, específicamente dentro del Congreso, fue casi simbólico. Ni qué decir del Ejecutivo, donde todos los cargos importantes estaban en manos masculinas. Fue el voto preferencial, ideado para reducir el poder de las dirigencias partidarias, y que hoy vemos como los debilitó, el que abrió una brecha por la cual las mujeres y muchos hombres pudieron escoger representaciones femeninas, produciéndose saltos de las candidatas desde los últimos puestos de las listas hacia adelante, logrando salir elegidas.
A este elemento se añadió a fines de la década de los 90 la llamada Ley de Cuotas, inicialmente de 25% (1997) y luego de 30% (2002). Reclamada por las organizaciones de mujeres, permitió establecer un reparto proporcional entre los dos sexos en las listas parlamentarias, regionales y municipales.
Estas fueron conquistas que llevaron a que tengamos hoy una participación femenina de 22% en el Congreso. Pero también demostraron que sin vigilancia y presión se puede fácilmente desvirtuar el sistema, como ocurrió en el 2006 y en el 2010, cuando no salió electa ninguna presidenta regional y en el 2014 solo una, expresándose así un retroceso también en ámbito regional. En lo que va del proceso de descentralización hemos pasado de tener 4 presidentas regionales (en Moquegua, Apurímac, Huánuco y Tumbes) a tener actualmente una sola gobernadora regional (Arequipa).
Trampas y trabas
En el Congreso se encarpetó una iniciativa para eliminar el voto preferencial. Y se archivaron los proyectos de ley de Alternancia y Paridad. Si se eliminase el voto preferencial, sin aprobar Alternancia y Paridad (50%-50%) se correrían riesgos en cuanto al derecho de ser elegida, porque serían partidos que mantienen criterios autoritarios y machistas los que determinarían el orden de ubicación de las candidatas y los candidatos.
Para las mujeres, ubicadas muchas veces hacia atrás de las listas, esto podría significar ninguna posibilidad de elección, ya que no han sido ubicadas principal ni mayoritariamente en el tercio superior, como lo muestran las cifras regresivas de los últimos resultados de las elecciones municipales y regionales del 2014.
No basta
Para conjurar este peligro y para mejorar el sistema existente, las mujeres venimos insistiendo desde hace un tiempo en el perfeccionamiento de la Ley de Cuotas a través de la Alternancia en las listas, es decir que hombres y mujeres sean colocados en orden sucesivo, sin menoscabar sus opciones de elección.
En verdad, hay que seguir defendiendo que haya más mujeres en los puestos de responsabilidad y de alto poder de decisión del país. Es sano, democrático y equitativo. Pero ninguna persona, hombre o mujer, está garantizado en el poder de antemano.
Ser mujer no es suficiente para garantizar la equidad de género. Tampoco el llevar candidatas en las planchas, ni siquiera como candidata presidencial, es garantía total de equidad. De qué sirve que una mujer sea la candidata a la presidencia, o vicepresidencias, si su grupo político no es coherente con esta opción otorgando un lugar importante a la defensa de los derechos de las mujeres en sus propuestas de gobierno y con la búsqueda del cambio. No basta con ser mujer, ni basta con poner mujeres en las planchas.
Fuente: La Mula
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