Licencia social podría detener minería

Gobierno asegura que la actividad no puede afectar a población. Hay 60 conflictos sociales e inversiones por US$9 mil millones detenidas.

(Perú 21).- Primera alerta. El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, dejó en claro ayer que las concesiones mineras se desarrollarán únicamente con la aceptación (licencia) social de la población aledaña a un proyecto.
“Los yacimientos no se pueden desarrollar sin licencia social o en contra de la voluntad de la población. Se requiere tener la aceptación para ejecutar un proyecto minero”, comentó. Herrera recordó el caso del proyecto Santa Ana –de la canadiense Bear Creek– en Puno, así como Tía María –de Southern– en Arequipa.
Consultado sobre si esta decisión paralizará las concesiones mineras, el funcionario comentó que la actividad siempre se puede llevar adelante, pero que se debe evitar conflictos sociales que la detengan.
En el país existen 60 conflictos sociales por resolver vinculados a minería, y las inversiones pendientes en el sector suman US$9 mil millones en los siguientes cinco años.

IMPUESTO EN DEBATE. De otro lado, el ministro de Energía y Minas aclaró que aún no se define el esquema de impuestos para el sector minero, es decir, si se gravarán las sobreganancias de las empresas o si se aplicará bajo la figura de contribución.
“No quiero adelantar detalles. El tema se definirá en un plazo razonable, para lo que se creará una comisión técnica”, dijo. La decisión, acotó, involucra al Ministerio de Economía y a los propios empresarios.
Al respecto, el ministro de este portafolio, Luis Miguel Castilla, señaló que se trabajará a nivel técnico para determinar el tributo que se aplicará al sector. El funcionario explicó que, antes de definir las características de la nueva medida, se deberá identificar cuál es el nivel de carga impositiva actual de las empresas mineras.
RETOMAN NEGOCIACIÓN. Finalmente, Herrera confirmó que en los próximos días se reunirá con el consorcio que opera el Proyecto Camisea para definir las reservas de gas natural del Lote 88, que se destinarán, prioritariamente, al abastecimiento del mercado interno.
La semana pasada, el presidente Ollanta Humala Tasso adelantó que iba a iniciar una reunión “amigable” con el consorcio para definir el futuro del gas proveniente de los campos gasíferos y, sobre todo, reorientarlo para el consumo local.
Herrera puntualizó que la negociación se extenderá a la distribuidora Cálidda para establecer los mecanismos y ampliar la cobertura a 400 mil conexiones en Lima.

Población debe ser consultada sobre el uso de zona de conservación de lagunas en Santiago de Chuco

La Libertad (Chami Radio).- La ordenanza que dictaminó la comuna de Santiago de Chuco protegiendo un área de 84 hectáreas de terrenos que abarcan las lagunas, El Toro, Los Ángeles y Lagunas Verdes de Quiruvilca obligaría a que se consulte a la población de estas zonas ante la posibilidad de cualquier uso, especialmente minero.
Así lo dejó entender el alcalde de Quiruvilca, Walter Díaz Ramos, que precisó que esta ordenanza si bien dispone que toda empresa o persona que pretenda realizar algún tipo de actividad en la zona deberá pedir autorización al municipio provincial, esto implica que éste a su vez consulte a la población.
Cabe recordar que ésta ordenanza fue aprobada los últimos días del mes de junio del 2011, y corresponde a un acuerdo adoptado con la población de la zona los primeros meses del año al conocer la ampliación de proyecto Lagunas Norte de la empresa minera Barrick.

Sunarp realizó con éxito Registrón en Virú

Se atendieron alrededor de mil consultas especializadas

Virú, La Libertad.- Masiva concurrencia. Como parte de las actividades para difundir la cultura registral entre la población liberteña, la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo realizó con éxito un Registrón Informativo en la Plaza de Armas de Virú.
“El objetivo de esta campaña es acercarnos más al usuario y brindarle la información necesaria para inscribir sus bienes –sean estos inmuebles, poderes, empresas o vehículos- en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) de manera oportuna, obteniendo así la seguridad jurídica que certifica su derecho de propiedad”, informó el jefe zonal de Sunarp, Julio César Morán Otiniano.
CAMPAÑA. Durante la actividad, el personal registral atendió aproximadamente a mil usuarios, quienes en su mayoría requerían orientación acerca de los trámites que se deben seguir para la compra y venta de bienes inmuebles.
“Nos hemos enfocado en realizar una tarea educativa, pero también se ha reforzado la presencia de la oficina receptora de Virú, a donde los pobladores pueden acercarse para recibir orientación en temas registrales, así como realizar búsquedas y obtener las copias literales y simples de sus derechos inscritos”, precisó el funcionario.

El Registrón Informativo de Virú es la primera actividad de alcance masivo que la oficina de Sunarp-Trujillo desarrolla en la región durante este año. En los próximos meses, esta se replicará en localidades como Chepén, Pacasmayo y Huamachuco, entre otras.

Entregan lotes petroleros sin consultar a los nativos

Mala práctica. IDL y Aidesep dicen que solo habrían realizado talleres informativos. Licitación de lotes petroleros de Perupetro podría suspenderse con una acción de amparo. Perupetro ya ofrece los 11 lotes petroleros sin concurso

(La República).- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro podrían acabar con serios problemas si se comprueba que no consultaron la opinión de las comunidades indígenas antes de licitar los 14 lotes petroleros entregados la semana pasada.
Incluso se podría suspender, a través de una acción de amparo, dichas entregas, afirmó el abogado encargado de los pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz.
Según la información de la que dispone IDL, lo único que habría hecho Perupetro son talleres informativos, que no recogen la opinión y conformidad de los pueblos indígenas sobre las actividades que se realizarán en sus territorios, como sí sucede en una consulta previa.

Solicitan informe
Por ello, IDL y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) solicitaron al MEM un informe en el que se demuestre que sí se cumplió con la consulta previa antes de que se concrete la adjudicación de los lotes a favor de las empresas Ecopetrol y Repsol -YPF.

“Es costumbre del Ministerio de Energía y Minas hacer talleres informativos, pero eso no exonera al gobierno de realizar la consulta a los pobladores indígenas. Se toman decisiones por encima de la opinión de la gente, y eso tiene consecuencias como lo ocurrido en Majes-Siguas o Bagua”, lamentó el abogado del IDL.
Al respecto, la consultora de pueblos indígenas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Pilar Camero, recalcó que eludir la consulta de los pueblos indígenas solo resta legitimidad social a las inversiones.
“Se necesita un proceso de legitimidad social garantizando los derechos originarios de los pueblos indígenas. Cualquiera va a querer invertir si se dan todas las condiciones sociales, pero esto se logra aumentando la gobernabilidad con la población”, anotó.

Deben consultar a pueblos nativos
“La realización de talleres informativos no exonera al Estado de su obligación de realizar la consulta previa, tal como lo ha señalado el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nº 00022-2009-PI/TC)”, señala un comunicado de IDL.
En la actualidad la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas se encuentra retenida en el Congreso de la República, tras la observación que hizo de esta el Poder Ejecutivo.

Sepa dónde votar y si es miembro de mesa con un mensaje de texto

La ONPE habilitó el servicio gratuito de consultas, vía teléfonos móviles. Conozca los pasos AQUÍ.

(RPP).- A la vanguardia con la tecnología, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el servicio gratuito de consultas, vía teléfonos móviles, para que los ciudadanos conozcan su local de votación y consulten si son miembros de mesa.
Para obtener dicha información basta con enviar un mensaje de texto desde su teléfono celular y el ciudadano podrá saber si es miembro de mesa para las Elecciones Regionales, Municipales y Referéndum para la aprobación o desaprobación del "Proyecto de Ley Devolución de dinero del FONAVI a los Trabajadores que contribuyeron al mismo", así como su local de votación.
Para realizar la consulta se debe ingresar la palabra "ONPE" y enviarla al número 4554. El sistema –a través de otro mensaje de texto- le pedirá su número de DNI. Tras enviar el número de su Documento Nacional de Identidad, recibirá la información. El servicio es gratuito.
La ONPE recuerda también que si tiene alguna consulta sobre los procesos electorales de este domingo 3 de octubre, puede llamar sin costo alguno al FONO ONPE 0800-20-100. Esta central telefónica funcionará hasta una semana después de los comicios del domingo, en horario de oficina.

La atención es de lunes a domingo durante las 24 horas del día, de manera ininterrumpida. Las llamadas pueden efectuarse sin ningún inconveniente desde un teléfono fijo o desde un teléfono público a nivel nacional.

Falta interlocutor y recursos para impulsar desarrollo de pueblos indígenas

Lima (CNR) -- A más de un año de los hechos ocurridos en Bagua (Amazonas), es notoria la ausencia de un interlocutor válido entre el gobierno y las comunidades indígenas, opinó Marina Irigoyen, coordinadora nacional del programa CARE.
A través de CNR, recordó que el grupo de trabajo multisectorial -implementado por el Ejecutivo tras el "Baguazo"- sólo tuvo vigencia hasta enero pasado. Entre sus frutos, se cuentan los varios informes sobre los enfrentamientos en Curva del Diablo, así como los procesos que condujeron a la recientemente aprobada Ley de Consulta Previa y a la pendiente Ley Forestal.
Irigoyen detalló que, una vez concluida la labor de este denominado "grupo nacional de coordinación con los pueblos amazónicos", correspondía tomar la posta al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
Sin embargo, señaló que dicha entidad carece de reconocimiento de parte de los pueblos, y tampoco cuenta con los recursos necesarios. "Nos falta un interlocutor y los recursos dedicados específicamente para el desarrollo de los pueblos", recalcó.

En ese sentido, opinó que restan varios temas pendientes post Bagua. "La voluntad política debe expresarse desde la reorganización del INDEPA y, además, brindarle los recursos al nuevo organismo para que pueda acompañar los procesos (...) un soporte económico y el reconocimiento político".
De otro lado, lamentó que el crimen perpetrado por el ciudadano holandés Joran van der Sloot haya acaparado la atención de los medios el último fin de semana, en desmedro de las actividades conmemorativas por el primer año del "Baguazo".
"Eso nos hace recordar lo frágil que es la memoria del peruano, que a pesar de la importancia que tuvo Bagua, no se le dio la atención debida", puntualizó.

Urge acción sistemática para implementar Ley de Consulta

Lima (CNR) -- La Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios requiere de una acción sistemática de las distintas entidades del Estado para implementarse con éxito, aseveró Alicia Abanto, jefa del Área de Comunidades Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
A través de CNR, Abanto resaltó que, en virtud a la norma aprobada recientemente por el Congreso de la República, ya no se confundirá más este derecho de las comunidades con otros mecanismos.
En ese sentido, refirió que el último miércoles recibieron la visita de los representantes de las comunidades achuar del Pastaza, donde el 6 de junio se desarrollará una autoconsulta sobre las presencia de empresas petroleras.
Al respecto, la representante de la Defensoría precisó que la consulta es una "acción del Estado cuando tiene que tomar una decisión y los consultados son los pueblos indígenas (...) siempre debe ser entendida como un proceso de diálogo entre los representantes de ambas partes".
Por ello, detalló que la autoconsulta en cuestión está enmarcada en la aplicación de otros derechos, como los de reunión y participación.

Sin embargo, Abanto reconoció el derecho de las poblaciones indígenas a organizarse en el marco de su propia autonomía interna "y en todo caso la Defensoría del Pueblo estará coordinando con ellos".
Finalmente, la funcionaria resaltó que, adicionalmente, queda pendiente el debate de una serie de aspectos relevantes para los pueblos originarios, como la educación intercultural bilingüe.

Desmienten versión de premier sobre fracaso de visita a La Convención

Lima, (CNR) -- El congresista Oswaldo Luizar desmintió la versión dada por el premier Javier Velásquez Quesquén respecto al fracaso de la mesa de diálogo que debía entablar en la víspera con los dirigentes de la provincia de La Convención (Cusco).
A través de CNR, Luizar Obregón confirmó que el jefe del gabinete hizo esperar por más de cinco horas a los líderes de base, quienes lo aguardaban para tratar su pedido para paralizar el proyecto del segundo ducto de la empresa Transportadora del Gas del Perú (TGP).
El parlamentario de Bloque Popular confirmó que los dirigentes convencianos coordinaron con dos secretarias de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un receso entre las 13:00 y 15:00 horas para almorzar.
Como se recuerda, Velásquez Quesquén arribó a la zona a las 14:15 horas acompañado por los ministros del Ambiente, y de Energía y Minas, Antonio Brack y Pedro Sánchez, respectivamente. Tras ofrecer una corta rueda de prensa, donde se declaró "ofendido" por la ausencia de los líderes locales, se retiró abordo del helicóptero que lo trajo.
Luizar subrayó que, junto a la prensa local y a los legisladores María Sumire y Luis Wilson, le pidieron al jefe del gabinete que aguardara 15 minutos más para reunirse con los representantes de la provincia cusqueña; empero, el premier no hizo caso y se fue de manera apresurada.

"Fue una posición absurda del premier (...) los intereses del país están por encima de los horarios (...) hubo vocación de diálogo de parte de los dirigentes de La Convención, pero no del Ejecutivo", remarcó el parlamentario.
De igual manera, cuestionó que las funcionarias de la PCM trataron de justificar la demora de la comisión de alto nivel, alegando que el vuelo entre Cusco y Quillabamba se retrasó por el mal clima.
Luízar aseveró que tales versiones resultan "una burla" puesto que las condiciones climáticas en esta época del año son favorables; incluso, hubieron varios vuelos comerciales en la Ciudad Imperial.
En ese contexto, hizo votos porque el premier acceda a dialogar con la población, puesto que en declaraciones a una emisora nacional aseveró que el motivo de su frustrada visita era sólo para informar sobre el proyecto gasífero.
Finalmente, advirtió que este tema puede dar pie a nuevas protestas, puesto que ayer, los mismos dirigentes se reunieron de emergencia y estudian la posibilidad de convocar una paralización macrorregional para junio.
Como se recuerda, los pobladores de La Convención exigen que la compañía TGP cambie el patrón del tendido de su gasoducto, el cual atravesaría el Santuario del Megantoni, zona declarada intangible; además de reclamar que el gobierno garantice el uso del gas de Camisea para abastecer la demanda local.

Comunidades nativas saludan aprobación de dictamen de Consulta Previa

Lima (CNR) -- Tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Constitución de la Ley de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), diversos representantes de las comunidades nativas y del Legislativo se mostraron satisfechos con la decisión del Parlamento.
El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Saúl Puertas, dijo este es un avance para reconstituir la confianza y la reconciliación entre el Estado y los pueblos indígenas. “Queremos agradecer al Estado y a la voluntad del congreso y agradecer al partido nacionalista que siempre ha apoyado la lucha de los pueblos”.
En tal sentido, señaló que a pocos días de que se cumpla un año de los violentos hechos ocurridos en Bagua (Amazonas), se ha logrado un paso importante. “Pedimos al Ejecutivo que no observe esta ley que ha demostrado voluntad de llegar mas cerca de los pueblos”.
Por su parte, la vocera de la bancada nacionalista, Marisol Espinoza, indicó que para las organizaciones de las comunidades nativas, este hecho marca un hito histórico pues es un tema de respeto a los derechos fundamentales de las comunidades nativas.

“Felicitamos a los que han apoyado la iniciativa. Es una lástima que hayamos tenido que esperar que se derrame sangre inocente de peruanos para que la ley de la consulta sea una realidad”, sostuvo.
Así mismo, el presidente de la Comisión de Constitución, Edgar Reymundo, aseguró que después de haberse realizado un trabajo en conjunto en la Mesa Nº 3, y de haber recibido un trabajo de su grupo de trabajo y de la Comisión de Pueblos Indígenas, se ha hecho realidad la Ley de la Consulta Previa.
“Hemos logrado a través del diálogo y del debate al interior del Pleno dos aspectos fundamentales, incorporar que no solo se llegue a un acuerdo, sino también al consentimiento. El objetivo de estas consultas previas es que las partes interlocutorias lleguen al consentimiento”, precisó.
Finalmente, el vocero de la bancada aprista, José Vargas, sostuvo que la Cédula Parlamentaria oficialista respalda el proyecto y que prueba de ello es que votaron a su favor.
No obstante, aclaró que el proyecto no ha establecido el derecho a veto y mencionó que el artículo 15 de la norma dice que si no hay acuerdo, corresponderá al Estado tomar la decisión.

Defensoría: Ley de consulta previa es paso importante para reconocer derechos de indígenas

Saluda aprobación de esa norma en el pleno del Congreso

Lima (ANDINA). La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dijo hoy que la aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, es un paso “trascendental” para el reconocimiento de derechos de ese sector de la población y para institucionalizar el diálogo entre ellos y el Estado.
“Es una norma que constituye un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y para institucionalizar el diálogo intercultural entre éstos y las autoridades del Estado”, subrayó al saludar la aprobación de esa norma en el pleno del Congreso..
La Defensoría del Pueblo, presentó al Congreso de la República, el 6 de julio del 2009, un proyecto de Ley sobre la materia, y la norma aprobada hoy en el Parlamento recoge de “manera sustantiva” las propuestas alcanzadas en la referida fecha, señala la institución.
Asimismo, la Defensoría señala que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y los Pueblos Indígenas, a través de las organizaciones representativas de estos últimos.

La norma aprobada hoy en el Parlamento, indica que la consulta se debe realizar previamente a la adopción de medidas administrativas o legislativas, así como proyectos y planes de desarrollo que puedan afectar a los pueblos indígenas, tal como los señala el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, el adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría, Iván Lanegra, señaló que esta consulta tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento sobre las medidas propuestas por el Estado.
“Los acuerdos logrados mediante la consulta serán obligatorios para las partes”, subrayó Lanegra.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado expresa su reconocimiento a las personas e instituciones que han contribuido “a atender esta legítima demanda de los pueblos indígenas del Perú”.
También renueva su llamado a continuar desplegando los esfuerzos orientados a construir un Estado más inclusivo, justo y libre de toda discriminación.

Autoridades moqueguanas esperan reprogramación de reunión sobre Paltiture

Lima (CNR) -- Las autoridades moqueguanas confían en que el Ejecutivo reprogramará la reunión originalmente pactada para el miércoles último, donde debían abordar la problemática generada por el proyecto de represa Paltiture.
A través de CNR, el alcalde provincial de Sánchez Cerro, Mauricio Nina, lamentó que la ausencia del presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, haya frustrado la cita con el ministro de Agricultura, Adolfo De Córdova.
“El ministro dijo que no se iba a llevar a cabo ningún tipo de acuerdo si no estaban presentes las tres partes (Arequipa, Moquegua y el gobierno), y que definitivamente se iba a respetar la posición de los afectados, en este caso las comunidades”, informó.
El burgomaestre mencionó que se espera iniciar de una vez el diálogo sobre este proyecto, ya que su construcción ha generado "expectativa positiva y negativa" entre la población.

Nina Juárez advirtió que de no darse la reunión la semana entrante, los dirigentes de la sociedad civil de Moquegua iniciarían acciones “porque se estaría jugando con un departamento. Las autoridades tienen que actuar de manera seria y responsable”, puntualizó.
Recordemos que la construcción de la represa fue uno de los puntos acordados en la reunión sostenida entre los dirigentes de la provincia de Islay (Arequipa) y la comisión de alto nivel, luego de seis días de paro en contra del proyecto minero Tía María.
Al respecto, el congresista Washington Zeballos sostiene que la mejor salida hubiera sido impulsar la construcción de la presa Huayrondo, de mayor capacidad y de la cual ya el Gobierno Regional de Arequipa ha elaborados los estudios correspondientes.
Agregó que, a diferencia de Paltiture, esta presa se ubicaría en la parte baja de la cuenca del Tambo, sería de uso exclusivo de dicho valle y, más aún, no afectaría a más de 140 familias del distrito de Tolapalca, en Moquegua.

Acuerdos sobre Tía María no dejaron satisfechos a pobladores

Lima, (CNR) -- Los acuerdos asumidos ayer entre la comisión del Ejecutivo con los dirigentes de Islay no dejaron satisfechos a la totalidad de pobladores de la provincia arequipeña, admitió Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa Ambiental del distrito de Cocrachacra.
A través de CNR, Gutiérrez destacó que, en todo caso, se ha buscado la paz y tranquilidad de los más de 15 mil pobladores que se movilizaron en los últimos seis días, en demanda de la cancelación del proyecto minero Tía María que pretende ejecutar la minera Southern Perú.
En la víspera, y luego de más de seis horas de debate, el premier Javier Velásquez Quesquén y los dirigentes arequipeños la suspensión por 90 días de todas las actividades de la minera.
El segundo acuerdo fue que la ansiada represa de Partiture -que garantizará el recurso hídrico para la zona- será construida como una obra pública, con dinero del Estado (a través del Ministerio de Agricultura) y del Gobierno Regional de Arequipa.
El tercer punto es la instalación de una comisión técnica de alto nivel que la integrarán los representantes de la sociedad civil de Cocachacra junto con representantes de la SPCC y el ministro del Ambiente, Antonio Brack.

Adicionalmente, Gutiérrez señaló que corresponde al gobierno regional declarar la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas en el valle del Tambo, de modo que -ante cualquier futuro proyecto- sólo puedan utilizarse las aguas del mar para la minería.
Por último, el dirigente destacó la buena voluntad asumida por la población que, más allá del bloqueo de la Panamericana Sur, tuvo gestos como compartir sus ollas comunes con los viajeros varados y los propios policías.

Merino: Grupos ideologizados desinforman a población en temas mineros

Lima (ANDINA)- La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, denunció hoy la existencia de grupos ideologizados que aprovechan los conflictos entre empresas mineras y comunidades para desinformar y generar acciones de protesta.
Según explicó, tales grupos utilizan “la asimetría” de las empresas mineras que tienen carácter multinacional y poseen profesionales de alta capacitación, con aquellas comunidades campesinas que viven de la agricultura y que muchas veces se encuentran postergadas por el Estado.
“Esta asimetría es aprovechada por grupos ideologizados, por personas que tienen una posición antiminera, y en ese espacio van aprovechando para desinformar a las personas”, argumentó al analizar el caso de Islay, donde rechazan el proyecto Tía María.
Sin embargo, afirmó que en el Perú hay muchas inversiones extractivas que se desarrollan en perfecta armonía con sus comunidades, y como prueba de ello, mencionó que el Perú crece económicamente a nivel de PBI y en la recaudación de impuestos.
Destacó, en ese sentido, la responsabilidad de las compañías extractivas que llevan a cabo sus actividades sin perjudicar el ambiente y el entorno natural de las comunidades, cuyos habitantes temen la contaminación de sus tierras y fuentes de agua.

“Yo más bien diría que la violencia es la excepción. Lo que sí está claro es que hay un largo camino que recorrer: las empresas deben comunicar mejor, el Estado debe capacitar mejor a sus funcionarios, y el Poder Ejecutivo que debe continuar sectorizando los conflictos y aumentando el número de las mesas de diálogo”, recomendó.
Merino resaltó que en el caso de Islay, donde los manifestantes bloquearon por varios días la carretera Panamericana Sur, el propio presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, viaje hasta la zona para escuchar las demandas de la población.
Sostuvo que ella viajó hasta la Región Arequipa, donde pudo recoger los pedidos de alcaldes locales y los dirigentes comunales, para luego presentar esa información al jefe del gabinete ministerial.
“El diálogo será el camino de la ley por el cual debe discurrir este proceso, mas no la violencia que es el bloqueo de carreteras, que origina que mucha gente inocente esté por días sin alimento, con peligro hasta de su vida y de su salud, y tampoco una intervención policial que pueda originar daños irremediables en la población”, dijo.
Como una forma de mejorar los niveles de información y evitar conflictos, propuso que los estudios de impacto ambiental sean elaborados por el Ministerio del Ambiente porque se trata de la entidad directamente relacionada con el tema.
La titular de la Defensoría consideró que la población tiene una percepción negativa de ese proceso, porque actualmente el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar tales estudios.
Por esta situación, indicó en CPN Radio que la ciudadanía percibe al Ministerio de Energía como “juez y parte” porque, por un lado, promueve la inversión entres las mineras, y por otro lado, es quien juzga si el proyecto contamina o no.
“Allí hay un tema de credibilidad que debe restablecerse entre el Estado y la ciudadanía, para evitar que los temores y dudas de la contaminación, generen la violencia a la que hemos llegado en varios casos por este tipo de conflictos”, acotó.

Velásquez confirma viaje con tres ministros a Islay

Lima, (CNR) -- El premier Javier Velásquez Quesquén, confirmó que en las próximas horas viajará al distrito de Cocrachacra, en Islay (Arequipa), donde hasta ayer se acataba un paro contra el proyecto minero Tía María.
El jefe del gabinete adelantó que viajará acompañado de los ministros del Ambiente, Antonio Brack; de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y de Agricultura, Adolfo De Córdova.
Aclaró que como presidente del Consejo de Ministros acudirá a esta reunión a defender los intereses del Estado y no de una empresa, y recalcó que irá a escuchar razones técnicas y no ideológicas, respecto a la oposición al establecimiento del proyecto minero pretende desarrollar la minera Southern Perú.
“No voy a imponer ninguna posición, pero tampoco quiero que se me imponga nada. No se trata de imposiciones sino de ir a escuchar al pueblo, de escuchar razones, no de palabras, sino técnicamente”, enfatizó.
El jefe del gabinete sostuvo que se harán “las correcciones” del caso, si se demuestra de manera técnica la falta de sustento de alguna decisión del gobierno en este caso.

Precisó que no existe una agenda “predeterminada”; la misma, agregó, se construirá sobre la marcha con el ánimo “de entender que vivimos en un sistema democrático y es posible ponernos de acuerdo”, dijo.
Además, detalló que el proceso de diálogo se hará sin plazos establecidos, de acuerdo a lo conversado con el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén.
Así mismo, Velásquez Quesquén opinó que hubo una falla corporativa de parte de Southern Perú, al no hacer los esfuerzos de sensibilización con la población de explicar a las comunidades los beneficios que traerá el proyecto minero Tía María.
El titular de la PCM reiteró que dicho proyecto no afecta la agricultura porque no utiliza agua del subsuelo, sino parte de la que esta estará almacenada en una represa que se construirá a las alturas. Empero, dijo, tampoco existe el ánimo de hacerlo si o si, ya que el objetivo es ejecutarlo cumpliendo los estándares establecidos por ley.

Postergan la construcción de Inambari

La empresa Egasur no solicitará al Gobierno la concesión definitiva en junio, como lo anunciaron inicialmente.
Obra no se realizará hasta que pobladores no la aprueben. (Difusión)

(Perú 21) El consorcio de capitales brasileños Egasur informó ayer que ha decidido postergar la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, al no haber logrado la “licencia social’ que requería para iniciar las obras en todos los departamentos que forman la zona de influencia del proyecto: Madre de Dios, Cusco y Puno.
El anuncio lo hizo Evandro Miguel, presidente del proyecto, quien argumentó que “la realidad social y económica en el sur andino-amazónico del país obliga a adaptar la obra al ritmo de los procesos sociales y locales”.De acuerdo con la propia Egasur, en el eje integrado por los centros poblados de Cusco y de Madre de Dios ya han logrado un diálogo fluido con la población. Incluso, en Cusco se ha formado una comisión de alto nivel –integrada por el presidente regional, algunos alcaldes y líderes locales– que supervisa las negociaciones con las comunidades.

MÁS TIEMPO PARA NEGOCIAR. “Los problemas están en Puno y en Puerto Maldonado, donde el acercamiento ha resultado más difícil”, admitió Miguel. Por ello, agregó, solicitarán al Gobierno la ampliación de la concesión temporal, que tienen para hacer estudios en la zona, por un año más. El pedido formal lo concretarán ante el Ministerio de Energía y Minas en dos semanas.
Su licencia actual, otorgada por dos años, vence el 23 de junio próximo. Egasur –integrado por Electrobas, Furnas y OAS– había programado, inicialmente, entregar para esa fecha el estudio de factibilidad y, meses después, el de impacto ambiental. En diciembre planeaba empezar las obras, según lo manifestó en febrero el gerente general de Furnas, Valfredo Ribeiro.
Sin embargo, la negativa de la población, sobre todo de Puno, los ha llevado a evaluar el proyecto y avanzar más lento hasta ganar el consentimiento de la población.
Tomando datos del censo del INEI de 2007, estimaron que serían 3,261 personas las afectadas directamente con la inundación prevista para la construcción de la central, pero este número podría duplicarse si se tiene en cuenta que, con el auge de la minería informal y el narcotráfico, la migración hacia dicha zona ha aumentado.
SE EVALUARÁ. El viceministro de Energía, Daniel Cámac, dijo a Perú.21 que analizará los argumentos de la empresa. Agregó que la postergación “no es una sorpresa”, y descartó que el retraso en las obras vaya a afectar, en un futuro, el convenio de cooperación energética que negocian Perú y Brasil.

Denuncia sobre vulneración de consulta previa fue bien recibida por CIDH-OEA

Lima, (CNR) -- Una de las cuatro denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos peruanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA abordó el tema de la consulta previa por parte del Estado, específicamente, la situación del pueblo asháninka.
Así lo informó Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), quien a su regreso de Washington (EEUU), sostuvo que en la audiencia se buscó evidenciar que el pueblo asháninka viene sufriendo violaciones a sus derechos territoriales y de consulta.
Coronado indicó que en la audiencia se presentó el caso emblemático de lo que será la central hidroeléctrica de Paquizapango, a edificarse en la cuenca del río Ene, en la selva central.
"Lo preocupante es que esta concesión, como muchas de las que se otorgan en el país, no son consultadas. Queríamos mostrar evidencias de que hay vulneración de derechos de consulta y territoriales, y que esta concesión va a afectar a diez pueblos asháninkas y crear conflictos sociales”, dijo.

El abogado señaló que éste es uno de los conflictos sociales activos, según la Defensoría del Pueblo, y que el Estado peruano no pudo responder correctamente a la denuncia presentada ante la CIDH-OEA.
Agregó que el Estado peruano emplea mecanismos de participación, que son diferentes a los mecanismos de consulta, que son los que debería cumplir por estar suscrito a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. “Mientras que la consulta es el diálogo previo a la toma de una decisión, la participación se debe realizar durante todas las etapas del proceso”, explicó.
Coronado aseguró que, a estas alturas, el Estado no debería estar preguntándose si debe hacer la consulta porque eso ya se estableció. “La discusión debe ser de cómo debe ser esta consulta porque aún se confunde con participación”, remarcó.
Manifestó este que caso ha sido bien recibido por parte de los comisionados, por tratarse de un tema que se repite mucho en la región. “Lo que sigue es que la comisión crea un informe de todas las audiencias. Hemos alcanzado ya un informe a la comisión y ahora podemos entregar uno adicional para ampliar todo lo tratado en la audiencia”, finalizó.

Vacío legal impide aplicación de consulta previa a comunidades

Lima, (CNR) -- La existencia de un vació en la legislación vigente impide que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sea implementado para que las comunidades puedan ejercer su derecho a la consulta previa.
Así lo sostuvo Ada Chuecas, directora del Centro Peruano de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) quien a través de CNR destacó el carácter "reiterativo" del último informe de la OIT, donde se invoca nuevamente al Estado a reconocer y aplicar el convenio para que las comunidades puedan decidir sobre el control de sus propias instituciones y formas de vida.
De igual manera, Chuecas señaló que la OIT también ha hecho énfasis en su recomendación para que el Estado suspenda las exploraciones y concesiones hasta que no se debe las condiciones para la implementación del Convenio, que el Estado peruano firmó en 1992.
En ese sentido, la titular del CAAAP consideró que, a la fecha, nunca ha habido un proceso "previo, libre, informado y de buena fe" de consulta a las comunidades, según los estándares estipulados por el acuerdo.
"Eso difiera de los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias (...) el Estado debe establecer una clara legislación y tomar en cuenta porque el convenio 169 es un deber aplicarlo", manifestó.
Agregó que esta consulta es un derecho colectivo que corresponde a pueblos indígenas y, al haber sido ratificado por el Estado peruano, posee un carácter vinculante. "La consulta es un proceso de negociación donde se llega a acuerdos. Lo que pasa es que en Perú no ha habido un proceso de consulta tal cual está establecido", subrayó.

Finalmente, Chuecas respaldó el pedido de la OIT para que se establezca una investigación imparcial sobre los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo (Amazonas) donde murieron una treintena de personas, entre nativos y policías.
Así mismo, recomendó seguir adelante con el proceso de diálogo entre el gobierno y las comunidades de la selva. "Se requiere el seguimiento a los acuerdos de las mesas. Aún se espera el informe en minoría. Esperemos que sirva para reflexionar y concretar el proceso de reconciliación que necesita el país", puntualizó.

OIT solicita suspender actividades mineras mientras no se reglamente derecho a consulta

(Enlace Nacional) La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo solicitó al Perú que suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos nativos, hasta que asegure la aplicación del derecho a la consulta fijado en el Convenio 169 que el Estado peruano firmó en 1992; sin embargo, según el secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, el Estado peruano no ha tomado en cuenta esta suspensión y hace caso omiso del convenio con dicha institución.

“Cuando uno firma un convenio se obliga, se compromete. Y hay un convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y evidentemente el Perú tiene allí una obligación que saldar. Por lo demás para qué el estado peruano acepta formulaciones de mecanismos como la comisión de expertos en aplicación de convenios si es que no les va a hacer caso a las decisiones emanadas por estos expertos”.
Gamarra señaló también que en vez de tener efectos positivos en el avance de los casos, como el de la minera Río Blanco, estamos teniendo un conjunto de afectaciones a los derechos básicos de las personas y las comunidades. El hecho es que el gobierno muestra poca voluntad para cumplir sus acuerdos. “En el buen orden de las cosas el estado peruano debería sentirse atado o ligado como realmente lo está a cumplir con la decisión de expertos en aplicación de los convenios de la OIT. En términos prácticos los estados, no sólo el estado peruano consideran que determinadas decisiones como la de este comité de expertos, no necesariamente lo obligan”, dijo Gamarra.
El Estado peruano está obligado a hacer las consultas comunales antes de iniciar procesos de exploración y explotación de recursos minerales. Los proyectos de exploración y explotación que no cumplieron con la consulta a los pueblos afectados, como los de Río Blanco (antes Majaz) en Piura, Tía María en Arequipa, Afrodita en Amazonas, entre otros, deberán suspender sus actividades.