Informe de la Defensoría del Pueblo advierte serias deficiencias en centros de atención para niños. En el país funcionan 256.(Perú 21).- ¿Quién fiscaliza la labor que realizan los albergues en el país? En un informe elaborado el año pasado, la Defensoría del Pueblo detectó una serie de deficiencias en la administración y manejo de estos centros de atención para los más necesitados a nivel nacional.
Un ejemplo de ello ha sido la reciente clausura de la sede del Hogar de Cristo ubicada en el distrito del Rímac, donde al menos 90 ancianos se encontraban albergados.
En una sorpresiva visita a las instalaciones del centro de atención, la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, constató las condiciones inseguras, inadecuadas e insalubres para el cuidado de los adultos de la tercera edad y de algunos menores. Actualmente, el Ministerio de la Mujer evalúa retirarle la administración del albergue de San Miguel al suspendido sacerdote Martín Sánchez, de comprobarse las mismas irregularidades.
SIN CONTROL. Según la normatividad vigente, las entidades encargadas de la administración y gestión de estos centros son el Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar (Inabif), las sociedades de Beneficencia Pública y los gobiernos regionales.
A pesar de que funciona como ente rector, dicho ministerio aún no cuenta con un registro único de menores albergados a nivel nacional. Se sabe que en el país existen 256 centros de atención residencial registrados ante la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, habría una cantidad mayor de casas-hogar que cumplen esta función caritativa y que no cuentan con una reglamentación adecuada.
¿Y los niños? La función principal de estos hospicios es mejorar la calidad de vida de los menores que se encuentran en completo abandono. No obstante, debido a la ausencia de un ente fiscalizador, aquella tarea no se estaría cumpliendo a cabalidad.
En la inspección realizada por la Defensoría a 80 albergues estatales, se observó una serie de irregularidades. Entre ellas, la limitada orientación educativa y de reinserción familiar que tienen los albergues con los menores hospedados.
Precisamente, el problema es la escasez de profesionales especializados para trabajar con los niños en ese aspecto, según la adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la entidad, Mayda Ramos. “Deberían tener un equipo técnico conformado por psicólogos, asistentas sociales y maestros. Sin embargo, la mayoría no lo tiene”, remarcó.
Ramos señala que otro de los grandes errores en los que incurren estos locales es la no priorización del bienestar familiar del niño. “Los albergues deben ser la última instancia para los menores abandonados. Acá está faltando una labor del Estado para lograr reinsertarlos antes que internarlos”, sostuvo la funcionaria.
