Hay muchas razones para que los ocupantes del área que invaden el Algarrobal El Moro (Chepén) cumplan con desalojarlo y atiendan la exhortación que en ese sentido ha efectuado el juez Segundo Salvador Bustamante Rojas.
La historia de las invasiones a lugares intangibles sigue pasándonos factura y ocasionando pérdidas que no queremos sufrir porque afectan nuestra historia patrimonial.
El área fue declarada Zona Reservada el 13 de enero de 1995, por Decreto Supremo N° 02-95-AG. Con una antigüedad de 100 años de edad promedio, la zona alberga centenarios árboles de algarrobos así como una considerable flora y fauna, además de restos arqueológicos que son objeto de investigación para recuperarlos.
En la parte baja de la cuenca del río Jequetepeque se ha hallado el centro ceremonial Moche más importante de distrito, lo que impulsa la investigación y conservación de los restos arqueológicos de las culturas Chimú y Moche.
Al igual que el bosque de Pómac en Lambayeque y El Cañoncillo, en la cercana localidad de Pacasmayo, los árboles de algarrobo que allí crecen son depredados por los posesionarios e invasores, que no reparan en los daños que infligen al delicado ecosistema de la zona.
Es tan frágil y vulnerable que puede romper con la cadena ecológica allí existente. Las aves que viven en los árboles se alimentan de los frutos y de los insectos que abundan en el área, los que a su vez sirven de alimento a los reptiles que corren riesgo de desaparecer.
Pero también hay razones legales de fuerza que deben ser contempladas por todos. Empezando por los representantes legales de los ocupantes, que no pueden prolongar esa situación de modo irracional.
En ellos está analizar de forma objetiva el mandato judicial y convencer a los posesionarios para que se retiren, tal vez de modo gradual y siempre pacífica la zona.
El problema es que el statu quo de los ocupantes es legitimado irregularmente por la tardanza en la ejecución de la sentencia de desalojo, que tiene nada menos que once años sin ponerse en marcha.
Es decir, desde que en el año 2005 se dictó el fallo para tal fin, se ha entrado a una situación de inercia que ha alentado falsas esperanzas a unos como cansancio, dejadez y desidia en otros. Es así que la parte demandante ha pasado de la actividad a la inexpresividad, y no exige que se desaloje a los ocupantes.
El Ministerio de Cultura, parte interesada en la demanda, tampoco da muestras de interesarse mucho por cambiar un estado de cosas que sigue prolongándose ante la inexpresividad y silencio de las autoridades. Deben estar esperando, tal vez, que el asunto pase a la agenda de las próximas autoridades de gobierno.
Tampoco se han constituido en parte la municipalidad provincial de Pacasmayo ni el Gobierno Regional de La Libertad, obviamente por razones políticas y electoreras. Así, pues, se requiere de un golpe de timón a cargo de las partes involucradas para no seguir prolongando esta lenta agonía, cuya principal víctima es un bosque que sigue siendo depredado.
Fuente: Diario La Industria
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