Recuerda que el mal uso de recursos del Estado puede ser considerado peculado(El Comercio).- La Contraloría General de la República invocó a todos los funcionarios del Estado que serán candidatos en las elecciones municipales y regionales de octubre a no usar los bienes y recursos del Estado para fines de proselitismo, propaganda y publicidad.
La contraloría hizo tal invocación en el marco de la campaña Postula con la Tuya, dirigida principalmente a las autoridades con aspiraciones electorales.
El Manual de prohibiciones y sanciones al uso de bienes y recursos públicos para fines electorales precisa que no se deben utilizar locales de entidades públicas, colegios estatales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional con fines proselitistas.También establece que los funcionarios no deben difundir mensajes expresos o subliminales para promover candidaturas.
El órgano de control también recordó que el mal uso de los bienes y recursos del Estado en una campaña electoral puede constituir delito de peculado, malversación y cohecho impropio.
En cuanto a las sanciones, el Reglamento de Propaganda Electoral establece que van desde el retiro de la propaganda electoral, la amonestación pública hasta la suspensión del ejercicio de las funciones del funcionario público, sin perjuicio de otras sanciones penales y administrativas.
Del mismo modo, la contraloría recordó a los funcionarios públicos que participen en un proceso electoral, con renuncia o licencia sin goce de haber, que se encuentran prohibidos de usar los recursos y bienes de sus instituciones para proselitismo o mítines políticos.
ACUERDO CON EL JNE
Ayer, también, la contraloría y el Jurado Nacional de Elecciones formalizaron un acuerdo sobre fiscalización electoral y control preventivo del uso de los bienes y recursos públicos.
El acuerdo lo suscribieron el presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, y el contralor general, Fuad Khoury Zarzar, en un acto que se desarrolló en la sede institucional del organismo electoral.Una de las líneas de acción de esta alianza estratégica se refiere a la difusión masiva de la normativa sobre uso de bienes y recursos públicos. Ambas instituciones coordinarán los mecanismos de fiscalización y control de denuncias.
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